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En medio de un airado debate a propósito de la masacre en el Cereso número 3 de Juárez, el diputado por Morena, Gustavo de la Rosa Hickerson, “renunció” a su fuero constitucional para que se le investigue por la publicación de las fotografías de los custodios asesinados aquel día.

Subido de tono, el morenista por Juárez se ofreció a presentarse ante el Ministerio Público, e incluso ante el Fiscal General del Estado (FGE), para que se le investigue, si es que se comprueba que fue él quien difundió las fotografías donde se aprecia la imagen de las víctimas de los sicarios que provocaron la fuga de 30 internos del CRESO aquel primero de enero del 2023.

Su postura fue en respuesta a un punto de acuerdo presentado por el panista Gabriel Ángel García Cantú, para pedirle a aquel que se disculpara por haber publicado las mencionadas fotos.

En una prolongada exposición, el panista puso en duda la vocación derechohumanista del De la Rosa, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, por haber difundido las imágenes en cuestión.

En respuesta, Óscar Castrejón, de Morena, dijo que ningún diputado puede ser reconvenido por sus expresiones, de ahí el fuero constitucional, pero además—dijo—nadie en el Congreso del Estado “ha dicho nada por la difusión de las fotos de las víctimas de la Guardia Nacional en Jiménez”.

De la Rosa retomó la palabra para recordar que él sí demandó a un gobernador “asesino” y a su procurador por haber ordenado el asesinado del activista Diego Lucero y de otras dos personas. Se refería al gobernador Oscar Ornelas y al entonces procurador, Antonio Quezada Fornelli. “Lo hice cuando era estudiante de la Facultad de Derecho”.

“Yo sí lo hice, porque no soy corrupto ni soy cobarde, ni soy panista”, exclamó.
Al final, la Diputación Permanente, con la votación del PRI y PAN, aprobaron el punto de acuerdo donde se le exige al diputado morenista que se disculpe, pero no secundaron su petición de separarse del cargo.

El recién destituido Luis Alfonso Harris podría ser procesado penalmente por los hechos de motín y fuga ocurridos el pasado 1 de enero, advirtió el secretario general de gobierno, César Jáuregui.

El ahora exdirector de los Ceresos está sometido a una exhaustiva investigación y está expuesto a ser procesado por los hechos en los que murieron internos y custodios.

“Todos estamos sujetos a investigación siempre, ya se sabrá de más indagatorias que está realizando la propia fiscalía qué grado de responsabilidad pueda tener”, advirtió el funcionario estatal.

Resaltó además que la gobernadora Maru Campos está analizando ya los perfiles para el nombramiento del nuevo responsable del sistema penitenciario estatal.

Jáuregui destacó que lo más importante ahora es nombrar a un funcionario que garantice una renovación integral y profunda del sistema penitenciario.

La gobernadora Maru Campos lanzó un llamado a todos los actores políticos y de la sociedad para no politizar los acontecimientos recientes.

“No politicemos estos terribles acontecimientos; sí, por supuesto que en el Gobierno del Estado asumimos la responsabilidad correspondiente y por eso tomamos acciones contundentes para cambiar el problema de inseguridad, así como del sistema penitenciario”, dijo.

Destacó que la violencia y particularmente la generada en los penales, en un cáncer de años que afecta a todo el país y que hoy se viven las consecuencias de la corrupción en inacción de generaciones y administraciones del pasado reciente.

Destacó que su administración pondrá orden en la entidad y que nadie puede dañar la integridad, el patrimonio de la ciudadanía y salir impune.

Maru Campos

Aseguró que la fuerza del estado es cada vez más apta para proteger a los ciudadanos y será usada con toda contundencia.

Señaló que continuarán patrullajes y operativos por tierra y aire reforzados por 75 drones tácticos para neutralizar cualquier manifestación de violencia.

La gobernadora indicó que el compromiso de este Gobierno “ha sido y seguirá siendo, poner en orden la casa para arrancar el problema de fondo y dar soluciones definitivas a los juarenses”.

“A la ciudadanía, no le sirve de nada ver a los políticos echando culpas. Lo que los juarenses necesitan son resultados”, añadió.

Al inicio de su mensaje, la gobernadora confirmó el cese del director del Cereso Estatal en Juárez, una exhaustiva investigación al interior del penal y la búsqueda y captura de los prófugos.

El bloque mayoritario PRI-PAN votó en contra de un punto de acuerdo presentado por Morena para solicitar a la gobernadora Maru Campos Galván la remoción del fiscal general estatal, Roberto Fierro Duarte.

La propuesta de la bancada morenista contemplaba que el Congreso inicie un proceso de remoción, de acuerdo al artículo 93, fracción XXII, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

El coordinador de la bancada morenista, Cuauhtémoc Estrada Sotelo presentó el punto de acuerdo en la sesión permanente, donde afirmó que la fuga de reos y masacre de custodios ocurrida en el CERESO 3 de Juárez “exhibe un fracaso en la estrategia”.

El diputado recordó que Morena dio el voto de confianza a la propuesta de la gobernadora, pero ante las circunstancias actuales, “lo saludable, ético y correcto” es pedir la renuncia voluntaria del fiscal.

“El retiro voluntario del Fiscal es sano, deseable y necesario, pues le permite a la Gobernadora hacer un nuevo nombramiento y someterlo a la aprobación del Congreso”, dijo.

Luego, cuestionó si es necesario repetir los hechos del primero de enero y de agosto pasado para justificar el retiro del fiscal y su equipo de colaboradores del centro penitenciario.

¿Qué no han sido suficientemente claras las evidencias encontradas dentro del penal y los hechos lamentables de pérdida de vidas humanas?, preguntó el diputado.

Sin embargo, ante la negativa que pudiera manifestar el fiscal, el punto de acuerdo busca que la Gobernadora, en términos de lo que dispone el artículo 93, fracción XXII, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, someta a la aprobación de esta asamblea legislativa, la remoción del cargo de Fiscal General del Estado.

Agregó que otro de los objetivos es la apertura inmediata de la investigación, no solo en contra de quienes cometieron una serie de actos delictivos en el penal y fuera de él, sino también en contra de todos aquellos funcionarios públicos encargados de la seguridad penitenciaria, “pues no existe duda que hubo lo mínimo omisiones o bien complicidades para que los lamentables hechos ocurridos se desarrollaran”.

El punto de acuerdo fue rechazado por mayoría de los diputados del PAN y PRI.

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