Jorge López Landó

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, reviró las declaraciones del senador Javier Corral Jurado, quien afirmó que la administración estatal estaría protegiendo al exgobernador César Duarte Jáquez.

“Lo invito a que venga a Chihuahua sin fuero, sin amparo y sin escoltas”, respondió el funcionario.

Corral señaló en entrevista que el Gobierno actual no dio seguimiento a los procesos judiciales que su administración inició contra Duarte en los Estados Unidos. Ante ello, De la Peña afirmó que se trata de “un cuento repetido desde hace cinco años”.

En entrevista colectiva en el Palacio de Gobierno, el secretario envió un mensaje directo al exmandatario: “Yo caminé cinco años por las calles de esta ciudad sin amparos, sin fuero y sin escoltas. Me gustaría saber si él puede venir a Chihuahua en esas condiciones”, expresó.

Añadió que las fijaciones personales contra Duarte “son un tema individual” y que el estado no debe detenerse por discusiones políticas del pasado.

Duarte sigue sujeto a proceso en Chihuahua

La reciente detención del exgobernador forma parte de uno de los 19 procedimientos legales que aún tiene abiertos, informó De la Peña.

Explicó que el pasado 4 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos —país que originalmente atendió la solicitud de extradición— autorizó un procedimiento de excepción mediante el cual se permitió a México incorporar nuevas carpetas de investigación distintas a las que motivaron la extradición inicial.

“Se sigue el procedimiento legal que se tenga que seguir, siempre respetuosos del Estado de derecho. Él enfrentará su proceso con los elementos que tenga, y el Gobierno Federal hará lo propio con las pruebas correspondientes”, dijo.

Aseguró que la detención es resultado de un procedimiento legal avalado por un juez, aunque aclaró que no conoce a detalle el expediente federal.

“Una detención como esta tiene que ser autorizada por un juez, así que seguramente se siguió el procedimiento adecuado”, señaló.

Recordó además que Duarte enfrenta procesos legales en el estado de Chihuahua, donde contaba con beneficios previstos en la ley, no con concesiones especiales.

“Ahora le toca enfrentar la justicia en el ámbito federal, como corresponde, y defenderse conforme a la legislación penal”, concluyó.

Medios nacionales de distintos perfiles editoriales coincidieron en destacar la relevancia de la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ocurrida este 8 de diciembre, al subrayar que el caso reabre un proceso federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita y expone el rezago de las investigaciones locales que permanecen sin resolverse desde hace años.

La mayoría de los diarios y portales informativos —entre ellos El Universal, Reforma, Milenio, La Jornada, Proceso, SinEmbargo, Aristegui Noticias y Expansión Política— enfatizaron que la nueva orden de captura deriva de una acusación federal de lavado de dinero distinta a los delitos por los que Duarte fue extraditado en 2022, y que su ejecución fue posible luego de que Estados Unidos autorizó la excepción a la regla de especialidad, permitiendo juzgarlo por un ilícito diferente al que motivó su retorno al país.

Uno de los puntos más subrayados por la prensa nacional fue el traslado inmediato de Duarte al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La Jornada, Noroeste, Excélsior y Meganoticias dedicaron espacio a la forma en que fue movilizado desde Chihuahua y presentado ante un juez federal, interpretando el movimiento como una señal de la gravedad del nuevo proceso en su contra.

Paralelamente, plataformas como Proceso, Aristegui Noticias y SinEmbargo retomaron declaraciones de legisladores y especialistas que cuestionan el papel del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, señalando que permanecen sin avances al menos 18 carpetas de investigación vinculadas al exmandatario. Esos medios colocaron la detención en un contexto de presuntas omisiones locales que contrastan con la acción reciente de la Fiscalía General de la República (FGR).

La cobertura nacional también incluyó una línea histórica sobre el caso Duarte, recordando su captura en Estados Unidos, su extradición en 2022 y los procesos por peculado y asociación delictuosa que, a pesar de haber avanzado en etapas preliminares, no han derivado en sentencia.

La detención de César Duarte volvió así al centro del debate nacional, ahora bajo un proceso federal que podría reconfigurar el desenlace de uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la última década, en México.

El coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, aseguró que la nueva orden de aprehensión contra el exgobernador César Duarte demuestra que “la corrupción y la impunidad sí pueden combatirse” cuando existe voluntad institucional, y cuestionó directamente al Poder Judicial de Chihuahua por mantener detenidos los juicios locales que siguen sin resolverse desde hace años.

En conferencia de prensa celebrada en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno, el coordinador y el resto de la bancada de Morena demandaron que el gobierno estatal le dé continuidad a las otras 18 carpetas de investigación que tiene el exmandatario.

Estrada celebró la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR), que —dijo— reabrió “una herida que en Chihuahua nunca ha cerrado” y puso fin a “la danza de corrupción y cinismo” en torno al exmandatario.

No obstante, advirtió que en el ámbito estatal existe un rezago inexplicable: “Aquí se ha detenido todo. Lo están encubriendo, lo están protegiendo; lo sacaron libre. Hay al menos 21 carpetas de investigación guardadas en un cajón”.

