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Cerocahui

La diputada Margarita Blackaller Prieto, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, apoyó la aplicación de medidas cautelares en favor de la comunidad Jesuita asentada en la sierra de Chihuahua que solicitó la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De esa forma, dijo, se puede  dar un puntual seguimiento y analizar el contexto en que operan para que un hecho como en el que perdieron la vida dos sacerdotes no vuelva a repetirse.

La legisladora se refirió así a la petición que formuló la CIDH para dar protección a los jesuitas que laboran en la sierra, tras el asesinato de dos de sus integrantes ocurrido dentro del templo ubicado en el poblado de Cerocahui.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó mediante un comunicado, que el objetivo de las medidas cautelares es proteger a los miembros de la comunidad y garantizar su seguridad en las labores que realizan; además se acordó efectuar un análisis de riesgo, respecto al contexto del lugar donde llevan a cabo sus actividades.

Blackaller señaló que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado trabaja de la mano con el Poder Ejecutivo y se busca también hacer lo mismo con la sociedad civil.

De las medidas a aplicar, la FGE informó que efectuará un análisis de riesgo en la zona, respecto al contexto del lugar donde llevan a cabo sus actividades, así como un encuentro con los beneficiarios, sus representantes.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua brinda seguimiento puntual a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui.

El propio fiscal general César Jáuregui había expresado su disposición de cumplir a cabalidad los requerimientos de protección de la comunidad religiosa asolada por la violencia.

Por tal razón la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos, Fiscalía de Distrito Zona Occidente y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se han sostenido reuniones con la Secretaría de Gobernación (Segob) a fin de atender lo indicado por el órgano.

En virtud de que el objetivo es proteger a los miembros de la comunidad, garantizar su seguridad en las labores que realizan, se acordó efectuar un análisis de riesgo, respecto al contexto del lugar donde llevan a cabo sus actividades.

Asimismo, mediante la Segob se busca tener un encuentro con los beneficiarios, sus representantes y las autoridades para concertar las medidas que les permitan continuar con las labores que vienen desempeñando, ya que es lo que se busca que como beneficiarios acepten y a principalmente, que estén de acuerdo con la actividad de la autoridad, se dijo a través de un comunicado.

Aunado a ello, la Fiscalía General del Estado aseguró que ha mantenido operativos de seguridad en el municipio de Urique, mediante patrullajes, recorridos e instalación estratégica de puntos de revisión.

Dicha acción se suma a los trabajos de inteligencia policial, que lleven a la captura del generador de violencia, José Noriel Portillo Gil alias “El Chueco” y de quienes pertenecen a su grupo delincuencial.

Se destacó que las tareas conjuntas son permanentes y a la fecha se ha logrado la detención de 30 personas ligadas a esa estructura criminal.

A siete meses del asesinato de dos sacerdotes Jesuitas, un guía de turistas y un deportista, continúa la búsqueda de José Noriel Portillo, alias “El Chueco” confirmó en la Conferencia Mañanera el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Luis Rodríguez Bucio.

Resaltó que el prófugo, por quién se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos, es buscado en la Sierra Tarahumara y que 31 sujetos ligados a su entorno ya han sido detenidos.

La federación mantiene operativos conjuntos con autoridades estatales y municipales, pero hasta el momento no se ha podido ubicar al presunto homicida.

Colectivos de derechos humanos y la propia Compañía de Jesús han expresado su inconformidad por el ambiente de violencia que persiste en la región serrana y particularmente en el poblado de Cerocahui en el municipio de Urique, Chihuahua.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) mantiene un despliegue permanente de elementos en el municipio de Urique y zonas aledañas con el objetivo de dar con el paradero de José Noriel P. G. alias “El Chueco” a quien se busca incluso con caminatas pedestres para llegar a comunidades que no son accesibles en vehículos terrestres.

Desde el pasado mes de junio del 2022, la SSPE en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), se montaron operativos de búsqueda de quien es señalado como el presunto homicida de dos sacerdotes y un guía de turistas en el municipio de Urique.

Derivado de estos hechos, la SSPE desplegó personal en varias localidades del municipio de Urique, así como zonas aledañas en operativos coordinados con varias corporaciones de seguridad estatal y federal, por tierra y por aire con el uso de helicópteros.

Estos operativos de búsqueda se han realizado en carreteras, caminos y brechas de terracería de comunidades serranas, pero también se realizan patrullajes pedestres hacia comunidades en las que no existe acceso a vehículos.

Elementos de la Coordinación de Zonas Rurales de la SSPE mantienen presencia permanente en toda la zona serrana para llevar a cabo estos operativos de búsqueda José Noriel Portillo Gil, “El Chueco”, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas y un deportista.

Durante los recorridos pedestres, se abarcaron ya cientos de kilómetros de senderos y caminos rurales que conectan decenas de comunidades que se encuentran alejadas de brechas y carreteras para vehículos.

En estas caminatas, los elementos de Zonas Rurales han localizado y erradicado plantíos de amapola que se encuentran en predios de difícil acceso como son barrancos y desfiladeros que favorecen a quienes comercializan la droga, por su dificultad para ser encontrados y destruidos.

La SSPE mantiene presencia en el municipio de Urique y sus comunidades aledañas, en coordinación constante con las corporaciones de seguridad del Gobierno de la República y de la Fiscalía General del Estado.

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