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Regina Garcia

Un gran temor y una angustiosa zozobra generados por una situación de inseguridad para su hija adolescente, orilló a una madre de mediana edad –entre 40 y 45 años de edad–, a acudir al Juzgado Cívico ubicado en la Comandancia Sur de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a buscar ayuda.

Habitante de una comunidad del sector sur de la ciudad de Chihuahua, la mujer, quien pidió la reserva de su nombre e identificaremos con el nombre ficticio de Mariana, en compañía de su hija se trasladó en un camión que la dejó en la avenida Pacheco, en la parada enfrente de la comandancia.

Al filo del mediodía llegó puntual a la cita y fue atendida por personal del Departamento de Mediación del juzgado. Ante un par de practicantes de Psicología, la señora descargó su angustia en presencia de su hija:

“Yo la veo en peligro y me pongo mal; por eso vine, para que nos ayuden”, dijo Mariana.

Narró que vecinos observaron el mal comportamiento del novio de su hija. La acosa, maltrata y humilla, dirigiéndose a ella con palabras altisonantes. Por eso el temor de que algo malo le pase.

Una psicóloga y una trabajadora social las atienden, charlan con ellas y luego de establecer la claridad del motivo que llevó a madre e hija hasta esa instancia a pedir ayuda, el Juzgado Cívico decidió reportar el caso a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM).

“Nos orientaron sobre este tipo de situaciones. Nos dijeron que el novio y sus padres van a ser llamados a comparecer para analizar la conducta del joven y el caso, considerado como grave y delicado, será reportado a la Fiscalía Especial de la Mujer para que le dé seguimiento”, señala Mariana, sobre su experiencia con la Justicia Cívica.

¿Qué es la Justicia Cívica?

El Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México, surge del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a partir del año 2019.

Ese organismo define al modelo como “el conjunto de procedimientos e instrumentos de buen gobierno orientados a fomentar la cultura de la legalidad y dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios en la convivencia cotidiana”.

Liliana Armendáriz Granados, subdirectora de Justicia Cívica y Prevención dependiente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua (DSPM), lo sintetiza como el procesamiento de faltas administrativas y la promoción de la cultura de la paz, de la legalidad y de la cultura cívica a través de distintos mecanismos.

“Anteriormente solo había un juzgado (de Barandilla) para una sanción: una multa o cierto número de horas de arresto conforme a la gravedad de la falta cometida; pero ahora, con Justicia Cívica, la intención es evitar la reincidencia y prevenir que este tipo de comportamientos se puedan convertir en delitos”, explica la subdirectora.

El equipo de trabajo de Justicia Cívica y Prevención consta de médicos, sicólogos, abogados, criminólogos, agentes de detención, jueces, oficiales de acuerdos, personal de Mediación y Seguimiento, así como de policías instructores.

Una queja puede ser presentada por cualquier persona, de manera oral o por escrito ante la persona juzgadora, por probables infracciones de otra u otras personas.

¿Cómo funciona la Justicia Cívica?

Cuando existe algún conflicto entre personas, se interpone una queja ante el juez cívico y se detona un proceso de audiencia.

Luego se lleva a cabo la audiencia y se determina si existe una posible falta administrativa o solamente se trata de un conflicto. Entonces, si existe conflicto, frente a un mediador certificado se pone a las partes a conversar para que lleguen a un acuerdo.

Ese acuerdo genera un compromiso ante el juez cívico y el incumplimiento de ese acuerdo deriva en la comisión de una falta administrativa.

“Se trata de una manera más accesible de encontrar mecanismos para resolver temas que a lo mejor tienen muchos años y que no queremos que escalen a cosas peores como faltas o delitos graves; entonces, así es como procuramos tener los espacios de paz donde conviva la gente en armonía”, comenta la subdirectora municipal de Justicia Cívica y Prevención.

¿Cuáles son los conflictos entre chihuahuenses?

Las faltas más frecuentes que cometen los ciudadanos en la capital del estado son: fiestas ruidosas, causar molestias y/o escándalo en vía pública, obstrucción de cocheras, defecación de mascotas, consumo de drogas en vía pública, penetrar en lugares privados sin autorización, ingerir bebidas embriagantes en vía pública, portar o utilizar sin precaución objetos peligrosos, agresión verbal y riña.

Datos de la Subdirección de Justicia Cívica y Prevención indican que durante el 2022 se realizaron cerca de 20 mil detenciones en las dos comandancias del municipio de Chihuahua, donde el 60 por ciento de los casos se dirimieron con audiencias públicas en los juzgados cívicos. Más de 500 mediaciones se resolvieron mediante un acuerdo.

La mayor parte de los conflictos vecinales se originan por ruido escandaloso y en el caso del sector norte, lideran las quejas Riberas de Sacramento, Quintas Carolinas y colonia Revolución. En el sector sur, las quejas provienen de Punta Oriente, Sol de Oriente y Jardines de Oriente.

“Este comportamiento de las faltas más comunes y que hemos observado es recurrente, o sea, no ha cambiado a lo largo de los año”, indica Armendáriz.

De enero a mayo de este año se detuvieron a 10 mil 280 personas por faltas cívicas.

Resuelven con convenio entre las partes

Liliana Armendáriz detalla que hasta el corte de mayo se recibieron y atendieron en el Área de Mediación de Justicia Cívica 483 quejas, de las cuales, 124 fueron resueltas mediante un convenio entre las partes involucradas.

“En 19 de ellas se optó por hacer la canalización para recibir terapia cognitivo conductual”, señala la funcionaria.

Las colonias con mayor incidencia se ubican al sur de la ciudad: Vistas de Cerro Grande, Punta Oriente, 2 de Octubre, Alfredo Chávez, Martín López y Valle de la Madrid. Y en el norte se encuentran Infonavit Sahuaros y Chihuahua 2000.

A diario se atiende a un promedio de 18 audiencias en cada uno de los dos turnos de los juzgados en comandancias Norte y Sur. Los fines de semana, llegan a incrementarse hasta 150.

El robo nuestro de cada día

Norte de Chihuahua documentó otro caso que llegó ante la Justicia Cívica, el de un típico robo entre vecinos, por parte de una persona que, al influjo del alcohol, se le hizo fácil despojar al compañero de borrachera.

