El Ejército Mexicano quiere mano más dura en contra de las personas que tienen menos de 18 años de edad y que cometen delitos de gente mayor.

Este lunes, los altos mandos de las fuerzas armadas acantonadas en Chihuahua se reunieron con las presidentas del Congreso y del Tribunal Superior de Justicia, a saber, de los poderes Legislativo y Judicial, para presentarles un cuadro verdaderamente aterrador sobre la situación que guarda la seguridad (inseguridad, mejor dicho) pública en el estado.

Los datos que recibieron tanto Adriana Terrazas como Miriam Hernández, del Congreso y del TSJ, respectivamente, son para quitarle no el sueño, sino el hambre y el buen humor a cualquiera: redes de trata de personas que actúan en absoluta impunidad, a plena luz del día y mediante el uso de servicios de transporte absolutamente lícitos.

Jefes de cárteles delictivos que generan violencia en las ciudades y en las zonas rurales del estado, a los que no se les ha podido echar el “guante”, a causa de las grandes lagunas jurídicas que deja el marco penal del estado y del país.

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Y, entre ese cuadro de terror, uno de los datos que más preocupa a la institución armada, convertida en fuerza del orden público por el gobierno de AMLO, es la proliferación de delitos de alto, altísimo impacto que son cometidos por chavales menores de 18 y, en muchos casos, de 14 años.

Desde los años dosmiles, cuando México signó convenios internacionales en materia de protección al interés superior de niñas, niños y adolescentes, se estableció el impedimento de recluir en prisión, así fuera en una correccional, a todo infractor o infractora menor de 14 años.

Fueron muchas las voces que alertaron de cuánto estaba aumentando la incidencia de delitos graves cometidos por mozalbetes de 12, 13 y 14 años a los que no se les podía recluir, en razón de los tratados internacionales que ya había ratificado el país.

El dato ya es alarmante y ahora las fuerzas castrenses piden una reforma penal a fondo, que llegue hasta el texto constitucional federal, para que homicidas, secuestradores, traficantes de personas y todo aquel que cometa delitos de alto impacto pague las consecuencias de sus actos con penalidades graves.

A ver qué resulta, porque los tratados están ahí y en la actualidad son 2 mil 715 los adolescentes de entre de 12 a 17 años que se encontraron en el Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes (Sijpa), según el Inegi.

Esos son los que están recluidos, pero como dice la canción, “acá estamos en la calle, unos cuantos, lo peorcito”.

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En la “mañanera” de este martes 18 de abril, el presidente AMLO planteó la posibilidad de dar por concluida la emergencia causada por la pandemia de Covid-19 o SARS-CoV-2 que inició allá en la primera mitad del 2020 y que tantos estragos le causó a la economía, a la salud y a la vida de las familias.

La aplicación de vacunas y la buena respuesta—lenta, pero segura—, de la población a las medidas sanitarias sugeridas por las autoridades de salud ayudaron a que la proliferación del terrible mal que le quitó la vida a más de 300 mil personas—cifra oficial—, en el país ha ido abriendo los espacios de convivencia a lo largo de los últimos meses.

Como se recordará, a mediados del año pasado se decretó el final del uso obligatorio del cubrebocas en lugares públicos, salvo en aquellos muy congestionados, así como el reinicio de las clases presenciales en todos los niveles educativos.

Las cifras del sector salud indican que, ciertamente, la tendencia va a la baja, pero no de manera suficiente como para decirle “te gané” al remaldito virus.

El informe del Gobierno del Estado, del pasado 12 de abril indica que, en la semana reciente, se presentaron 118 nuevos casos confirmados.

De esos, por fortuna, ninguno ameritó hospitalización, aunque sí se registraron dos defunciones.

Sin embargo, la tendencia ha ido cuál si fuera una montaña rusa, pues en la semana 9, primera del mes de marzo, se registraron 166 casos por inicio de síntomas; a la siguiente, también en marzo, 222 y en la 11, 214.

Es decir, que el SARS-CoV-2, Coronavirus o Covid-19 todavía no está vencido y da sus coletazos, como ese “levantón” que dio en pleno mes de marzo, cuando el clima en Chihuahua ya era más benigno.

En la semana 13, la más reciente, fueron 163 casos, bastante menos que en marzo, pero todavía son muchos.

A ver qué determinan los especialistas, pero que nadie se compre la idea de que el Covid ya se fue. La OMS lo anunció desde hace tiempo: es una enfermedad que llegó para quedarse.

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En las oficinas de la Secretaría de Hacienda hay preocupación por el trato presupuestal que podría recibir Chihuahua en los años próximos, los recientes incluso, por la pérdida de población y la reducción de la marginación.

Esto, porque el reparto de los ingresos federales participables se hace mediante una serie de fórmulas a cuál más de intrincadas que, de una forma o de otra, se basan en la cantidad de habitantes que tiene cada entidad y la población en condiciones de marginalidad con que cuentan.

En ambos casos, Chihuahua va perdiendo. Primero la buena que traerá una mala: el incremento a los salarios en la franja fronteriza permitió elevar la condición socioeconómica a miles de trabajadoras y trabajadores juarenses, lo que motivará una reducción en la población marginada de ese que es uno de los 10 centros urbanos más poblados del país.

Sin embargo, las condiciones de miseria siguen ahí y la llegada de migrantes nacionales y extranjeros que demandan trabajo, vivienda y servicios no va a parar.

En cuanto al resto del estado, Chihuahua tiene una de las tasas de natalidad más bajas del país, según el Inegi, y tiene un déficit migratorio considerable, es decir, que se va más gente de la que llega a establecerse.

Desde que se publicaron los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2010 se asomó el fantasma de la pérdida de recursos federales por la fuga de población, particularmente de los municipios rurales.

La tendencia siguió y a ver cómo nos trata el reparto fiscal en los años por venir.