El regreso de Geo Bujanda a su curul del Congreso del Estado dejó vacante el estratégico puesto de Secretaria General de la UACh y, hasta antes del fin de semana pasado, no había señales claras de quién ocuparía ese cargo.

Aunque todas las señales apuntaban hacia el exdirector de la Facultad de Medicina, Luis Carlos Hinojos Gallardo, lo cierto es que ya han pasado más de quince días desde la renuncia de la diputada panista, y todavía no llegan señales claras desde el Olimpo de la burocracia chihuahuense.

Hasta los oídos de esta informativa Doña llegó la versión de que los beneplácitos del Palacio de Gobierno apuntaban ya hacia la exdiputada local por el PRI, Liz Aguilera.

La distinguida priista había andado “con tenis”, sin hacer mucho ruido, pero cada vez está más cerca de llegar al puesto No. 2 de la gigantesca casa de estudios—gigantesca por presupuesto, no por logros académicos, vale aclarar—, que dirige actualmente el primer primo del estado, Luis Alfonso Rivera Campos.

Si de trayectoria académica hablamos, Liz Aguilera no debería tener mayor cuestionamiento para llegar a un alto cargo en la rectoría de la UACh.

Sus cargos dentro de la universidad chihuahuense han recorrido desde la Facultad de Contaduría y Administración, pasando por su “alma mater”, la Facultad de Derecho, hasta la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Lo que llama la atención es el curso de su vida política, siempre ligada al duartismo. Vale recordar que, allá por el 2010, cuando César Duarte se postulaba para encabezar el Gobierno del Estado, Liz fue la única mujer que el PRI apuntó como candidata a una diputación de mayoría para el Congreso del Estado.

Una, ¡de 22 posibles! Vaya disparidad de género, y la hoy encargada de la Defensoría de Derechos Universitarios, nada dijo.

Ya investida como diputada, estuvo en la siempre estratégica comisión de Fiscalización, durante la época en que el duartismo contrató la mayor parte de la deuda que ahora paga el Gobierno del Estado, y cuyo destino final se desconoce.

De ahí pasó a ocupar la secretaría de la Función Pública, en cuyo cargo le tocó recibir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios que luego terminaron acusados o, de plano, encarcelados por presuntos desvíos de recursos públicos.

Ahora, Liz camina tranquila rumbo al segundo piso de la Rectoría, según comentan. Vaya que el duartismo deja, y bastante. ¡Cuánto orgullo sentirá el precursor de esa corriente política!

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Ya nos hemos ocupado en este alharaquiento espacio de la incongruencia del partido propiedad de Rubén Aguilar, el PT, al mantenerse como aliado de la 4T en el ámbito nacional, mientras que en el estatal se pasea por las calles como un destacadísimo miembro del bloque PRIAN y el cascajo del PRD.

Ahí lo hemos visto, ya votando a favor de lo que llega desde el Palacio de Gobierno, o bien, guardando silencio en torno a temas que son parte de la primera línea de combate de la corriente política que encabeza el presidente AMLO, como el de los Libros de Texto Gratuitos. Y ni qué decir de la mansa sumisión de sus regidores en los ayuntamientos gobernados por los partidos que hoy forman el Frente Amplio por México.

La alianza-negociación con el PRIAN gobernante ha llegado a un grado tal que hasta formaron parte de la puñalada trapera que le dieron al morenismo para elegir, primero, y reelegir después a Adriana Terrazas como presidenta del Congreso del Estado.

Llama la atención, y ya es cuchicheo en los corrillos del grillerío local, la lejanía del petismo respecto a los operadores de la campaña de Claudia Sheinbaum, ahora candidata a la Presidencia de la República y “depositaria” del bastón de mando de la 4T.

Ni un comentario, felicitación o presencia notoria en el ámbito político local para manifestar su “Claudismo” o, al menos, desmarcarse del “Xochilismo”, no.

Allá en Ciudad México, tal vez, pero acá en la capital de Chihuahua, el prian-petismo es lo que manda.

Ahí está el “post” de la regidora Hanoi Aguilar, hija de Rubén, con el exgobernador José Reyes Baeza, priista hasta la médula y ahora operador del frente anti AMLO. ¿Y una fotito con Claudia, no tendrán por ahí, o será que con Morena “ni a la esquina”?