Ahí estaba el infractor en la Comandancia Sur, pero no se presentó solo, lo llevó su hermana mayor, una señora de cerca de 70 años, para que respondiera por su falta.

A duras penas, la humilde mujer caminó bajo el sol del mediodía varias calle del otro lado de la Comandancia Sur hasta cruzar la avenida Pacheco, con su hermano menor, quién aguantaba, retobando, los regaños de su familiar.

Ella sacrificó un guardadito de dinero que tenía para dar el primer pago del adeudo. Para completar, tendrá que recurrir al apoyo semanal de sus hijos. Ahí, afuera de la Comandancia, cuenta al reportero cómo estuvo la historia:

“Él es mi hermano que se juntó con un montón de borrachitos a beber, junto con el señor que lo demandó, porque también a él le gusta el pedo. En la borrachera a éste se le ocurrió agarrar una cosita y la vendió”.

Narra que la víctima presentó una demanda en el juzgado y por eso los citaron aquí.

“Pero ya le estoy pagando y está quedando cerrado el caso. Ya nada más le debemos 600 pesos al señor y con eso queda arreglado”, señala la matriarca de la familia.

– ¿Qué recomendación les dieron?

-Que tuviera más precaución. Que mi hermano deje de tomar y busque otras amistades. Pagar el daño total que fue de mil 800. Dimos mil 200 y ya nada más vamos a dar 200 cada vez en tres semanas. Pero no detuvieron a mi hermano. Nada más nos dijeron que nos presentáramos y tratáramos de pagar el daño.

– ¿El señor que demandó a su hermano, quedó conforme?

-Sí, ahí habló por teléfono porque no pudo estar, nos escuchó y quedó muy conforme.

– ¿Y qué piensa de esta forma de hacer justicia?

-A pesar de todo atienden bien. Porque pues, es justo; es justo lo que hacen, verdad. Antes era muy diferente, no se arreglaban los líos tan fácilmente. Este nuevo modo de arreglo es recomendable para que uno, si comete una falta, no ande escondiéndose; si debe algo, que lo pague. Para qué esconderse.

– ¿Qué objeto robó su hermano? -Pues en la borrachera dijeron que le quitó un objeto de valor, que costaba mil 800 pesos. Quién sabe que era. Pero él no lo ha de haber vendido en eso. Qué tanto le han de haber dado.

Diferencias entre norte y sur

De acuerdo con las estadísticas de Justicia Cívica, en el sector sur de la ciudad se presentan muchas detenciones de gente que vive en condiciones de mendicidad, en situación de calle. En las detenciones también hay diferencias entre norte y sur.

“Eso se ve reflejado en el tipo de drogas que se consume mayormente: en Comandancia Sur se recibe mayormente a consumidores de cristal, y en la Norte se identifican otro tipo de drogas, no sólo el cristal, sino heroína, cocaína y de repente pastillas; hay también por consumo de medicamentos que tienen un efecto placentero y la gente nos reporta que los consume”, expone Armendáriz Granados.

Afirma que, en la parte sur, es mayor que en el norte la proporción de detenidos que se dedican a la obra, es decir, que son trabajadores de la construcción.

“No es un tema para estigmatizar, pero sí tenemos ese dato”, agrega.

Lo primero es el tamizaje

El proceso de Justicia Cívica tiene la finalidad de identificar factores de riesgo y empieza con la detención de los infractores al Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal.

“Antes no había tamizajes, no había opción de canalización, solamente era el ingreso de detenidos a la cárcel, guardarlos un rato o ponerles una multa y ya váyase a su casa. Y eso qué de restaurativo tiene. ¿Qué finalidad tiene de restauración o en qué punto se rezarse el tejido social?”, cuestiona Armendáriz.

Ahora, al llegar a la comandancia, todos los detenidos pasan por un protocolo que inicia con un examen médico y otro psicológico, sus fichajes y reclusión.

Los exámenes determinan si hay factores de riesgo que propician en las personas la comisión de algún delito o la recepción de algún delito es decir que sea víctima o victimario.

Los factores de riesgo más comunes son el consumo de drogas y el alcoholismo, porque si se consume algún tipo de droga se está más propicio a que reciba un delito o a que lo cometa.

El tamizaje del servicio médico determina quiénes pueden llegar a tener una audiencia, porque hay quienes presentan una alteración cognitiva y al no estar en pleno uso de sus facultades mentales no la reciben y se prefiere canalizar a un centro de ayuda.

Siempre aparece el cristal

La práctica de tamizajes ha detectado que la droga más común, actualmente, es el cristal. Le sigue la mariguana y al final la heroína.

Cuando se le pregunta a la subdirectora si han encontrado casos de consumo de fentanilo, responde negativamente.

“Todavía no, porque no contamos en el estado con el reactivo para identificarlo. Pero no se descarta porque sí se han descubierto cargamentos de esa droga”, explica Armendáriz.

Cuando los detenidos cometen una falta pasan por un tamizaje y si se identifican esos factores de riesgo, se puede dar una mejor alternativa y una mejor canalización para las personas para que reciban ayuda.

La más frecuente que se aplica es un programa de acompañamiento de infractores, que consiste en llevarlos a instituciones donde les brinden ayuda para rehabilitarse como Red de Cohesión y el Centro de Integración Juvenil.

En la Red de Cohesión desarrollaron un modelo de sesiones de terapia cognitivo conductual y un taller de dos días en fin de semana, para personas que no pueden hacerlo por su trabajo y donde aprenden habilidades para la vida, relacionadas con la cultura de legalidad.

Los programas los vigila el Departamento de Seguimiento para asegurarse de que las personas cumplan con las horas de trabajo o sesiones de terapia.

Juicios más rápidos y eficaces

El comisario Julio César Salas González, director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, recomienda que las corporaciones municipales y estatales se guíen por Justicia Cívica, al considerar que los juicios son más transparentes, rápidos y eficaces para su resolución.

“Porque es un juicio donde está el juez cívico, la parte acusadora, la parte captora -que es la Policía Municipal- y también la parte que está detenida con su abogado, y eso lo hace mucho más transparente, más rápido y más eficaz”.

