Antonio Tarín

Con más de 15 coronas de flores, esta tarde se realizó la velación de Antonio Enrique Tarín García, exfuncionario de la administración estatal de César Duarte que se quitó la vida el pasado viernes.

“El mejor papá y compañero de vida. Te amamos para siempre. Está escrito”, expresó su esposa Luisa, quien acompañaba a la madre de Antonio durante su duelo.

La señora García, madre del fallecido, lloraba desconsoladamente, presa del pesar y la afición por el hijo al que recordaba como una buena persona, excelente padre de familia y compañero.

Según comentarios de los amigos y familiares del fallecido, Antonio dejaría a su hija de 5 años y a sus padres, quienes lo consideraron una excelente persona, víctima de la ansiedad.

Antonio Tarín nació en Hidalgo del Parral en 1976, y esta mañana fue cremado y velado en los recintos de Mausoleos Luz Eterna en Chihuahua, de 12:00 a 22:00 horas, para continuar hasta el día de mañana a las 12 del mediodía.

Entre las coronas de flores, se apreciaban envíos de la Fundación Index y el Cluster Aeroespacial de Chihuahua, entre otros.

Como servidor público, fue director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, y estaba obligado a pagar una fianza de cinco millones de pesos, como parte de las medidas cautelares que se le aplicaron en la causa penal que se seguía en su contra por presuntos actos de peculado por el desvío de 2 millones 400 mil pesos.

No obstante, al momento de su muerte aún se encontraba en proceso, portaba el brazalete geolocalizador por estar sujeto a una causa penal.

El nombre de Antonio Enrique Tarín García apareció a lo largo de diversas investigaciones de presuntos actos de corrupción que se habrían cometido durante la gestión del gobernador César Duarte Jáquez.

No solo eso, también aparece, presumiblemente, en la denuncia que un testigo protegido bajo el “criterio de oportunidad”, interpuso contra el exfiscal especializado que llevó la investigación en su contra, Francisco González Arredondo.

Información publicada por el exgobernador Javier Corral Jurado en su periódico digital “La Resistencia”, el testigo protegido, en su calidad de “Denunciante”, relató que su jefe directo, Antonio Tarín, le pidió poner en orden la documentación de las empresas fachada que se utilizarían para los desvíos de la Operación Safiro”.

El diario, que afirma haber tenido acceso al expediente que se le sigue al González Arredondo, señala que Tarín García había sido clave en la instrumentación de la “Operación Safiro”, con la cual se desviaron más de 200 millones de pesos del erario estatal hacia las campañas del PRI en las elecciones del 2015.

El testigo, identificado como “El Denunciante”, declaró ante el Ministerio Público que los recursos antes mencionados se entregaron a las compañías Sisas, Sinnax, Samex y Despacho de Profesionistas Futura.

Todas ellas se constituyeron en el mismo día, ante el mismo notario público y con domicilios fiscales ubicados en terrenos baldíos o en casas de personas de bajos recursos.

Tiempo después, Antonio Tarín le dijo que las citadas empresas ya no iban a mandar más documentación. Ante lo anterior, continúa El Denunciante, “me da la orden de que regularice todo, es decir, que me invente todo, y me ponga a trabajar en la documentación faltante”.

“Me dijo que era una orden directa del entonces gobernador del Estado, César Duarte. Es así como se cumplió con el compromiso de entregar los 250 millones de pesos al PRI nacional”, dijo en la averiguación contra González Arredondo.

González Arredondo estuvo a cuyo cargo la integración de los expedientes de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua” que emprendió el gobierno de Javier Corral para investigar y sancionar presuntos actos de corrupción cometidos en el sexenio de Duarte.

En la parte final del periodo de Corral, el ex “fiscal anticorrupción”, como se le llamaba en términos mediáticos, asumió la titularidad de la Fiscalía en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada.

El 22 de noviembre, González Arredondo fue detenido por efectivos de la Fiscalía General del Estado. Se le acusaba de haber aplicado tortura psicológica contra el testigo que ahora se identificaba como “El Denunciante”.

El proceso contra el exfiscal, que aún sigue su curso, pero ahora en instancias federales, tiene inscrito en diversos puntos el nombre de Antonio Enrique Tarín García.

