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Jorge López Landó

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado presentó un proyecto de reformas para establecer una tarifa única para estudiantes durante los días oficiales del calendario escolar.

La iniciativa contempla una modificación a la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua para que el estudiante realice un solo pago de ida y regreso en el uso del transporte público, desde su domicilio al plantel educativo y viceversa.

Se trata de establecer el Pago Preferencial de Estudiantes, para que ya no tengan que destinar más de mil pesos al mes únicamente en transporte, señaló el diputado Óscar Avitia Arellanes, quien presentó la iniciativa al pleno del Congreso.

De aprobarse la propuesta, se realizará un registro de estudiantes en un plazo máximo de 90 días, con el fin de implementar el Pago Preferencial.

El servicio de transporte público para los beneficiarios estará sujeto a itinerarios, horarios, frecuencia y paradas autorizadas, dentro del esquema de concesión.

El legislador, quien representa al Distrito III de Juárez, subrayó que los costos actuales representan un gasto considerable para las familias.

Mencionó un cálculo en el que indicó que, en Ciudad Juárez, un estudiante debe cubrir tres pasajes diarios para llegar a su escuela, lo que equivale a 36 pesos diarios o 1,080 pesos mensuales.

El legislador recordó que en 2025 entró en vigor la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chihuahua, que reconoce el derecho humano a la movilidad como base para ejercer otros derechos fundamentales, como la educación. “La educación es un derecho y no un privilegio. Por eso debemos garantizar que los estudiantes tengan la movilidad suficiente para llegar a sus centros educativos”, afirmó.

Avitia concluyó que los estudiantes deben preocuparse únicamente por su formación, sin que el transporte se convierta en un obstáculo, por lo que se requiere la implementación de políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos.

La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y posterior dictamen.

El Congreso del Estado reformó la Ley de Protección Civil para garantizar que la población sea informada de manera inmediata, por cualquier vía de comunicación, sobre contingencias climáticas que representen un peligro para la integridad de las personas.

La reforma establece la creación de la “Alerta de Protección Civil Inmediata”, un mecanismo de comunicación pública y masiva a través de dispositivos móviles sobre riesgos y emergencias en materia de protección civil.

Con esta modificación, el sistema de alertas estará disponible para cualquier usuario de telefonía celular, sin necesidad de contar con datos móviles, aplicaciones instaladas o conexión WiFi. La alerta se envía a nivel de red, lo que significa que todos los dispositivos compatibles dentro de un área geográfica específica la recibirán, garantizando así una cobertura masiva.

Esta innovación beneficiará especialmente a los grupos más vulnerables, que quizá no tengan acceso a teléfonos inteligentes de última generación o a planes de datos.

Otro punto fundamental es la inmediatez y prioridad: los mensajes llegarán casi de forma instantánea a los teléfonos, incluso si la red se encuentra congestionada. Además, la alerta vendrá acompañada de un sonido característico que notificará al usuario, incluso si el dispositivo está en modo silencio.

La reforma también incorpora un enfoque preventivo, impulsando un modelo de protección civil que no solo responde a los desastres, sino que dota a la población de herramientas para anticiparse y tomar medidas oportunas.

La diputada Nancy Frías (PAN), quien presentó la iniciativa a nombre de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, aseguró que la reforma crea un marco legal sólido para garantizar el derecho de la población a recibir información oportuna en situaciones de riesgo.

“La iniciativa, por tanto, fortalece el papel del gobierno como garante de la seguridad y el bienestar de sus habitantes”, señaló.

Frías agregó que la comisión dictaminadora consideró que esta reforma es la respuesta legislativa que Chihuahua necesita para enfrentar los desafíos de un clima cambiante.

En ese sentido, reconoció que, aunque las redes sociales y los medios de comunicación han sido útiles, no constituyen una solución definitiva para emergencias que pueden costar vidas.

Finalmente, se conformó la Subcomisión de Seguimiento Postlegislativo del presente decreto, dependiente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, con el fin de verificar su operatividad, identificar áreas de oportunidad y, en su caso, formular nuevas iniciativas para fortalecer el marco normativo aplicable.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en el Paquete Económico 2026 un aumento en los impuestos a productos como cigarros, bebidas azucaradas, apuestas en línea y videojuegos violentos. La medida no está pensada únicamente en recaudar más dinero, sino en desincentivar consumos que afectan la salud y generan altos costos sociales.