Julio César Salas González

Salas González considera que otra de las ventajas que ha traído este método de justicia y conciliación es que no solamente se detiene a las personas que incurren en delitos menores, también se busca la forma de cómo ayudarlas con tratamientos psicológicos o en centros de rehabilitación: “o sea, se buscan alternativas para que las personas no sigan delinquiendo”.

La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) son algunos organismos que apoyan la implementación de Justicia Cívica.

USAID realiza una evaluación anual, donde la Policía de Chihuahua aporta las evidencias del programa y ellos las califican; lo mismo hace el Secretariado Nacional de Seguridad Pública.

En comparación con el sistema de barandilla, la Comisión Estatal de Derechos Humanos encontró en Justicia Cívica diferencias sustanciales, dice su director Jurídico, Sergio Alejandro Ruiz Dávila.

“Anteriormente se aplicaba unilateralmente el Bando de Policía y Buen Gobierno con pocas posibilidades de que las personas remediaran diferencias o conflictos entre ellos mismos; Justicia Cívica da un viraje al adoptar este modelo conforme a la metodología donde se brinda a las personas detenidas la posibilidad de recibir ayuda para superar la situación que las ha llevado a cometer estas faltas administrativas”.

Sergio Alejandro Ruiz Dávila

“Sí podemos señalar -agrega el representante de la CEDH- que hemos recibido por parte de ciudadanas y ciudadanos de aquí, en el municipio de Chihuahua, manifestaciones en un sentido positivo respecto a la implementación de este nuevo sistema de Justicia Cívica”.

Padres son responsables por adolescentes

En el caso de adolescentes, la Justicia Cívica es un mecanismo de prevención de la violencia y la delincuencia que busca disminuir los factores de riesgo psicosocial que originan que esta población cometa conductas al margen o en contra de la ley.

Con las reformas al Reglamento el Sistema de Justicia Cívica para adolescentes, se creó un juzgado para ellos, al considerar que hay pautas a seguir para respetar sus derechos.

Los jóvenes no pueden ser sancionados ni con multas ni con arrestos. En lugar de ello, el adolescente va a recibir una sanción por una falta administrativa que va a derivar en un servicio comunitario o en atención psicológica. En caso de que sea pertinente, de acuerdo con los jueces cívicos, también se puede sancionar al padre de familia con esa misma medida; es decir, que si se envía al adolescente al servicio comunitario (Servicios Públicos Municipales o Mantenimiento Urbano), también se envía al papá o madre de familia porque está establecido que los menores de edad son responsabilidad de sus padres o tutores.

De la mano de la Diócesis de la Tarahumara, autoridades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, autoridades estatales construyen una agenda común con para solucionar y atender los efectos de las problemáticas que aquejan a la zona serrana.

Gobierno del Estado impulsa la estrategia integral Juntos por la Sierra Taraumara, en la que el aspecto más importante es escuchar a los ciudadanos para conocer de viva voz las situaciones que enfrentan y después tomar las acciones correctas.

Para hacerlo posible y conseguir los resultados deseados se instituyó, en primera instancia, la Mesa de Diálogo Social, de Justicia y Reconciliación.

De esta actividad se desprendieron acciones puntuales en cinco ejes:

Para atender las demandas en materia de seguridad y justicia, se implementaron operativos de vigilancia, urgentes y permanentes, en las diferentes regiones de la Sierra Tarahumara, para garantizar, prioritariamente, el orden, la tranquilidad y la seguridad a las comunidades.

Con recurso FASP 2021, se equipó a policías municipales de la zona serrana. Se entregaron 66 chalecos balísticos, 35 cascos balísticos, 95 guantes tácticos, 95 placas municipales, 112 esposas, 107 fornituras y 165 linternas, 214 pantalones y camisolas, 107 chamarras, 214 botas y 3 camionetas pick up.

Se invirtieron más de 28 millones de pesos para adquirir 34 vehículos tipo pick up Sierra, 4 Tahoe tipo patrulla y uno táctico blindado SANDICAT. Las unidades se destinaron a realizar operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) en la sierra de Chihuahua.

Remodelación de cuarteles

En las comunidades de Creel y Madera se remodelaron los cuarteles de la SSPE, que demandaron una inversión superior a los 5 millones de pesos.

Se capacitaron policías municipales para poner en operación el Escuadrón Rosa de la zona serrana, el cual busca brindar capacitación y sensibilización para atender situaciones de violencia familiar y contra mujeres y niñas.

También se benefició a más de 8 mil 300 chihuahuenses de la sierra con los Módulos de Licencia instalados en Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Guerrero y Madera.

Plataforma Centinela

Con el fin de garantizar la vigilancia, y sobre todo crear la infraestructura necesaria para poder dar una respuesta puntual y rápida en casos de urgencia, la Plataforma Centinela, trabaja en los subcentros orientados a la atención a la Sierra Tarahumara.

Ya fue inaugurado el Subcentro de Cuauhtémoc que atenderá también los municipios de Carichí, Gran Morelos, Bachíniva, Ocampo, Cusihuiriachi, Guerrero, San Francisco de Borja y Nonoava.

1.- El subcentro que se instalará en Guachochi, impactará en los municipios de Batopilas y Morelos.

2.- El subcentro Bocoyna, dará atención a Moris, Uruachi, Chínipas, Urique, Guazapares y Maguarichi.

3.- Desde Madera, se llegará a los municipios de Namiquipa, Gómez Farías, Temósachic, Matachí e Ignacio Zaragoza.

4.- De Guadalupe y Calvo habrá cobertura a Rosario y Balleza .

No solo eso:

1.- Se instalaron Escorpiones en Urique, Cerocahui, Creel y se instaló la primera etapa de 2 Arcos Centinela en Madera y Guadalupe y Calvo.

2.- Se activaron acciones de participación ciudadana en la zona serrana, con la conformación de 2 redes de prevención en Urique, en beneficio de 50 familias, y 5 más en Cuauhtémoc.

