Mauricio Rodriguez

La Presidencia Municipal abrió dos refugios temporales para personas que no tienen dónde vivir y protegerse de la onda fría que afecta al municipio desde este lunes.

Uno de los refugios está situado el Centro Comunitario de la colonia Mármol III, ubicado en la calle Eusebio Castillo No. 8400, y otro el otro se encuentra en el Cedefam El Porvenir, en calle Mina de Dolares, con lateral calle Mina Los Reyes.

La operación será a partir de las 19:00 horas y hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente.

A través del DIF Municipal, el gobierno de la capital instaló esos refugios debido a que entre hoy y mañana se espera que las temperaturas mínimas oscilen entre los 5 y 7 grados centígrados, según reportes oficiales.

La Presidencia Municipal exhortó a las y los chihuahuenses a tomar precauciones ante los descensos de temperatura y a comunicarse al 9-1-1 en caso de cualquier emergencia. Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de velar y trabajar por la protección de las familias de Chihuahua Capital durante esta temporada invernal.

Agentes del Ministerio Público y Policías Investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, localizaron sana y salva a Leonela S. V., quien contaba con reporte de ausencia.

La investigación ministerial permitió establecer que la joven de 25 años, se ausentó el domingo 2 de noviembre, en la colonia Revolución de la ciudad de Chihuahua, por lo que sus familiares acudieron el miércoles 05 de noviembre a presentar el reporte ante la Unidad de Investigación de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes.

De manera inmediata se activaron las acciones de búsqueda que llevaron a localizarla en Ciudad Juárez, declarando ante el Ministerio Público de la FEM, que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de algún delito.

MORELIA, Mich. – Con un mensaje de firmeza y promesa de justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, conocido como Plan Paricutín, una estrategia integral que busca devolver la tranquilidad a una de las entidades más golpeadas por la violencia en México.

Acompañada de su gabinete de seguridad y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Sheinbaum anunció una inversión superior a los 57 mil millones de pesos y la aplicación de más de 100 acciones agrupadas en 12 ejes estratégicos, que van desde la intervención directa de fuerzas federales hasta el fortalecimiento del desarrollo económico y la reconstrucción del tejido social.

El Plan Paricutín toma su nombre del volcán michoacano símbolo de resistencia y renacimiento, y contempla la participación coordinada de la Federación, el Estado y los municipios. Como parte del eje de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegará 10 mil 506 elementos para reforzar las zonas más conflictivas y “sellar” el estado ante la expansión del crimen organizado.

La mandataria subrayó que este esfuerzo no se limitará a la presencia militar. “La paz no se impone con fuerza, se construye con justicia”, declaró durante su mensaje en Morelia. Por ello, el plan incluye la creación de una Fiscalía especializada en delitos de alto impacto, la mejora de la infraestructura judicial, la dignificación del trabajo de los policías locales y el impulso a programas de prevención, educación y cultura de paz.

Sheinbaum afirmó que cada avance será evaluado públicamente. El Gabinete de Seguridad sesionará cada quince días en Michoacán y se presentarán informes mensuales abiertos a la ciudadanía, con el fin de dar seguimiento puntual a los resultados.

El anuncio se produce pocos días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hecho que evidenció la vulnerabilidad de las autoridades locales y la urgencia de una respuesta de Estado.

Aunque el plan fue recibido con expectativa por distintos sectores, especialistas advierten que el verdadero reto será garantizar la continuidad y la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, así como asegurar que los recursos destinados no se pierdan en el laberinto de la burocracia o la corrupción.

“El desafío no es solo pacificar, sino reconstruir la confianza”, expresó Sheinbaum. “No traicionaremos al pueblo de Michoacán”.

PARA ENTENDER:

¿Qué es el Plan Paricutín?

Es la estrategia integral del Gobierno Federal para atender la crisis de violencia en Michoacán. Su nombre hace alusión al volcán Paricutínn, símbolo de renacimiento, y representa una intervención federal de gran escala que combina seguridad, justicia social y reconstrucción comunitaria.

¿Cuánto se invertirá?

El plan contempla una inversión total de 57 mil millones de pesos, que se aplicarán en programas de bienestar, seguridad pública, infraestructura, educación y desarrollo económico.

¿Cómo se estructura?

Tiene 12 ejes estratégicos y más de 100 acciones.

Agrupa tres dimensiones principales:

• Seguridad y justicia: incluye el Plan Paricutín militar, con 10 mil 506 elementos federales desplegados en el estado; creación de una Fiscalía especializada en delitos de alto impacto y fortalecimiento del sistema judicial.

• Desarrollo económico con justicia: busca mejorar condiciones laborales, impulsar la inversión rural y asegurar derechos sociales para trabajadores agrícolas.

• Educación, cultura y tejido social: promueve escuelas de paz, programas culturales, deportivos y de reconstrucción comunitaria.