La mañana del 7 de abril del 2023, la Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de Tarín García por suicidio.

En el mismo comunicado donde ratifica la identidad de la persona que había saltado desde un puente elevado de la avenida Homero, al norte de la ciudad, la dependencia informó que las causas contra Tarín quedaban sobreseídas.

Antonio Enrique Tarín García, el fallecido exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, estaba obligado a pagar una fianza de 5 millones de pesos, como parte de las medidas cautelares que se le aplicaron en la causa penal que se seguía en su contra por presuntos actos de peculado por el desvío de 2 millones 400 mil pesos.

Fue el 12 de octubre de 2021 cuando un tribunal federal confirmó la resolución de un juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, en la ciudad de México, quien le impuso al exfuncionario la medida cautelar económica, así como la prohibición de salir del país, acercarse a otros testigos y la obligatoriedad de portar un brazalete, mismo que tenía al momento de su muerte.

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Tarín García fue detenido en mayo de 2017 en una vivienda ubicada en avenida Insurgentes y calle Circuito, en la Ciudad de México, acusado del desvío de recurso antes mencionado, pero señalado también en otras cinco carpetas de investigación, por las cuales no fue procesado.

Días antes de su captura, intentó asumir la diputación federal por el Distrito IX con cabecera en Hidalgo del Parral, en sustitución de Carlos Hermosillo Arteaga, quien había fallecido en un accidente de carretera.

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Sin embargo, le fue negada su petición y, con ello, quedó sin la protección del fuero constitucional.

Tras una larga lucha judicial, el 29 de marzo de 2021, un tribunal colegiado confirmó la sentencia en su contra, misma que había dictado un Tribunal de Enjuiciamiento el 19 de julio de 2019.

De acuerdo con el fallo emitido por el tribunal colegiado, el Ministerio Público de Chihuahua demostró que de julio a septiembre de 2016 Tarín García, en complicidad con otros servidores públicos, desvió la cantidad de 2 millones 420 mil pesos del erario de Chihuahua.

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En su alegato contra las medidas cautelares, Tarín aseguró que no tenía recursos para pagar una fianza de esas dimensiones, pese a que inicialmente era de 50 mdp, ya que los años que llevaba en proceso, sin poder trabajar, lo habían dejado sin ingresos.

El tribunal desestimó los argumentos del acusado y sostuvo el fallo.

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Al momento de su muerte estaba en proceso por esa causa y aún portaba el brazalete; se desconoce si había cubierto la fianza.

El esclarecimiento “total” de la muerte de Antonio Tarín García es lo que se pide por parte del diputado de Morena, David Óscar Castrejón Rivas.

Dijo que se tiene que revisar no solamente el cuerpo sino las condiciones en las que se dio el hecho y si estaba bajo el influjo de algún tipo de sustancia o droga.

El también abogado señaló que la muerte de este exfuncionario en la administración de César D. J., refleja el tortuguismo que se vive en la justicia chihuahuense, ya que a más de cuatro años de su detención, aún no se tiene claridad y certeza en la forma en la que se lleva a cabo ese caso; no hay sentencias o bien se desconoce éstas.

“Nosotros en el Congreso hemos pedido que se nos informe cuál es el estado de las más de 16 sentencias que se han dictado con respecto a lo que se llamó los Expedientes X de los Duartistas, y siempre se vota en contra”, recalcó.

En este caso, dijo que el exfuncionario moriría siendo inocente y en caso de contar con bienes estos serían heredados a sus familias, sin embargo, extraoficialmente tiene conocimiento de que existe una sentencia en el tema.

Dijo que el fiscal César Jáuregui debe dar a conocer las circunstancias en las que murió y si tenía medida cautelar debe informar cuál era; en en el caso del brazalete debe decir cuáles eran las condiciones de movilidad que tenía.

Enfatizó que se tiene que transparentar el hecho de que salió de madrugada y se tiró de un puente, ya que se cuentan con cámaras necesarias para conocer la verdad en el tema.

El diputado especificó que en el caso de la medida cautelar que se lleva a cabo con el uso de la pulsera electrónica existen lineamientos como el no poder salir de la casa, el estado o el país, según lo especifique la condena.