A propósito de resultados

En acciones y resultados en la sierra, la Secretarpia de Seguridad Pública Estatal consiguió la detención de 541presuntos delincuentes, 37 del Fuero Federal, 155 del Fuero Común y 349 por faltas administrativas.

Entre las detenciones destacan las de Humberto B.C. y César P.P. este último primo de José Noriel Portillo, además del decomiso de 49 mil latas de cerveza y vehículos con reporte de robo así como la destrucción de plantíos de enervantes en Urique.

No hay que olvidar que los elementos de la SSPE realizaron recorridos de búsqueda y rastreo de José Noriel Portillo, alias “El Chueco”.

Se realizaron recorridos por centros médicos en La Junta, San Juanito, Creel, San Rafael, Bahuichivo, Cerocahui, Guerrero, Matachí, Temósachic, Madera, Gómez Farías e Ignacio Zaragoza.

Restableciendo la paz

En el marco de los operativos para el restablecimiento de la paz en la región de Urique, Madera y Guachochi, se estableció una estrecha colaboración con las fuerzas del orden, en los que participan en forma permanente la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía General del Estado,  a través de las Fiscalías de Distrito Zona Occidente y Zona Sur.

A raíz de los acontecimientos en los que perdieron la vida dos sacerdotes, un guía de turistas y un habitante de Cerocahui, se intensificaron los operativos que derivaron en la detención de 23 integrantes del grupo criminal comandado por José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, como principales generadores de violencia en Urique y otras partes de la Sierra.

Además, se desmantelaron las principales actividades ilícitas de este grupo, con el aseguramiento de armas, cartuchos, equipo táctico, droga, cerveza y tala clandestina del bosque.

En uno de los operativos más significativos efectuado en Urique, con la participación de la Secretaría de Marina, se rescató a una víctima de secuestro, se detuvo a 2 personas (un menor de edad) y se aseguró lo siguiente:

En parlelo se implementó el programa Base de Operativos Institucionales (BOI) en la Sierra Tarahumara, mediante el cual se desplegaron fuerzas del orden desde Guachochi hasta Sisoguichi, en el municipio de Bocoyna.

En febrero de 2023, se instaló la Mesa de Coordinación para la atención de la tala clandestina, con la participación de la Quinta Zona Militar, las Fiscalías de Distrito Zona Occidente y Sur y la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa), que derivó en las siguientes acciones:

-La instrumentación de un protocolo de acción y reacción

-Recorridos para combatir la tala clandestina

-Detención de personas y aseguramiento de madera, vehículos y maquinaria.

La atención en Cerocahui

Un mes más tarde, la gobernadora Maru Campos, instaló la Mesa de Medidas Cautelares para la Comunidad Jesuita de Cerocahui, con el objetivo de atender la recomendación MC-876-22 para 11 integrantes de dicha agrupación religiosa asentada en el poblado del mismo nombre, en el municipio de Urique, dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ella participan el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez; el Fiscal General, César Jáuregui Moreno; el Secretario de Comunidades y Pueblos Indígenas, Enrique Rascón; y el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña.

Mesa de Seguridad en Madera y Guachochi

El 11 de mayo se instaló la Mesa de Seguridad en el municipio de Madera, con lo cual se dio inicio al “Operativo Largo Maderal,” con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

De igual manera, el 19 de mayo se instaló la Mesa de Seguridad en el municipio de Guachochi, para la coordinación de acciones de combate al crimen organizado.  

Con la finalidad de contribuir a la seguridad alimentaria de mujeres, niñas y niños en las zonas de alta marginación de la Sierra Tarahumara y de los pueblos originarios Rarámuri, Tepehuán, Pima y Guarojío, el DIF Estatal, a través de los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno (Cerenam) ofrece alimentación balanceada y atención a  embarazadas.

Aquí se brindan valoraciones nutriológicas, capacitaciones en orientación alimentaria, en embarazo y lactancia; albergue a menores de 5 años, mujeres embarazadas y/o lactando con algún grado de desnutrición aguda -que puede ser leve o moderada-, así como a sus acompañantes y se proporcionan raciones alimentarias.

En estos centros se ha ofrecido albergue a 5 mil 421 personas; asimismo, se han dado 314 mil 760 raciones alimenticias, 4 mil 069 consultas de nutriología y se ha beneficiado a 15 mil 576 personas en un lapso de 18 meses, correspondientes a septiembre de 2021 a marzo de 2022.

Con el objetivo de ampliar la cobertura de atención médica y el acceso de los servicios a los grupos y poblaciones más vulnerables, se fortalecen las unidades fijas de primer nivel de atención con servicios de imagenología, detección oportuna de cáncer de mama, atención odontológica, densitometría y electrocardiogramas entre otros.

Se realizó el reemplazo de cinco Unidades Médicas Móviles del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica las cuales están destinadas a dar servicio médico a localidades de difícil acceso, de alta y muy alta marginación, beneficiando de manera directa a 5 mil 400 personas.

De junio 2022 a la fecha, se llevaron a cabo mil 593 consultas generales (principalmente por enfermedades respiratorias y controles médicos de enfermedades crónico-degenerativas), de las cuales 111 fueron referenciadas a 2do nivel de atención; mil 069 atenciones de odontología (principalmente extracciones, consultas de prevención y curaciones).

En octubre de 2022 se realizó la Feria de la Salud en la localidad de Mesa de Arturo en el municipio de Urique (unidad médica más cercana a Cerocahui), en donde se ofertaron servicios como:

Cabe destacar que de septiembre del 2021 a mayo del 2023, en los municipios de la zona serrana, se realizaron 12 mil 321 capacitaciones, talleres y sesiones educativas de los principales temas de salud pública entre ellos COVID-19 con un alcance de 255 mil 061 personas, mientras que en los meses de mayo y octubre

Respecto a la salud reproductiva, en estos municipios se han otorgado 8 mil 649 atenciones terapéuticas especializadas a mujeres víctimas de violencia familiar, de género y sexual, otorgadas en los Servicios Especializados, 4 capacitaciones a personal de salud en temas de: NOM 046-SSA2-2005, “Buen trato Obstétrico”, “Atención inmediata a víctimas de violencia sexual”.

