En un solo año, 609 infantes fallecieron en instituciones públicas, de los cuales 296 estaban a cargo de la Secretaría de Salud y 261 en el IMSS, afirmó la diputada Jael Argüeyes Díaz (Morena), secretaria de la Comisión de Salud del Congreso del Estado.
Al presentar una iniciativa para exhortar al Gobierno del Estado a que instrumente políticas públicas dirigidas específicamente a reducir la muerte infantil, la legisladora dijo que Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en muertes de menores de cinco años.
Además, agregó, es el segundo lugar a nivel nacional en fallecimientos de niños de entre uno a cuatro años de edad.
A ese respecto, calificó de alarmante el hecho de que haya más casos de fallecimientos infantiles en hospitales del sistema estatal que en los del régimen federal, pese a que el IMSS tiene al 64 por ciento de los afiliados.
Por tal motivo, propuso el exhorto de parte del Congreso del Estado dirigido a la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) para que desarrolle una política pública integral.
En esta, deben involucrarse instituciones municipales, estatales y federales, con el fin de generar acciones que reduzcan eficientemente la mortalidad infantil, principalmente en comunidades vulnerables, dijo.
Argüelles Díaz, quien es médico de profesión, mencionó en su discurso que la mortalidad de menores de cinco años tiene diferentes clasificaciones de acuerdo a las variables que se midan.
Por una parte, mencionó, la tasa de mortalidad infantil, la cual hace referencia a la muerte de un bebé que ocurre entre el nacimiento y el primer año de edad.
Si el bebé muere antes de los 28 días, la muerte también se puede clasificar como mortalidad neonatal y tasa de mortalidad de niños en edad preescolar.
Es por ello que realizó la propuesta de generar una estrategia integral e interinstitucional que promueva los objetivos relacionados con la reducción de las morbilidades y la mortalidad infantil.
Dicha estrategia debe ser coordinada por Sipinna, en los términos de sus atribuciones, como participar en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Conocemos de diversas iniciativas que se realizan por varias instituciones, pero es necesario conjuntar esfuerzos y multiplicar las acciones para reducir las vidas perdidas, con particular énfasis en niñas, niños y adolescentes indígenas que sufren múltiples vulneraciones a sus derechos”, puntualizó.
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