acoso laboral

La muerte del médico residente Luis Abraham Reyes Vázquez, ocurrida el pasado 1 de junio en la ciudad de Monterrey, ha motivado una serie de denuncias públicas sobre presunto acoso laboral y condiciones adversas dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Egresado de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), trabajaba como médico residente en la clínica del IMSS ubicada en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Reyes, de 25 años, era originario del estado de Chihuahua, laboraba en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS en Nuevo León, cuando decidió quitarse la vida, agobiado por un acoso laboral que lo llevó a la condición de estrés extremo.

Su cuerpo fue localizado sin vida en su domicilio. Aunque las autoridades investigan el caso como un posible suicidio, compañeros y exresidentes del mismo hospital han denunciado públicamente un entorno laboral hostil.

Alarmante, la explotación a médicos, denuncian

A través de redes sociales y comunicados, residentes de la UMAE 25 señalaron que el joven médico fue víctima de violencia psicológica y acoso por parte de personal de mayor jerarquía.

También reportaron que las jornadas de trabajo superaban con frecuencia las 16 horas continuas, con escaso tiempo para descanso, alimentación o recuperación física.

Luis Ángel López, exresidente del área de Urología, ofreció su testimonio sobre las condiciones en ese centro médico. Afirmó haber enfrentado maltrato constante, jornadas desde las tres de la madrugada hasta la noche, y amenazas académicas que lo llevaron a renunciar a su formación médica en el IMSS.

En respuesta, el director de la UMAE No. 25, José María Sepúlveda Núñez, informó que se ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y revisar si existieron omisiones en los mecanismos institucionales para atender los casos de acoso.

Aseguró que en el expediente del médico fallecido no se encontraban reportes previos de hostigamiento, pero exhortó al personal a utilizar las vías oficiales para denunciar situaciones de maltrato o presión indebida.

El fallecimiento de Reyes Vázquez ha reactivado el debate sobre las condiciones en las que médicos residentes realizan su formación especializada en instituciones públicas del país., mientras que organizaciones médicas han reiterado su llamado a revisar los esquemas de carga laboral, supervisión y atención a la salud mental del personal en formación.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha emitido un informe final sobre las causas del fallecimiento.

El 100 por ciento de los trabajadores de la Comisión Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura (Coesvi) fueron certificados en el tema “Prevención del acoso y hostigamiento sexual y laboral” por el Centro de Capacitación y Desarrollo (Cecade).

Personal y directivos de la dependencia tomaron el taller sobre cómo propiciar el trabajo digno y decente en todas las relaciones laborales.

En el curso se trabajó en las maneras de evitar que se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión y la discriminación, y que repercuten negativamente en el entorno profesional.

Al respecto, el director general de la Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez, resaltó la importancia de alentar a los empleados gubernamentales a que se capaciten e informen acerca de conductas que hoy por hoy no deben ser normalizadas, para crear una cultura de respeto y tolerancia en la sociedad.

“La misma gobernadora Maru Campos, ha exigido que los funcionarios estén comprometidos con el servicio público, que predomine el respeto entre hombres y mujeres por igual y que se evite cualquier acto en donde se aproveche para agredir, en lo laboral, desde una posición jerárquica”, apuntó.

Con la finalidad de mejorar las condiciones laborales de las y los chihuahuenses, integrantes de la Comisión de Igualdad, aprobaron en positivo el proyecto de dictamen por medio del cual se propone reformar el Código Administrativo, y la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambos del Estado.

El mobbing o acoso laboral es un problema que afecta a una gran proporción de trabajadores, para los que, acudir a su puesto de trabajo resulta una pesadilla y que en muchos casos ello culmina en renuncia de las víctimas de acoso laboral, o inclusive en suicidio de quien sufre este tipo de hostigamiento, dijo la diputada Ivón Salazar.

En las adecuaciones a los ordenamientos estatales, se incluye la actualización del concepto de violencia laboral y docente, para incorporar dentro del acoso los conceptos de hostigamiento y los malos tratos; dichas definiciones de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral, emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal.

Cabe mencionar que una vez aprobado el proyecto de dictamen, éste será presentado ante el Pleno de la 67 Legislatura en Sesión Extraordinaria.

Por otra parte, es importante mencionar que dentro de la misma reunión, se analizaron otros asuntos, entre ellos, el relativo a reformar el Código Civil del Estado con el propósito de implementar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

Asimismo, los relacionados a reformar la Constitución Política; las leyes Orgánica del Poder Ejecutivo y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, todos ordenamientos del Estado, a fin de promover la igualdad y contribuir a la eliminación de la brecha salarial por género.

Por último, el referente a adecuar la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para promover acciones encaminadas al reconocimiento progresivo del derecho de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y establecer los medios y mecanismos tendientes a la convivencia sin menoscabo del pleno desarrollo humano.

La diputada del PRI, Ana Georgina Zapata Lucero, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para que sea obligatorio la aplicación de encuestas anónimas al interior de las empresas al menos dos veces al año, con el fin de conocer los índices de acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento sexual que existe al interior de los lugares de trabajo.

Georgina Zapata expuso que el acoso laboral es una forma de violencia silenciosa e invisible, que estadísticamente se ejerce más contra la mujer y en muchos casos no existe sanción alguna aplicable al patrón o empresa, pues en la mayoría de los casos se despide a la trabajadora o trabajador, o se le obliga a renunciar.

La diputada explicó que Chihuahua esta dentro de las entidades con mayor prevalencia de violencia laboral que viven las mujeres en el país, con una tasa de 38.8 %, por encima de Ciudad de México con 34.6% y Baja California con 34.4 %.

“Chihuahua lidera en el país como el estado en que más casos de acoso u hostigamiento sexual y violencia contra la mujer son reportados por cada 100 mil habitantes al servicio de emergencias 9-1-1, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, explicó.

La diputada local dijo que tan solo entre enero y julio de 2023, el Secretariado registró en el estado 33 mil 512 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, en comparación con las 33 mil 953 del Estado de México y las 49 mil 658 de la Ciudad de México.

También se coloca en el primer sitio, con 15.94 llamadas por cada 100 mil habitantes en las que se denuncian conductas donde una persona se aprovecha de tener una posición jerárquica superior respecto a otra para privarla de su libertad y seguridad sexual, asediando reiteradamente para la realización de un acto sexual, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia.

“A pesar de que Chihuahua es uno de los estados con mayor efectividad, lo cierto es que muchas de las víctimas de acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento sexual en sus lugares de trabajo no realizan denuncias, por lo que buscamos con esta iniciativa es que se vaya directo a los lugares de trabajo para generar una estadística mas real y con esto comenzar a tomar medidas, realizar acciones e implementar programas y políticas públicas con la finalidad de erradicar este tipo de violencia”, concluyó Zapata Lucero.

Las modificaciones que adicionar a las fracciones XXIII, XXIV y XXV al artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en la que se pide a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social coordinarse con la Iniciativa Privada, Sindicatos, Fiscalía General del Estado, Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado e Instituto Chihuahuense de las Mujeres, para aplicar las encuestas anónimas, dos veces al año.

Evaluar los resultados y proponer las medidas necesarias, diseño de acciones, programas, y políticas públicas para erradicar el acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento sexual, así como tener convenios con el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado para coadyuvar en los procesos de capacitación a las empresas y al personal que labora en ellas.

La propuesta fue turnada para su análisis y evaluación, se espera que sea dictaminada y votada antes de que concluya la actual legislatura.