Los Servicios de Salud del Estado trabajan en la prevención del cáncer de mama y cáncer cérvicouterino, mediante acciones de tamizaje y detección gratuitas en pacientes.

Para ello se cuenta con un mastógrafo en el municipio de Guachochi y se adquirieron 2 mastógrafos móviles con el firme objetivo de acercar un servicio de alta tecnología para la detección oportuna de cáncer de mama, a las personas que habitan en sitios lejanos.

–El día 15 de marzo se sentaron las bases y compromisos para la prestación de servicios de salud. 

–El 22 de marzo, se analiza la posible adecuación del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS), misma que ya inició y aumentará de dos a siete camas para la atención de pacientes con tuberculosis.

–El 26 de abril del presente año, se firma el convenio de colaboración para la prestación de servicios médicos de especialidad y de nutrición pediátrica.

El Doctor Vagón

Fue durante mayo que “El Tren de la Salud”, Dr. Vagón, de Grupo México, visitó comunidades de Chihuahua, Cuauhtémoc, Creel, San Juanito y La Junta, con la finalidad de acercar servicios y atención médica de alta calidad a la población más vulnerable.

Durante esta visita se atendió a cerca de 8 mil personas, ofreciéndoles de forma gratuita:

-consulta médica

-seguimiento

-surtido de medicinas, y

-servicio de quirófano para cirugías y procedimientos ambulatorios

Se tiene previsto que al cierre de su visita a Chihuahua, a través del Dr. Vagón se hayan atendido a más de 20 mil personas.

•Para este 2023 se proyecta una inversión junto de 194 millones 994 mil 247 pesos, para obras diversas.

•Este mes se inaugura el Cerenam Sisoguichi, en el municipio de Bocoyna, con una inversión estatal por parte del DIF, de 149 mil 831 pesos.  

•En agosto se inaugura el Cerenam “Cerocahui”, cuya inversión -también por parte del DIF Estatal- es de 355 mil 863 pesos.

•Se realizarán acciones de revestimiento, rehabilitación, construcción y ampliación de caminos, además de mejoramiento de la imagen urbana, carga y retiro de escombro en algunas comunidades.

• En materia de turismo, se hizo una inversión de 20 millones 038 mil 279 pesos en la localidad de Creel, municipio de Bocoyna, para la pavimentación con concreto hidráulico.

Los programas y acciones para beneficiar a los chihuahuenses que habitan en la Tarahumara, seguirán fluyendo a lo largo del 2023.

Gobierno del Estado de Chihuahua informó que se invertirán 37 millones 584 mil 427 pesos, que beneficiarán a 26 mil 500 familias indígenas, a través de la integración de comités agropecuarios, así como población abierta que desarrolla actividades comunitarias, y la integración de municipios urbanos donde habita población indígena, con la entrega de 37 mil 500 paquetes de maíz y frijol para consumo.

Se contempla, también, distribuir un total de 61 mil 040 paquetes alimenticios, a favor de más de 25 mil estudiantes que acuden a 557 instituciones educativas con población indígena. La inversión total asciende a 7 millones 082 mil 650 pesos y se hará en convenio con el DIF estatal.

Otros 9 millones de pesos, se invertirán en beneficio de las familias indígenas a través de apoyos con materiales para la construcción y mejoramiento de vivienda.

Dos millones 087 mil 590 pesos, serán invertidos en la difusión y promoción de los derechos de los pueblos originarios, a través de acciones con pertinencia cultural.

También, mediangte convenio con Ferromex, a través del subsidio en transporte, así como los diferentes beneficios en servicios y gestión social, como traslados funerarios, pasajes, gestiones institucionales y apoyos económicos, se beneficiará a la población indígena de la zona serrana y municipios urbanos, con un presupuesto de 8 millones 406 mil 110 pesos.

Se ejercerán 2 millones 402 mil 188 pesos en la transversalización de programas que beneficien a la población indígena,.

Otros 3 millones 300 mil pesos servirán para impulsar la educación de jóvenes de pueblos originarios estudiantes de nivel técnico y superior.

A un año de la tragedia de Cerocahui, cuando “El Chueco”, José Noriel Portillo Gil asesinó a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, además del guía de turistas Pedro Palma y a un residente del poblado, la situación de inseguridad en la Sierra Tarahumara no ha cambiado, afirma el padre Javier “El Pato” Ávila.

En su visita a Cerocahui la semana pasada, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, destacó que “a partir de los acontecimientos que originaron la persecución (de “El Chueco”) tenemos uno de los índices delictivos más bajos en la zona; se está viviendo en paz, con orden y trabajando para que no vuelva a aparecer, bajo ninguna circunstancia, un sujeto con estas características”.

También el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, atestiguó en esa visita encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos, que la “situación es muy diferente porque se vive en paz en el poblado; yo pensaba que no había niños en Cerocahui, pero hoy, a un año de la tragedia, podemos ver a los niños jugar en las calles”.

“El Pato” Ávila, quien también es defensor de derechos humanos de la comunidad en la Sierra Tarahumara, tiene una opinión al respecto: “Con la vigilancia de la Guardia Nacional y del Ejército quién va a portarse mal cuando los están viendo. Por esa razón Cerocahui está tranquilo, pero hay comunidades como Baborigame y Guadalupe y Calvo donde lamentablemente sigue la violencia, la muerte, los desplazamientos y muchos otros problemas”.

Historia de un día de furia

Una revancha no concedida y un comentario desafortunado desataron la tragedia.

La mañana del lunes 20 de junio del año pasado “El Chueco”, vinculado al grupo criminal de Los Salazar, y a cargo de la plaza de Urique para el Cártel de Sinaloa, andaba fuera de sí, bajo los efectos de la cocaína y el alcohol.

Decidió hacer una visita, junto con sus hombres, a una humilde casa de las orillas de Cerocahui, una comunidad de mil habitantes, en su mayoría rarámuri.

Ahí reclamó al beisbolista de la localidad Paul Osvaldo Berrelleza, el por qué no le concedía una revancha al equipo perdedor que Portillo Gil patrocinaba con recursos y uniformes, para quedar a mano.