“El Poder Judicial debe explicar por qué no hay resultados”

El legislador afirmó que, aunque Duarte cumplió dos años bajo medidas cautelares por los primeros delitos imputados en Chihuahua, el Poder Judicial local no ha emitido resolución alguna.

“¿Qué ha pasado con los dos procesos por los que fue extraditado? ¿Por qué no tenemos sentencia? Eso está en la cancha del Poder Judicial del Estado”, señaló.

También destacó que la orden de aprehensión federal estaba lista desde 2024, pero solo pudo ejecutarse hasta que Estados Unidos autorizó la excepción a la regla de especialidad, permitiendo juzgar a Duarte por un delito distinto a los que originaron su extradición.

El líder morenista dijo que la detención abre la puerta para retomar otros expedientes que involucran al exgobernador, los cuales permanecen sin movimiento en Chihuahua. Entre ellos mencionó presuntos moches; desvíos de recursos estatales hacia empresas financieras y fideicomisos; y una especie de “huachicol fiscal” con el uso de recursos públicos para financiar proyectos que no tenían relación con el gasto público.

“Es posible juzgarlo por nuevas causas penales. Ya quedó demostrado. Ahora queremos saber cuántas solicitudes ha hecho el Gobierno del Estado para que Duarte sea procesado por las denuncias pendientes”, afirmó.

Recordó también que, además de las investigaciones de la administración de Javier Corral, organizaciones civiles —como la encabezada por el abogado Jaime García Chávez— denunciaron el presunto uso de recursos públicos en esquemas financieros que beneficiaban al exmandatario y a su círculo cercano.

“Que el Estado dé la cara: transparencia y verdad”

El diputado insistió en que el gobierno estatal debe informar el avance de cada carpeta:

“Como representación de los juarenses exigimos transparencia, justicia y verdad. El daño al estado fue enorme. Solo uno de los desvíos detectados hubiera alcanzado para pavimentar 300 calles en Ciudad Juárez”.

Estrada aseguró que no se trata de un mensaje político para la administración estatal, sino de una exigencia social.

“El mensaje es para el país: sí se puede combatir la corrupción y la impunidad. Pero falta que el Poder Judicial de Chihuahua haga su trabajo”, señaló.

El senador de la República Javier Corral Jurado señaló que este expediente, conocido como “el último clavo”, fue el motivo central de la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó recientemente contra César Duarte Jáquez, su antecesor en el Gobierno de Chihuahua.

Duarte Jáquez utilizó programas estatales ganaderos para desviar cerca de 100 millones de pesos hacia empresas de su propiedad y posteriormente hacia cuentas personales, fideicomisos familiares y negocios privados, según expuso Corral Jurado en entrevista concedida al programa “Los Periodistas”, del canal Sin Embargo.

Los desvíos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando Duarte era gobernador, agregó Corral, en cuya gestión, de 2016 al 2021, se integraron esas carpetas de investigación.

Durante el período referido, el ahora imputado usó recursos diseñados como subsidios y préstamos para el sector ganadero para canalizados irregularmente hacia dos entidades controladas por el propio Duarte: la Unión Ganadera Regional División del Norte y la Financiera División del Norte.

Duarte era accionista mayoritario de la financiera, accionista de la Unión Ganadera y además presidente del Consejo de ambas corporaciones.

Programas ficticios y beneficiarios ya fallecidos

Corral detalló que los recursos fueron entregados sin cumplir procedimientos legales, sin documentación de respaldo y utilizando fondos públicos destinados a emergencias.

Peritajes financieros demostraron que el dinero terminó en propiedades, cuentas bancarias, fideicomisos familiares, y en operaciones ligadas a negocios privados de Duarte y su entorno.

Uno de los ejemplos más graves —afirmó— fue un supuesto programa mediante el cual el Gobierno estatal pagaba a rancheros por transportar ganado para su sacrificio.

“Varios de los beneficiarios estaban muertos y otros nunca recibieron apoyo alguno”, dijo.

Parte del dinero también se usó para objetivos no contemplados en el programa, como la compra de toros Angus, cubrir impuestos ante el SAT o financiar empresas de su esposa.

La investigación entregada a la FGR

El expediente del “último clavo” fue turnado también a la FGR porque la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT detectó operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con los desvíos.

Corral Jurado, quien actualmente es senador independiente, pero postulado por Morena, afirmó que, hacia el final de su administración estatal, él mismo entregó los hallazgos al entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y que la FGR amplió la investigación federal.

La fiscal general Ernestina Godoy —según Corral— confirmó que la orden de aprehensión federal que hoy mantiene detenido a Duarte fue obtenida en mayo de 2024, derivada precisamente de esta carpeta y del análisis financiero posterior realizado por la FGR.

“El último clavo”, la causa que motivó la extradición

El caso fue conocido en Chihuahua como “el último clavo” porque representó la última orden de captura solicitada a Estados Unidos, la cual se incluyó como motivo formal para la extradición del exgobernador, ejecutada en junio de 2022.

El modus operandi, concluyó Corral, consistía en “utilizar programas ficticios, desviar fondos públicos y canalizar los beneficios económicos hacia Duarte y su círculo cercano”. Ese patrón, sostiene, quedó plenamente acreditado tanto por la Fiscalía estatal, como por las autoridades federales que ahora lo han vuelto a detener.