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Jorge López Landó

Una grabación de apenas unos segundos fue suficiente para provocar indignación en todo Chihuahua. En el video, tomado dentro de un vehículo en Ciudad Madera durante los primeros días de octubre, se ve a dos jóvenes riendo mientras obligan a una perrita a beber cerveza. Entre risas, una de ellas sostiene el hocico del animal y le vierte la bebida directamente en la boca. La otra graba la escena.

El material fue compartido en redes sociales con frases burlonas como “Si se les perdió un perro, no se preocupen, lo traigo en la peda”. En pocas horas, la publicación desató una ola de enojo y repudio. Los comentarios coincidían en una sola exigencia: castigo ejemplar.

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) confirmó que una de las jóvenes que aparece en el video era estudiante de su unidad en Ciudad Madera. A través de su Consejo de Calidad, la institución revisó los hechos y resolvió darla de baja definitiva.

En su comunicado, la universidad aclaró que la otra joven implicada no forma parte de su alumnado y que cualquier procedimiento en su contra corresponde a otras autoridades. Reiteró también su compromiso con la ética y el respeto a todas las formas de vida, subrayando que lo ocurrido “no representa a la UPNECH”.

El eco de la indignación

La expulsión no detuvo la discusión pública. Activistas y colectivos de protección animal denunciaron que el caso no podía cerrarse con una sanción académica. Exigieron que se presentaran denuncias formales por maltrato animal y que se garantizara atención médica para la mascota.

En redes sociales, cientos de usuarios replicaron el video y compartieron mensajes con las etiquetas #JusticiaParaLaPerrita y #UPNECHMadera. En las calles de Ciudad Madera, los vecinos reconocieron a las jóvenes y reclamaron que el caso se turnara a las autoridades competentes.

Días después, la joven expulsada intentó justificar sus actos. En publicaciones breves reconoció que “estuvo mal”, pero aseguró que la botella “tenía menos de la mitad” y que el animal “era suyo porque lo había rescatado”. Sin embargo, esas palabras no aplacaron la indignación; al contrario, reavivaron el debate sobre la falta de empatía y responsabilidad.

Poco después, las cuentas personales de ambas jóvenes fueron eliminadas o restringidas. Desde entonces, no se ha sabido más de ellas ni del estado del animal.

Hasta ahora, no existe confirmación de que alguna autoridad haya iniciado un proceso penal por maltrato. En Chihuahua, ese tipo de actos está tipificado como delito y puede implicar sanciones que van desde multas hasta cárcel.

Tampoco hay constancia pública de que la perrita haya sido localizada o recibiera atención veterinaria. Organizaciones locales han solicitado informes a las autoridades municipales y estatales, pero no se han emitido respuestas oficiales.

El caso trascendió los límites de Ciudad Madera y se convirtió en símbolo de una pregunta más profunda: ¿qué valores se están enseñando cuando quienes se preparan para educar se burlan del sufrimiento de un ser vivo?

El Congreso del Estado aprobó la Ley de Indulto del Estado de Chihuahua, que otorga a la gobernadora María Eugenia Campos Galván la facultad de conceder la libertad a personas privadas de la libertad en condiciones de vulnerabilidad.

La nueva legislación abre la puerta al perdón del Estado para madres que crían a sus hijos dentro de los penales, personas mayores de 70 años, enfermos terminales y sentenciados con padecimientos crónico-degenerativos o con deterioro físico que les impida cumplir su condena sin afectar su dignidad.

Solo podrán acceder al beneficio quienes sean delincuentes primarios, es decir, personas que no cuenten con antecedentes penales y que estén cumpliendo una sentencia irrevocable dictada por un juez.

Indulto con rostro humano

El beneficio también aplicará para quienes tengan hijos menores de 14 años o con alguna discapacidad que les impida valerse por sí mismos, siempre que la persona sentenciada sea su única cuidadora o cuando las niñas y niños vivan con ella dentro del centro penitenciario.

“La creación de una ley específica en materia de indulto permitirá instrumentar una política pública que favorezca la reinserción social efectiva, la protección de la dignidad humana y la cohesión familiar”, expresó la diputada Nadia Xóchitl Contreras Herrera, del PAN, integrante de la Comisión de Justicia.