La negativa de Berrelleza, quien estaba con su mujer y un hijo menor de edad, obedecía a compromisos de trabajo y falta de tiempo: “No se puede ahorita”.

“Si no me la das, te va a llevar la chingada”, respondió “El Chueco” y luego saco una pistola, le metió unos balazos y ordenó a sus hombres: “Préndanle fuego a la pinche casa”.

Luego del incidente la gavilla dio oportunidad de que los familiares se fueran; levantaron el cuerpo de la víctima y secuestraron a su hermano Armando que en esos momentos llegaba para ver qué había sucedido. Se los llevaron con rumbo desconocido.

Horas más tarde de ese mismo día, con el alucine a todo lo que da, “El Chueco” se paseaba en una motocicleta tal y como llegó al mundo por las tranquilas calles de Cerocahui.

Para los serenos habitantes del poblado acostumbrados a sus desplantes y excentricidades, la actitud del sicario era de lo más normal, pero no para 23 curiosos turistas de una camioneta Van que eran orientados por Pedro Heliodoro Palma Gutiérrez, guía con una experiencia de más de 40 años en llevar frecuentemente viajeros a ese y otros poblados de la Sierra Tarahumara.

Un grito salió del interior a través de las ventanas abiertas del vehículo que no pasó desapercibido por Noriel Portillo: “Ese güey está loco, bien loco”.

Atolondrado, “El Chueco” todavía tuvo una pizca de conciencia que lo hizo ir a vestirse; luego, regresó y buscó la camioneta que estaba estacionada a las puertas del Hotel Misión Cerocahui.

Conocía muy bien a Pedro y a él se dirigió en el pasillo: “Dime quién fue el hijo de su puta madre que abrió el hocico; si no, a ti te va a cargar la chingada”.

La razón y el sentido común del guía de turistas lo obligó a reservarse nombre y persona del causante del incidente y trató de calmar la ira de “El Chueco” sin lograrlo.

Dos balazos sacudieron el cuerpo de Pedro Heliodoro. Herido, aprovechó la intervención de los turistas y pobladores para intentar escapar de las balas de Portillo Gil e ir en busca de refugio y protección en el lugar que consideró más seguro, la Parroquia de Francisco Javier donde se encontraban los padres Gallo (Javier Campos Morales) y Morita (Joaquín César Mora Salazar)

Herido y jadeando, Palma Gutiérrez cruzó la calle y llegó al templo con la muerte a sus espaldas. Sin piedad, el narcotraficante le volvió a disparar y lo dejó tendido en el suelo. El padre Gallo, quien había bautizado al “Chueco” en ese mismo lugar, se inclinó ante el cuerpo agónico del guía de turistas para brindarle la unción de los últimos oleos.

Luego, vino la reprobación del sacerdote: “Pero qué hiciste. No te das cuenta de lo que acabas de cometer. Mataste a un cristiano en la casa de Dios. Un hombre bueno que traía turistas para mejorar la economía del pueblo”.

Enajenado y fuera de sí por los efectos del consumo de droga y alcohol, además de la excitación por los acontecimientos, “El Chueco” asesinó a quien le brindó el primer sacramento y luego despachó al que le dio la primera comunión, el Padre Morita.

Había un tercer sacerdote en la escena, el presbítero Jesús Reyes, quien nervioso por lo que había presenciado solo esperaba la detonación del arma de Portillo Gil en su contra.

Sería que ya no traía balas o seria la providencia, la cosa fue que “El Chueco” se transformó, recobró tantita lucidez y se volvió un mar de llanto en arrepentimiento.

Durante casi una hora descargó sentimientos encontrados, culpas, muertes, abusos y pecados de toda una vida de delincuencia en el confesionario del sobreviviente Jesús Reyes.

Después, las súplicas del confesor de respetar la integridad de los cadáveres no ablandaron el corazón de Portillo Gil, quien con la ayuda de su gavilla levantó los cuerpos de Palma Gutiérrez, de Gallo y Morita para desaparecer con rumbo desconocido. 

La búsqueda

Ante el escándalo nacional por lo ocurrido, de inmediato, las autoridades federales en coordinación con estatales y municipales tendieron un operativo conjunto con unos mil elementos de seguridad para localizar a los desaparecidos y ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos a quien proporcionara informes que condujeran a la captura del líder de la banda.

En los días subsiguientes encontraron el cadáver de Paul Osvaldo Bérreles y a su hermano con vida. Las pistas también condujeron a la ubicación de los cuerpos de los sacerdotes y del guía de turistas.

La banda de “El Chueco” los sepultó clandestinamente en un paraje a unos diez metros de la cinta asfáltica enfrente del camino que conduce al cerro de las antenas, a unos 12 kilómetros de distancia del Divisadero de Barrancas del Cobre, sobre la carretera que conduce a Creel, cerca del monumento a la fertilidad (Pitorreal) que se ubica a un costado de las vías del tren Chihuahua-Pacífico (Chepe). Ahí, en su memoria, los pobladores de la región colocaron tres cruces.

Algo de mito y leyenda

El mito y la leyenda se entrecruzan también en esta historia. Entre guías de turistas se cuenta la versión de que luego de los asesinatos del año pasado, una patrulla de ministeriales sorprendió a “El Chueco” y lo capturó.

Sabiéndose perdido lanza una oferta muy tentativa y ofrece 2 millones de pesos para recuperar su libertad, uno para cada ministerial. Supuestamente los agentes aceptaron el tentador ofrecimiento y lo dejaron libre.

Además, el martes 26 de julio la Fiscalía General de Estado reportó haber recibido una denuncia de robo con violencia ejecutado al momento de abrir, a las 7:50 horas, en la Oficina de Telégrafos de Bahuichivo, distante a 17 kilómetros de Cerocahui.

“No hay otro que se pueda atrever a tanto”, de inmediato comentaron los pobladores de la región. “Fue ‘El Chueco’.

La Fiscalía detalló que un par de sujetos armados entraron el lugar a la fuerza y se llevaron 1 millón 167 mil pesos, que correspondían en su mayor parte a la dispersión de apoyos de la Secretaría del Bienestar a través de los Programas del Gobierno Federal.

