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Jorge López Landó

El Gobierno del Estado debe contemplar recursos para atender el fenómeno migratorio en su presupuesto de 2023 ya que el flujo continuará, expuso hoy el diputado local, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

“Propongo desde ahorita esto: estamos analizando el presupuesto local de 2023, el Gobierno Federal tiene ya determinada una cantidad para migrantes, que me parece que va a ser insuficiente y se va a tener que hacer un esfuerzo, pero el Gobierno del Estado no lo tiene”, declaró.

Indicó que se debe aprovechar la discusión del presupuesto local 2023 para, como una cuestión de prevención, establecer un renglón con ese tema porque es claro que la cuestión migratoria va a seguir fluyendo.

“No vamos a estar resolviendo el problema diciendo que el otro es el culpable, no hay culpables, todos son responsables y son entes obligados del Gobierno”, dijo.

Acerca de las declaraciones de funcionarios estatales que insisten en que el Gobierno Federal debe hacerse cargo de la problemática generada por los migrantes, el legislador de Morena consideró que esa postura refleja una falta de conocimiento de la Constitución y de la Ley.

Invitó a leer la Ley de Migración que establece las obligaciones de cada orden de Gobierno, eso no implica que la autoridad federal no tenga esa responsabilidad; la tiene, pero también las estatales y las municipales.

Mencionó que se debe entender conceptualmente el problema, porque se trata de un fenómeno de migración que ocurre a miles de kilómetros que implican derechos humanos de personas y en su protección todas las autoridades, según el artículo primero de la Constitución, están obligadas.

“Ese juego maniqueo de aventar la pelotita de un lado a otro ya hasta da flojera, hay veces que se presenta un problema y la autoridad estatal está buscando más cómo justificar no hacerlo y aventarlo a otro lado”, expuso.

La situación migratoria, indicó, está legislada en la Ley Federal de Migración y en la Ley de Migrantes del Estado de Chihuahua, no se trata de una cuestión de falta de legislación, sino de asumir lo que la legislación establece sin tanto peloteo sin aventar la bola de un lado a otro.    

Enfatizó que no hay otra forma porque así lo establece la ley, que se coordinen todos los entes de Gobierno y que aborden el problema coordinadamente, porque el fenómeno no se va a terminar.

Migrantes que arribaron ayer en una caravana, narraron a Norte Digital, parte del sufrimiento que vivieron en su trayecto hasta esta frontera.

Fueron secuestrados en Durango y liberados por el Ejército Mexicano, gracias a lo cual llegaron hasta la puerta de Estados Unidos, donde solicitarán asilo político.

Llegaron hasta Juárez escoltados por la Policía Estatal de Chihuahua, y les ofrecieron albergue en el gimnasio Kiki Romero, pero comenzaron a abandonarlo.

Luis Medina, de 27 años, un colombiano que llegó en el grupo, indicó que salió del albergue, por miedo al encierro.

“Desconfiamos de todo en este momento, la verdad, por lo menos yo soy de las personas que ya trato de salir”, afirmó.

Dijo que llegar hasta la frontera fue muy difícil y su objetivo sigue siendo pedir asilo político a las autoridades norteamericanas.

“Después de todo lo que hemos luchado y todo lo que hemos vivido, ya que nos quieran meter en un lugar como este –albergue– ya no”.

Aclaró que pese a sus sufrimientos, está bastante contento por haber llegado hasta la frontera.

Indicó que tras haber atravesado seis países, fue en México donde más les resultó complicado, por el secuestro que vivieron él otros cientos de migrantes en Durango.

“Atravesamos por seis países, por selva, todo, y en México fue donde estuvo peor que todo”, aseveró.

Afirmó que les tocó vivir el secuestro por parte de un grupo criminal, pero además personal de Migración cometió supuestos abusos y padecieron persecución policial en diferentes ciudades donde estuvieron.

“No tiene uno tranquilidad, aparte yo estuve preso en Tapachula, Chiapas, 12 días, sin opción alguna, sin salir, porque soy colombiano, y en nuestro caso no tenemos buen término”.

“Pasé en compañía de mi familia muchas tristezas, pero ahora estamos contentos con haber llegado hasta la frontera con Estados unidos, tenemos a Dios por delante”, dijo esperanzado.

“Pagamos liberación y no nos soltaron”

Una nicaragüense identificada como Jocelyn, de 22 años, narró que los mismos camioneros “nos entregaron a esa gente que nos secuestraron, los mismos camioneros, llamados Futura, nos llevaron para donde estaban los secuestradores”.

Mencionó que los delincuentes detenían los autobuses “y nos pedían 5 mil pesos mexicanos o 280 dólares, y el que no los tuviera, nos trasladaban en combi, así tenían retenidos más de 20 camiones”.

Dijo que “hasta por los niños cobraban los 280 dólares. Nos llevaron a un lugar, nos trataban mal, nos daban pura agua con pan, duramos 8 días ahí, habíamos pagado para que nos liberaran, pero no lo hicieron, la semana pasada”,

Agregó que los trasgresores de la ley tenían varias casas, donde mantenían cautivos a los migrantes.

“Nos trasladaban de casa en casa, nos trasladaban en grupos pequeños hasta que nos llevaban a la casa más grande, y entonces ya más o menos teníamos conocimientos de dónde estaban las casas”, señaló.

Afirmó que con el conocimiento de los domicilios, una vez que se cateó la primer casa por parte del Ejército, las víctimas pudieron decirle a los militares dónde estaban las demás fincas y así pudieron rescatar a los demás.