La legisladora señaló que con la nueva norma se eliminan las restricciones excesivas que antes hacían prácticamente imposible el otorgamiento de un indulto, al prohibir su aplicación en amplios catálogos de delitos sin considerar circunstancias humanitarias.

“Esta ley representa un paso hacia la humanización de la justicia penal en Chihuahua”, concluyó.

El Congreso del Estado de Chihuahua lanzó un reclamo: “¡Paren la entrada de carne brasileña!”.

El exhorto, dirigido al Gobierno de México, busca poner freno a las importaciones de carne de res procesada que llega desde Sudamérica sin pagar aranceles ni cumplir con los filtros sanitarios que sí deben observar los productores locales.

El acuerdo, aprobado por mayoría, fue enviado al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el argumento de proteger una de las actividades más estratégicas para la economía y la seguridad alimentaria del país.

Durante la sesión, el diputado Luis Fernando Chacón Erives (PRI), integrante de la Comisión de Desarrollo Rural y Ganadería, recordó que la ganadería es una de las principales actividades productivas de Chihuahua, con más de 700 mil becerros exportados cada año.

Las exportaciones del estado representan cerca del 70 por ciento del total nacional.

Sin embargo, el cierre temporal de la frontera norte, a causa del gusano barrenador, ha golpeado con fuerza al sector.

A este golpe se suma ahora la “lluvia” de carne brasileña libre de aranceles y sin verificación sanitaria, que ha saturado el mercado nacional.

Dichas importaciones se amparan en el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic), firmado en 2023, que permite a las empresas participantes importar alimentos sin cumplir con los controles del Senasica y la Cofepris.

De acuerdo con cifras oficiales, durante el primer semestre de 2025 las importaciones de carne bovina desde Brasil aumentaron 187.8 por ciento, superando las 51 mil toneladas, con un valor de más de mil 200 millones de dólares.

No obstante, los precios al consumidor se incrementaron 17.7 por ciento anual, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

El Congreso del Estado advirtió que esta situación representa una competencia desleal para los productores nacionales, quienes sí cumplen con estrictos estándares de sanidad, calidad e impuestos, además de generar miles de empleos en el campo.

El mensaje final fue claro: mientras Brasil pone la carne, México está poniendo el asador… y los ganaderos locales el costo.

El secretario de Hacienda del Estado, José Granillo Vázquez, informó que los propietarios de vehículos que ya no circulan, están siniestrados o fueron vendidos sin cambio de propietario, pueden eliminar todos sus adeudos pagando únicamente 500 pesos, mediante el programa de “baja precautoria”.

El funcionario explicó que esta medida busca aliviar la carga fiscal de ciudadanos cuyos automóviles ya no están en uso, pero que continúan acumulando deudas en el padrón vehicular por derechos, multas y recargos.

“Si algún contribuyente tiene un vehículo que ya no circula, que está yonqueado, siniestrado o que ya no funciona, puede acercarse a la recaudación y pagar solo 500 pesos. Con eso eliminamos todos los adeudos y se da de baja el vehículo”, señaló Granillo Vázquez.

Para acceder a este beneficio, la única condición es que el vehículo ya no vaya a circular, precisó.

Evita problemas legales y fiscales

El secretario agregó que esta opción también aplica para quienes vendieron su vehículo sin realizar el cambio de propietario y continúan recibiendo requerimientos de pago.

“Es muy común que alguien venda su vehículo y la otra persona no haga el cambio. Con la baja precautoria, quien lo vendió paga 500 pesos y queda libre del adeudo y de cualquier responsabilidad legal sobre el automóvil”, explicó.

Granillo subrayó que esta acción no solo elimina la deuda, sino que protege al contribuyente de posibles complicaciones legales derivadas de incidentes en los que pudiera verse involucrado un vehículo que ya no le pertenece.

“Hay personas que nos dicen: ‘Vendí el carro hace cinco años y me siguen llegando cobros’. Con esta baja, se quitan el problema y dejan de ser responsables del vehículo”, dijo.

Programa disponible todo el año

El programa de baja precautoria —conocido popularmente como “la baja por 500 pesos”— está disponible durante todo el año en las oficinas de Recaudación de Rentas del estado.

Granillo señaló que es una de las opciones más solicitadas dentro del programa “Borrón y cuenta nueva”, debido a su sencillez y a los beneficios que ofrece tanto en la eliminación de adeudos como en la regularización del padrón vehicular.

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