Los juglares de la región aseguran que el botín fue de 2.5 millones con lo cual el criminal más buscado en Chihuahua recuperó el fondo de su libertad y obtuvo una “ganancia” extra.

Andando a salto de mata en sus dominios delincuenciales, a José Noriel Portillo lo veían con naturalidad en Urique, en Cerocahui, en San Rafael, en Bahuichivo donde tenía su casa y en las carreteras, brechas y caminos que se transitan en los límites de Chihuahua con Sonora y Sinaloa.

Aunque se siguió escondiendo en los recónditos parajes de la Tarahumara, estaba sentenciado. “Está muerto y no lo sabe”, era la consigna que atribuyeron los moradores de la sierra al delincuente y también: “La tira lo persigue, andan sobre sus pasos”.

Antes de estos acontecimientos, José Noriel Portillo fue señalado por el secuestro del turista Patrick Braxton Andrews, un profesor estadounidense que en noviembre de 2018 fue confundido como agente de la DEA y posteriormente encontrado sin vida cerca del poblado de Urique.

La muerte de “El Chueco”

Nueve meses después de la tragedia que enlutó a la Compañía de Jesús y a las familias de un guía de turistas y de un beisbolista, en la madrugada del 22 de marzo de este 2023, trascendió la aparición de un cadáver en medio de un camino cercano a la comunidad de Choix, Sinaloa con indicios de haber sido ejecutado.

El cuerpo vestía tenis, pantalón de mezclilla, una camiseta gris y sobre ésta, un pertrecho negro; los ministeriales de Sinaloa localizaron 17 casquillos de cuerno de chivo en su alrededor y como huellas de violencia: heridas de bala en el cuerpo y un orificio en la sien derecha, el clásico tiro de gracia.

Al mediodía las autoridades de ese estado y de Chihuahua aseguraron con pruebas forenses que se trataba de “El Chueco”; las hermanas del delincuente lo confirmaron y dedujeron, que sus probables verdugos, fueron de su misma organización criminal.

Lo malo es que uno resulta profeta: Pato Ávila

Desde que ocurrieron los hechos, el padre Ávila se ha cansado de repetir una y mil veces, aunque al señor presidente de la República le molesten sus palabras, pues asegura que el plan del proyecto de seguridad nacional no está funcionando y es urgente que funcione.

“Yo lo advertí y el fiscal general César Jáuregui lo aceptó. Yo le dije dos cosas: Agárrenlo, porque si no lo agarran les van a aventar el cuerpo y eso va a ser una vergüenza para ustedes, una derrota. Aún lo recuerdo, lo dije públicamente y al señor presidente le molestó muchísimo, porque dije que es una vergüenza que otros grupos tengan que acabar con esos sujetos y luego les avienten los cuerpos. Y así sucedió”, comenta el jesuita.

Lo otro que dijo fue: si es que logran atrapar al famoso Chueco, eso no va a solucionar el problema de inseguridad y no se va a calmar, por el contrario, iba a empezar otra etapa con el reacomodo de fuerzas de inteligencias y entonces la situación no se iba a controlar, no se podía tranquilizar.

“Dicho y hecho –añade Javier Ávila-. Lo malo es que uno de repente resulta profeta”.

Preocupa un presente trágico de la gente

“El Pato” Ávila asegura que el futuro de la comunidad católica de la sierra no le preocupa mucho.

Considera que, aunque ocurrió una tragedia con las cuatro muertes de hace un año, las comunidades de la Sierra no tienen su fe lastimada.

“Tienen lastimada la esperanza, la fe es la que nos mantiene firmes. Hay veces que uno tiene que esconder la esperanza para que no se la roben. Pero seguimos creyendo y seguimos esperando en que nuestra labor va a rendir frutos”, expresa el sacerdote jesuita.

Asegura que el comercio y el turismo en la región serrana están tranquilos, porque esas gentes los respetan y son ingresos que retribuyen a la vida diaria de sus comunidades.

“Queremos hacer espacios de paz. Queremos construir, sumar. No queremos destruir”, concluye Javier Ávila.

Este martes 20 de junio en Cerocahui está programada una conmemoración del sacrificio de los párrocos jesuitas, de Berrelleza y de Palma Gil.

“El Pato” Ávila oficiará este mismo día, a las 7 de la noche, una misa en memoria de sus hermanos Gallo y Morita y las otras dos víctimas en el templo del Sagrado Corazón, en Chihuahua; luego, habrá una marcha-procesión hacia la Cruz de Clavos en la Plaza Hidalgo.

A un año de que María Luisa Albores González, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), definió una agenda de trabajo con autoridades  y activistas locales para el rescate de El Chamizal, los resultados de aquellos acuerdos se traducen en avances y grandes pendientes.

La decisión más reciente tomada por el Gobierno Federal de declarar 80 hectáreas del parque urbano como zona de protección natural, dejó un sabor agridulce entre los diferentes grupos de activistas que sostienen sus principales demandas: la cancelación de los 19 comodatos reconocidos y el reconocimiento de El Chamizal como un Parque Nacional.

María Antonia Ríos Martínez, de la organización Chamizal Conciencia Ciudadana, señaló que el 8 de agosto de 2021 manifestaron su inconformidad al presidente Andrés Manuel López Obrador, por la “privatización” del parque urbano.

La denuncia tuvo una respuesta el 1 de febrero de 2022 cuando la titular de la Semarnat se entrevistó en esta frontera con el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y otras autoridades locales, así como los representantes de diversos movimientos ambientalistas y con pueblos originarios que demandan derechos constitucionales de conservación de la zona.

Los empresarios que promovieron la construcción de un Centro de Convenciones en el parque también fueron escuchados.

El encuentro arrojó diversos compromisos y tareas que involucraron a las autoridades del Municipio de Juárez que durante los meses subsecuentes practicaron un deslinde de los polígonos del parque y un análisis jurídico a los expedientes de cada uno de los comodatos cedidos por el Ayuntamiento juarense.