¿Qué objetivos persigue?

Reducir la violencia y la impunidad.

Atacar las causas estructurales del crimen organizado: pobreza, desigualdad y falta de oportunidades.

Reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.

Coordinar fuerzas federales, estatales y municipales bajo un mismo mando.

¿Por qué surge?

El plan se anunció tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hecho que evidenció el nivel de riesgo para autoridades locales y la urgencia de recuperar el control del territorio.

Los senadores estadounidenses Ted Cruz y John Cornyn presentaron una iniciativa para imponer sanciones al Gobierno de México por el presunto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que regula el reparto de recursos hídricos entre ambos países.

La propuesta, denominada “Ley para Garantizar el Suministro Predecible y Confiable de Agua de 2025” (Ensuring Predictable and Reliable Water Deliveries Act of 2025), responsabiliza a México por no cumplir con sus obligaciones de entrega de agua a Estados Unidos conforme al tratado.

El acuerdo internacional establece que México debe aportar 350 mil acres-pie de agua por año durante un ciclo de cinco años, equivalente a 431 millones de metros cúbicos anuales, para un total de 2 mil 157 millones de metros cúbicos por ciclo.

De aprobarse la iniciativa, el secretario de Estado estadounidense tendría que presentar al Congreso un informe anual que evalúe las entregas mexicanas. Además, facultaría al presidente de Estados Unidos para negar solicitudes de agua no contempladas en el tratado y restringir la cooperación bilateral en ciertos ámbitos, salvo en casos de emergencia ecológica o humanitaria.

El senador Ted Cruz, representante por Texas, afirmó que “México ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones bajo el Tratado de Aguas de 1944”, y acusó al gobierno mexicano de “aprovecharse de la estructura del tratado para posponer sus entregas”, lo que calificó como “catastrófico para los agricultores y ganaderos texanos”.

En ese estado, productores agropecuarios han expresado su inconformidad ante la escasez del recurso hídrico, que atribuyen al retraso mexicano. La propuesta de Cruz y Cornyn busca que la relación bilateral se base en la “regla del cumplimiento”.

¿Quiénes son Ted Cruz y John Cornyn?

Ambos senadores republicanos representan al estado de Texas, uno de los más afectados por la escasez de agua en la frontera con México.

Ted Cruz, de origen cubano, es senador desde 2013 y se ha posicionado como una de las voces más conservadoras del Partido Republicano, conocido por su firme postura en temas migratorios, energéticos y de seguridad fronteriza. Fue precandidato presidencial en 2016 y mantiene una línea crítica hacia la administración demócrata y las políticas de cooperación con México.

John Cornyn, por su parte, es senador desde 2002 y figura como uno de los políticos más influyentes dentro del Senado estadounidense. Fue líder de la bancada republicana y mantiene estrechos vínculos con el sector agrícola y ganadero texano, especialmente en el sur del estado, donde la falta de agua del río Bravo ha generado conflictos recurrentes.

Ambos impulsan desde hace años medidas más estrictas para garantizar que México cumpla con los volúmenes de agua pactados en 1944, un tema que periódicamente se convierte en bandera política en Texas.

“Debo, no niego, agua no tengo”

La obligación de México de aportar agua al río Bravo ha sido motivo de tensiones diplomáticas y conflictos internos, como el ocurrido en 2021, cuando el gobierno federal y productores agrícolas del sureste de Chihuahua se enfrentaron por el control de las presas del Distrito de Riego 05, con un saldo fatal.

Tanto el Gobierno Federal como el del Estado de Chihuahua, junto con diversos actores políticos, coinciden en un punto: no se puede obligar a Chihuahua a pagar con agua que no tiene.

Autoridades y productores sostienen que la prolongada sequía que afectó al estado hasta el primer semestre de 2025 dejó las presas del Distrito 05 con mínimos históricos, imposibilitando no solo el cumplimiento del tratado, sino también la continuidad del ciclo agrícola local.

En abril pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el retraso en las entregas de agua y anunció una aportación inmediata para compensar parte del déficit con Texas. El Gobierno Federal ha señalado que explora alternativas técnicas y diplomáticas para cumplir el acuerdo sin afectar el consumo humano ni agrícola.

A nivel estatal, la gobernadora María Eugenia Campos Galván (PAN) ha reiterado que “el agua de las presas de Chihuahua es de los chihuahuenses”, postura respaldada por legisladores de su partido.

El senador Mario Vázquez Robles, también panista, recordó el tema durante su informe legislativo del 8 de noviembre, al subrayar que “no se debe dejar a Chihuahua sin agua para cumplir con los términos del tratado”.

Otros estados fronterizos han expresado preocupaciones similares, argumentando que la sequía y el estrés hídrico en el norte del país dificultan cumplir con los volúmenes pactados, una postura que el Gobierno mexicano sostiene ante las presiones diplomáticas de Washington.