Un grupo de expertos en diversas disciplinas se reunió en mesa técnica de análisis para revisar el caso de la desaparición de ocho miembros de la familia Muñoz registrada en el año 2011, en Anáhuac, Chihuahua.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que estableció una mesa técnica para recabar las opiniones de un grupo de expertos en diversas disciplinas, con el fin de con el fin de establecer las estrategias que se implementarán para esclarecer el caso.
La FGE detalló que el grupo multidisciplinario busca nuevas estrategias y acciones de búsqueda alternativas que pudieran implementarse para dar con el paradero de las víctimas.
“Tanto las investigaciones como y la búsqueda de las víctimas se mantienen vigentes hasta el día de hoy, y a través de este tipo de ejercicios de colaboración interdisciplinaria, la Fiscalía General del Estado busca sentar precedentes sobre la forma de resolver casos que implican violaciones graves a Derechos Humanos”, estableció la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Apenas el mes pasado, cuando se cumplieron doce años de la desaparición, el Centro de Derechos de las Mujeres (Cedehm) publicó una exigencia para que se reconozca el caso como desaparición forzada y se realice una investigación que contemple los principios rectores de búsqueda.
“Que se investigue y sancione a todas las personas que resulten responsables y se siga como principal línea de investigación la participación de agentes del Estado”, reclamó el Cedehm.
LA HISTORIA DE LA DESAPARICIÓN
De acuerdo con el expediente de Cedehm, hace 12 años la familia Muñoz se reunió para celebrar el Día del Padre en la comunidad de Anáhuac, en el estado de Chihuahua, cuando unas personas llegaron a agredirles.
Aunque pidieron auxilio, los policías municipales no actuaron y se retiraron. Al anochecer llegó un grupo de hombres armados que portaban insignias y uniformes de la policía federal. Sin mediar palabra y con lujo de violencia golpearon y se llevaron a los hombres de la familia Muñoz en vehículos particulares.
En su exigencia pública, Cedehm insiste que en la carpeta de Investigación existe información importante sobre el involucramiento en los hechos de la Policía Municipal.
“Desde entonces, nada se sabe del paradero de Toribio Jaime Muñoz González, Guadalupe Muñoz Veleta, Jaime Muñoz Veleta, Óscar Muñoz Veleta, Hugo Muñoz Veleta, Nemesio Solís González, Luis Romo Muñoz y Óscar Guadalupe Cruz Bustos”, reporta la organización que acompañamiento a varias familias de víctimas de desaparición forzada.
Afirma que pese a la información que existe sobre la probable participación de fuerzas de seguridad del Estado en la desaparición de la familia Muñoz, la Fiscalía de Chihuahua nunca ha seguido el caso por desaparición forzada.
Informa que actualmente existe una persona detenida y en espera de juicio, acusada únicamente por robo agravado, mientras que la mayoría de los perpetradores continúan libres.
“Inicialmente, a la persona que se encuentra detenida, se le imputó por el delito de desaparición cometida por particulares y robo agravado; sin embargo, un Magistrado del Poder Judicial de Chihuahua, resolvió que únicamente se siguiera su proceso por robo agravado, bajo el argumento de que al momento que se cometieron los hechos, no existía el delito de desaparición por particulares”, detalla Cedehm.
La organización destaca que la decisión del magistrado, es claramente contraria a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que considera el carácter permanente o continuo de las desapariciones.
Explica que ese delito se sigue cometiendo permanentemente hasta que no se encuentre a la persona desaparecida y, por tanto, tal como se establece, en las investigaciones de personas que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y que aún no se haya comenzado proceso frente alguna autoridad judicial, éste se deberá seguir por los delitos como se clasifican en la misma.
Frente a esa situación, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres mantiene vigente un Juicio de Amparo para que se aplique la Ley General de Personas Desaparecidas y se reconozca el delito de desaparición por particulares en este caso.
“Al mismo tiempo, nos mantendremos en la exigencia de que se haga «justicia completa» esto implica: que se procesen el total de personas responsables, que se siga el caso como desaparición forzada y que haya una reparación integral para las demás personas integrantes de la familia”, concluye el reciente posicionamiento de Cedehm.
LA REACTIVACIÓN DEL CASO
La Fiscalía General del Estado informó qué instancias participaron en la mesa técnica para reactivar el caso.
El grupo de especialistas estuvo conformado por la fiscal especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, Ada Miriam Aguilera Mercado; la fiscal de distrito de la Zona Occidente, Silvia González Gutiérrez; el coordinador de la Unidad de Atención y Respuesta, Jesús Fernández; el coordinador de la Unidad de Investigación de Desaparición Forzada, Armando Acosta, así como el comisionado local de Búsqueda, Víctor Alfredo Hinojos Paredes.
También participaron representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda y la representación legal de las víctimas.
“Sobre este caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó al Estado Mexicano la implementación de medidas cautelares a favor de las víctimas indirectas, con motivo de los hechos delictivos que derivaron en la desaparición de ocho miembros de una familia que dieron origen a las medidas MC-391-12, en el lugar conocido como Seccional de Anáhuac en la zona occidente del estado”, indicó la FGE en comunicado de prensa.