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Como si los datos de mortandad, homicidios y feminicidios no nos apenaran lo suficiente como chihuahuenses, los que publica el INEGI en materia de suicidios son como para apenarse, encender alarmas y poner manos a la obra, de manera urgente.

Para no variar, ahí estamos en primer lugar de muertes por lesiones autoinfligidas, con una tasa de 11.2 suicidios por cada 100 mil habitantes.

Para que le midamos el agua a ese caldero, la cifra de Chihuahua casi duplica al promedio nacional, que fue de 6.3, y quedó lejos de los otros primeros lugares del país: Yucatán (9.6) y Aguascalientes (8.8).

Ni qué decir de los rangos registrados en las entidades con menor índice de suicidios: Oaxaca, Veracruz y Guerrero, con 2.8, 2.3 y 2.0, respectivamente.

Dato curioso, como para hipótesis de trabajo de un estudioso de fenómenos socioeconómicos: dos de los tres estados con menos suicidios, Oaxaca y Guerrero, suelen aparecer entre los más rezagados en materia económica.

Pero volviendo al tema del suicidio o la lesión autoinfligida, ya hemos visto la estadística que nos indica cómo ese lamentable fenómeno afecta principalmente a la población joven, donde aparece como una de las principales causas de mortalidad en esos rangos de edad.

Lo que ha alarmado a especialistas consultados por esta columna es la falta de preparación de autoridades e instituciones de salud para afrontar ese fenómeno, y en general la problemática de la salud mental.

Actualmente, no solo hay un elevado déficit de especialistas en psiquiatría—hay algunos que no tienen cita disponible para los próximos meses—sino también, una falta de especialización en materia de suicidio entre los profesionales de la psicología.

No es consuelo, ni mucho menos, pero esto de que Chihuahua encabece las estadísticas de suicidio no es novedad. Es un problema que se viene arrastrando desde hace años y, aún hoy, después de tan penosas experiencias, no hay un programa que haya arrojado resultados que permitan la disminución de esos lamentables sucesos.

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En plena pandemia por Covid-19, cuando todas las instancias de gobierno debieron acentuar la pulcritud de las operaciones de todo tipo, pero muy en especial las relacionadas con el sector salud, la administración de Javier Corral le compró medicinas a una empresa “cachirul”.

Se trata de “Copiher, Comercializadora y Prestación de Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V.”, a la que le otorgaron contratos por 65.2 millones de pesos, a pesar de que no estaba al corriente de sus obligaciones fiscales.

Lo peor del caso no es que haya estado atrasado en eso que es un requisito indispensable para venderle al Gobierno del Estado hasta un lápiz, sino que falsificaron documentación para hacer como que sí estaban en orden.

A ver si les entendimos: le dieron contratotes por un monto acumulado de 65.2 millones “del águila” a una empresa que no se toma la molestia de contratar a un contador para que le haga las declaraciones fiscales en tiempo y en forma.

La cosa no para ahí, sino que, con esa documentación de a mentiritas, consiguió los contratos por la cómoda vía de la adjudicación directa, para ser proveedor del Programa para la Atención de Contingencias Sociales COVID.

¡Fíjate qué suave! Mientras que a otros proveedores les piden hasta la fe de bautismo para admitirlos en las licitaciones de contratos de obra o de proveeduría, a la empresa de marras hasta le echaron “la manita” para que pareciera como que sí andaba en orden con el SAT.

No por nada, la Auditoría Superior del Estado promovió una acción contra los ejecutivos de esa empresa ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el TEJA, y éste ya bajó la guillotina y dejó inhabilitada por dos años a la proveedora “cachirul”. A ver si así aprende a presentar en orden sus obligaciones.

Lo trascendente del caso es que la sanción no solo le pegará a la empresa, sino al particular que la representaba, por lo que se sentará todo un precedente en el que las inhabilitaciones no alcanzan solo a servidores públicos, sino a personas físicas o morales que hagan chanchullos a la hora de hacer tratos con las instancias de gobierno.

Ahora falta que la autoridad fiscal se ponga la pila y sancione a esa empresa y a su representado por andar falsificando documentos.