La fracción panista del Ayuntamiento presentó una denuncia por la supuesta mala calidad en los trabajos de reparación de baches.

Durante el desarrollo de la sesión de Cabildo, los regidores de oposición Víctor Talamantes y Joob Quintín Flores, expusieron que la mezcla se desprende fácilmente con el pie, que las constructoras contratadas están dejando escombro en las calles y dejan sin reparar tres de cada diez baches de las calles intervenidas.

Por este motivo, solicitaron la aprobación de un exhorto a la Dirección de Obras Públicas, para que supervisen la calidad de los materiales y la técnica de construcción del Programa Intensivo de Bacheo, el cual se encuentra vigente.

También pidieron que se tomen medidas urgentes para sancionar a las empresas que ejecutan mal los trabajos.

El regidor Jorge Gutiérrez Casas (PRI), coordinador de la Comisión de Obras Publicas del Ayuntamiento, convocó a sus homólogos para que mañana martes participen en la sesión de la Comisión, en la que participará Daniel González Gracia, director se Obras Publicas

El propio Gutiérrez no comentó nada sobre la calidad de los trabajos de bacheo.

Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento, dijo que en esta situación y en otras,  siempre se ha contado con la  apertura del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar para escuchar y atender los señalamientos, y en su caso, corregirlos.

La denuncia de los panistas fue acompañada de la proyección de algunas fotografías de baches cuya reparación aparentemente fue echa a medias y las acumulaciones de escombro en la vía pública.

El regidor Daniel Domínguez Alderete (Morena), descalificó la denuncia al cuestionar que sus homólogos no son ingenieros para dictaminar la calidad del bacheo.

La síndica Esther Mejía, coincidió en que se requiere más supervisión y consideró que quizá la Dirección de Obras Publicas no está haciendo esta labor.

“A lo mejor por eso tenemos estos problemas, nosotros hemos recibido quejas de la gente, en el sentido de que rellenan con tierra y luego cubren con una capa muy delgada de asfalto”, señaló Mejía.

Finalmente consideró que la mezcla tiene que ser certificada por un laboratorio y que los malos trabajos se tienen que visibilizar para que el Municipio ejerza las fianzas por la aparición de vicios ocultos y se abstenga de volver a contratar a las mismas constructoras que incumplen con los contratos.

La titular del organismo de fiscalización del Gobierno Municipal, puso a disposición de los ciudadanos el contacto telefónico 656 737-0315, para que manden fotos y denuncien en su caso la ejecución de trabajos de obra pública y servicios de mala calidad.

A través de la organización ciudadana, habitantes de La Cañada lograron que las autoridades emprendieran un proyecto pluvial para evitar que sus calles se inunden y que los alumnos de la escuela primaria Enrique Quesada, construida sobre el arroyo que atraviesa esa zona, puedan estudiar sin peligro.

Aunque la obra comenzará a edificarse hasta febrero de 2023 y se terminará hasta ocho meses después, la sola idea de que el problema será aliviado es motivo de alegría entre las 10 mil personas que habitan en esa colonia y otras adyacentes, dijo Patricia Avitia, representante de esa comunidad.

En la presentación del proyecto ejecutivo, realizada esta mañana, estuvo presente el diputado local, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, ante quien los habitantes de La Cañada expusieron el conflicto y acompañaron con autoridades estatales y municipales en busca de una solución.

Organizados, los vecinos lograron obtener 10 millones de pesos del Presupuesto Participativo del Gobierno Municipal, mientras que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) participará con 4 millones de pesos y costeó el proyecto ejecutivo, que tuvo un costo de 2 millones de pesos, dijo el director ejecutivo de la paraestatal, Sergio Nevárez Rodríguez.

La inversión de la obra será de aproximadamente 17 millones de pesos y el faltante será costeado muy probablemente por la Secretaría de Obras Públicas estatal, indicó.

El residente General de Drenaje Pluvial de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez, César Triana Ramírez, explicó que una vez que la paraestatal tomó la obra, se recorrió el área y se encontró un fuerte deterioro y falta de mantenimiento que guardan las estructuras que existen ahí a manera de vaso de captación, que se ubican sobre las calles Paseo de la Cañada y Ejido El Porvenir.

La problemática que se genera son inundaciones en la temporada de lluvias cada año, que afectan principalmente a la población infantil que se ve impedida para asistir a clases, ya que el afluente se dirige directamente al plantel.

Además, se registra la anegación de viviendas y pérdida del patriminio familiar, así como dificultades para el tránsito peatonal y vehicular.

También, los habitantes sufren situaciones de inseguridad y contaminación ambiental debido a los pozos de absorción en mal estado.

Para enfrentar las anomalías, la JMAS propuso aumentar la capacidad de almacenamiento de la infraestructura existente para captar mayor volumen de escurrimiento e impedir que llegue a la escuela.

Modificar, además, los bombeos rasantes de calles específicas para dirigir los escurrimientos a las estructuras de regulación y captar los de otras calles que se anegan, mientras que el canal que atraviesa la escuela debe ser cerrado con una obra de captación en la entrada de sus instalaciones.

Nevárez Rodríguez agregó que el proyecto de La Cañada consiste en detener la abundancia de agua pluvial que inunda toda la colonia, pero el mayor riesgo lo representa la escuela primaria en el cause porque toda el agua pasa por ahí y corre el real riesgo de una tragedia.

“Se hará un vaso de captación para detener el afluente, una parte se va a infiltrar y otra se va a soltar, pero ya sin ningún riesgo”, explicó.

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