México es uno de los principales consumidores de bebidas azucaradas a nivel mundial y también uno de los países con mayores índices de obesidad. Más del 76 por ciento de los adultos mayores de 20 años vive con sobrepeso u obesidad, lo que deriva en enfermedades como diabetes, hipertensión y males cardiovasculares.

Por ello, Hacienda plantea duplicar la cuota del IEPS, que pasaría de 1.64 a 3.08 pesos por litro. La idea es reducir la ingesta de azúcar y destinar lo recaudado a un fondo de salud.

Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum reforzó esta propuesta con los resultados de una encuesta de Enkoll sobre consumo de bebidas azucaradas:

•⁠  ⁠29% de las personas reconoce que consume refrescos todos los días

•⁠  ⁠50% dijo hacerlo simplemente “porque les gusta”

•⁠  ⁠88% admitió que estas bebidas les hacen daño

Con estos datos, el Gobierno argumenta que existe una conciencia social sobre los riesgos, lo que abre la puerta a que los impuestos se conviertan en un incentivo real para modificar hábitos de consumo.

El costo del tabaco

Cada año, el tabaquismo provoca alrededor de 63 mil muertes en México y los gastos médicos relacionados ascienden a 116 mil millones de pesos. Para enfrentar esta problemática, se propone elevar la tasa ad valorem de 160 a 200 por ciento y aplicar ajustes graduales hasta 2030.

La medida también incluye a nuevos productos de nicotina, como las llamadas “bolsas”, y a los tabacos hechos a mano, que tendrían un gravamen del 32 por ciento. El para qué es claro: reducir el número de fumadores y aliviar la presión financiera sobre el sistema de salud.

Videojuegos violentos en la mira

Por primera vez, Hacienda propone un impuesto específico a los videojuegos violentos. La tasa sería del 8 por ciento sobre los servicios digitales que los distribuyen.

El gobierno argumenta que este tipo de productos puede asociarse a conductas agresivas, aislamiento y ansiedad en adolescentes. Aunque no se busca prohibirlos, el impuesto pretende desincentivar su consumo excesivo y fomentar hábitos de convivencia más saludables.

Otro de los sectores regulados será el de las apuestas digitales. El impuesto pasará del 30 al 50 por ciento sobre la cantidad efectivamente percibida por las casas de apuestas. Con ello se busca frenar el crecimiento de adicciones digitales y disminuir los daños económicos que muchas familias enfrentan por esta actividad.

El fondo detrás de los impuestos

La SHCP ha insistido en que estas medidas no tienen como fin exclusivo aumentar la recaudación. La estrategia forma parte de un modelo de “impuestos saludables” que pretende prevenir enfermedades crónicas, reducir las muertes asociadas al tabaquismo y la obesidad, y destinar mayores recursos a la atención médica pública.

Con estas decisiones, el gobierno de México apuesta por un cambio cultural: usar la política fiscal como herramienta para transformar hábitos de consumo. En un país donde el refresco se bebe como agua, el tabaco sigue siendo una de las principales causas de muerte y el entretenimiento digital gana terreno entre las juventudes, la estrategia busca más que castigar bolsillos: plantea un nuevo pacto social en torno a la salud, la convivencia y la prevención.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, solicitó a su homóloga estadounidense, Brooke Leslie Rollins, adelantar la fecha prevista para la reapertura de la frontera a la exportación de ganado mexicano, originalmente programada para noviembre.

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo del 9 de septiembre de 2025, Sheinbaum detalló que, tras la detección de casos aislados de gusano barrenador en la frontera sur, el gobierno de Estados Unidos decidió suspender temporalmente las importaciones de ganado en pie desde México.

La mandataria se manifestó en contra de esta medida, a la que calificó como “totalmente exagerada”, pues, dijo, se sancionó a los estados ganaderos del norte del país —con mayor vocación exportadora— por un solo caso de gusano barrenador detectado en Veracruz.

Tanto el Gobierno federal como el de Chihuahua han implementado acciones de regionalización de la actividad ganadera y de aplicación de medidas sanitarias, con el fin de mantener la zona norte libre del parásito.

Entre las medidas destacan un mayor control en la movilidad del ganado y la liberación de moscas estériles, consideradas el antídoto más eficaz contra el gusano barrenador.

Para ello, el gobierno de México firmó un plan de acción conjunto entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) de Estados Unidos para reforzar el control de la plaga.

Sheinbaum expresó su confianza en que, gracias a los avances de este plan binacional, la exportación de ganado mexicano pueda reanudarse antes de la fecha inicialmente prevista.

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