El rechazo al Centro de Convenciones en Los Hoyos

El 23 de junio de ese mismo año, la Semarnat, en conjunto con los Gobiernos municipal y estatal, anunció que en cumplimiento a las instrucciones del presidente AMLO, divulgaron que, de acuerdo con estudios técnicos, concluyeron que los predios conocidos como Los Hoyos son llanuras de inundación y que por su naturaleza,  articulada al río Bravo, tienen que ser preservadas.

A la izquierda el área denominada “Los Hoyos”, donde se planeaba construir un centro de convenciones (a la derecha)

El dictamen elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (ITAM), dejo sin efecto las pretensiones de la iniciativa privada para construir su proyecto en la cuenca del río Bravo.

Otros de los acuerdos más importantes alcanzados por los actores locales con el Gobierno federal, es que el Municipio instalaría el Consejo Administrador de El Chamizal, con la inclusión de  los colectivos de la comunidad juarense en la toma de decisiones.

No más comodatos

El Ayuntamiento juarense también  se obligó a proteger el parque con la cancelación de que se otorgaran mas comodatos, así como la de impedir cualquier modificación de su hábitat.

Después de meses de espera, el viernes 20 de enero del 2023, una comisión del sector ambiental del Gobierno federal, volvió a entrevistarse con funcionarios municipales y representantes de las OSC.

En estas reuniones de trabajo, funcionarios de Semarnat, de la Comisión Nacional de Zonas Protegidas y la Comisión Nacional de Reforestación, adelantaron que a finales de febrero del año en curso, emitirán una declaratoria de protección de 80 hectáreas de El Chamizal como zona natural de conservación.

Semarnat declara El Chamizal como área de conservación ecológica durante 100 años

El deslinde de El Chamizal practicado por las autoridades, arrojó que la zona comprende 333 hectáreas, de las cuales 248 están bajo la protección del Gobierno de Ciudad Juárez.

No satisface declaratoria a los ambientalistas

Martín Tafoya, representante del pueblo Apache, quienes reclaman derechos originarios sobre el destino de El Chamizal, señaló que la “declaración” de las 80  hectáreas, no satisface las expectativas esperadas por los juarenses.

La representante de Chamizal Conciencia Ciudadana, María Antonia Ríos, manifestó que para ellos el acuerdo del Gabinete ambiental, los deja “medio conformes”, porque ofrecieron la protección de 80 de las 248 hectáreas, aunque tienen la esperanza de que cumplan con el ofrecimiento de revertir los comodatos que incumplen con las formas legales o con los objetivos que motivaron su autorización.

Daniel Delgadillo, del Frente en Defensa del Chamizal, uno de los movimientos más persistentes y críticos, expresó: “No vemos ningún logro, no hay nada que festejar; la privatización de los espacios es nuestra principal queja y su recuperación es y será nuestra principal demanda”.

Buscarán a AMLO; no están satisfechos

 “No están honrando el cumplimiento de su palabra”, señalan algunos inconformes con la decisión.

El vocero del Frente en Defensa de El Chamizal, señaló que no ven avances en sus peticiones al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien acordaron acabar con la privatización del parque.

Señaló que aunque el impedimento de la construcción del Centro de Convenciones es un logro, aún no se resuelve el tema de la posesión del inmueble ni el saneamiento del suelo que impactaron cuando iniciaron su edificación.

“Nuestra preocupación son los comodatos, no se ha tocado ni uno solo, ni siquiera el del Centro de Exposiciones que no se construirá,  ni el que cedieron en el  Centro de Transferencia de Parques y Jardines que lo limpiaron para ratificar el comodato que el presidente sin partido, Armando Cabada, cedió a una asociación de softbol”.


Daniel Delgadillo, Frente en Defensa del Chamizal

También ejemplificó el caso del Club Astro, cuyo posesionario de dos o tres hectáreas, devolvió el inmueble pero este continua cercado y sus puertas cerradas con candado.

Precisó que durante la reunión con los funcionarios federales, no pudieron precisar la ubicación de las 80 hectáreas que pretenden proteger, pero suponen que son solo los espacios verdes arbolados, mientras que los conocidos como Los Hoyos, no se sabe si también serán protegidos.

Acusó a la empresaria Alejandra de la Vega de obtener los beneficios de los comodatos que se conservan alrededor de las instalaciones de su equipo de futbol profesional FC Bravos, ubicadas en el mismo parque.

Finalmente, señaló que contactarán con el presidente Andrés Manuel López Obrador a quien denunciarán que no se han respetado los acuerdos tomados con su Gobierno para revertir la privatización del parque, pero continuarán confiando en que cumplirá con su palabra”, señaló el ambientalista.

Comodatos a revisión; revocarán a los que no cumplan

Los representantes de los movimientos ambientalistas involucrados en el rescate de El Chamizal, quienes se reunieron con funcionarios federales el pasado viernes 20 de enero, informaron sobre el ofrecimiento de los Gobiernos federal y municipal.

Informaron que las autoridades de entrada respetarán los 19 comodatos, pero al mismo tiempo se comprometieron a continuar con la revisión de sus expedientes.

Aseguraron que cancelarán aquellos que no cumplen con el objeto de la posesión y en su caso ajustarán las superficies de suelo donde encuentren inconsistencias topográficas o jurídicas.

El suelo recuperado de los comodatos cancelados se integrará a la superficie que se propone proteger 100 años.

La decisión ya fue acordada con el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien está obligado a acatar la decisión, así como a impedir la autorización de más comodatos como ocurrió en el pasado.

El consejo de Administración sigue pendiente

El próximo mes de febrero, las autoridades municipales deben tener listo el Reglamento del Consejo de Administración de El Chamizal, el cual estará facultado para dictaminar el posicionamientos de los comodatos.

Este acuerdo fue confirmado por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El funcionario señaló que dicha reglamentación en consensuada con los representantes del Gobierno federal, y que la misma ofrece espacios para los actores de las organizaciones de la sociedad civil.

“En seguimiento a los acuerdos tomados hace un año con la Semarnat, casi estamos por finalizar el proceso. Hemos estado trabajando de manera conjunta y lo que podemos decir a los juarenses que las cosas avanzan bien para mantener el parque en buenas condiciones”, informó el secretario sobre la última reunión que se sostuvo con los funcionarios enviados del Gobierno federal.


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