César Jáuregui

Pese al aseguramiento constante de armas de fuego por parte de las tres órdenes de gobierno, las autoridades mexicanas siguen enfrentando una realidad ineludible: Chihuahua colinda con Estados Unidos, donde este tipo de artefactos se adquiere con extrema facilidad debido a que su posesión está amparada como un derecho constitucional.

César Jáuregui Moreno, fiscal General del Estado, mencionó que el 90 por ciento de las armas utilizadas por delincuentes en México son de origen estadounidense. Esa cifra, señaló, refleja la fuerte influencia del mercado norteamericano en la violencia que ocurre de este lado del río Bravo, donde la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego.

Explicó que la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) mantiene una influencia determinante en Estados Unidos, lo que ha frenado cualquier intento por restringir la venta de armamento.

Sobre la posibilidad de que México incida en la regulación estadounidense, Jáuregui consideró que es un escenario complicado.

“Es muy complejo, porque conseguir un arma allá es sumamente sencillo, ese es el problema”, subrayó.

Recordó que muchas personas se dedican al tráfico de armas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano, incluidos policías. Entre ellos, citó el caso de un agente de la propia Fiscalía General del Estado detenido en flagrancia.

“Tuvimos el caso de un elemento de la Fiscalía involucrado en un tráfico en el cruce Juárez–El Paso; no de armas, pero sí de cartuchos”, precisó.

El fiscal reiteró que se trata de una legislación que Estados Unidos no tiene intención de modificar. Aun así, aseguró que se trabaja de manera coordinada con autoridades norteamericanas para disminuir, en la medida de lo posible, la internación ilegal de armas de fuego hacia México.

Jáuregui señaló que el problema sigue siendo grave tanto en Ciudad Juárez como en el resto del país.

En el marco del Día Nacional del Agente del Ministerio Público, el fiscal general del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, reconoció la alta carga de trabajo que enfrentan los agentes del Ministerio Público en diversas áreas de la Fiscalía, especialmente en aquellas relacionadas con delitos patrimoniales.

Aunque destacó que Chihuahua se encuentra entre los estados con menor carga promedio por agente —según datos recientes del Inegi—, el fiscal subrayó que ello no significa que las condiciones sean óptimas, pues existen zonas donde el número de casos rebasa por mucho la capacidad operativa.

“El hablar de que tenemos los ministerios públicos con menos carga del país refleja una preocupación que se traduce en presupuestos que nos permiten tener agentes menos saturados.

Pero aún así tenemos una carga de trabajo inmensa, sobre todo en delitos patrimoniales, donde hay agentes con 500 o 600 expedientes abiertos”, explicó Jáuregui.

El titular de la FGE aclaró que no todas las áreas presentan el mismo nivel de saturación, ya que el grado de complejidad y el tipo de delito influyen en la cantidad de casos que cada agente puede atender.

“No es lo mismo investigar un robo a casa habitación que un homicidio. Las cargas son distintas, pero el compromiso institucional es el mismo”, puntualizó.

Jáuregui Moreno aseguró que la Fiscalía trabaja de manera permanente en mejorar las condiciones laborales y profesionales del personal ministerial, mediante programas de capacitación continua y actualización jurídica impartidos por el Instituto de Formación y Capacitación Profesional de la dependencia.

“Estamos constantemente trabajando en el mejoramiento de las condiciones de nuestros ministerios públicos, actualizándolos en diversos temas y generando las mejores condiciones de desempeño”, añadió.

Finalmente, el fiscal expresó su reconocimiento al personal ministerial por su compromiso con la procuración de justicia, e informó que la FGE difundirá un video institucional con motivo de la conmemoración, en el que transmitirá un mensaje de felicitación a las y los agentes del Ministerio Público.

Se mantiene la atención integral a los habitantes de la comunidad de Cinco Llagas en el municipio de Guadalupe y Calvo, en donde continúa el operativo de seguridad entre las diversas autoridades, informó el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno.

“Se encuentran en el lugar brindando atención integral la Fiscalía General del Estado a través del Ministerio Público, de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, así como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Guardia Nacional y la Sedena”, señaló el Fiscal en conferencia de prensa.

Puntualizó que se continúa entrevistando a todas las personas que se encuentran en Cinco Llagas y se evalúa si se toma la decisión de realizar traslados, toda vez que ninguno de ellos ha manifestado haber sido víctimas directas de amenazas.

“Entendemos la preocupación que les causa estar en medio de una disputa entre dos bandos criminales; pero es nuestro deber salvaguardar su seguridad y atender sus carencias, que es en lo que estamos enfocados”, indicó Jáuregui.

Reiteró que la titular de la Comisión de Atención a Víctimas (Ceave), Norma Ledezma, se trasladó al lugar para encabezar las atenciones que se brindan a la población.

Sofía R. A., la adolescente y estudiante del Colegio de Bachilleres 19, quien fue localizada esta mañana, luego de ser reportada como desaparecida y el pasado 3 de septiembre, envió su ubicación a través de su teléfono celular, lo que permitió a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), lograr su aseguramiento y la captura de su presunto raptor.

En conferencia de prensa ofrecida este mediodía, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, dijo que se detuvo in fraganti a la persona mayor de edad que se encontraba con ella y que supuestamente era el padre de un joven con el que Sofía mantenía una relación.

Al adulto detenido le habrán de ejecutar la orden de aprehensión correspondiente, por secuestro, añadió.

“Yo no sé qué relación hubo con el detenido, pero el detenido está total y absolutamente vinculado con su desaparición”, dijo el fiscal.

“No puedes tú disponer de una menor de edad y saber que la están buscando y tú escondiéndola, añadió.

El supuesto raptor ha sido identificado de manera extraoficial como Jesús Carlos R. A., de 46 años de edad, es un exconvicto del Cereso Estatal No.3, quien aparentemente habría estado hostigando a la menor meses atrás, haciéndose pasar por un estudiante a través de una identidad falsa.

Jáuregui Moreno, explicó que, por el mes de mayo, la familia de Sofía había presentado una denuncia por acoso, por algo que le descubrieron en el teléfono.

El fiscal dijo que se ha tenido una racha de cuatro o cinco casos de este tipo en los que, por fortuna han concluido con la seguridad de las jovencitas.

“Pero algo se tiene que hacer, porque en ninguno de los casos y hablo de varios, el de Cuauhtémoc, donde tenía 12 años la muchacha, este, el (otro) donde yo andaba yendo allá a Palacio informándole a la señora, ninguno fue sin el consentimiento tácito de las muchachas”, comentó.

La familia de Sofía sospechaba que el hoy detenido, la habría vuelto a contactar y la pudo haber engañado para raptarla. Las autoridades continúan la investigación.