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Comisión de Fiscalización

El auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó que Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional en número de servidores públicos sancionados por faltas administrativas graves.

En comunicado de prensa de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se informó que Acosta Félix participó en reunión de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

El auditor acudió al llamado de la Comisión de Fiscalización para explicar el Informe Anual de Avances entregado recientemente, así como dar respuesta a los comentarios realizados por la fracción parlamentaria de Morena respecto a la labor de revisión de la Cuenta Pública 2021.

Acosta Félix consideró necesarias reformas legales que se ajusten a los requerimientos del nuevo Sistema de Fiscalización.

Destacó que del 2019 a la fecha se han logrado 10 sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), lo que demuestra que hay avances significativos en el nuevo Sistema de Fiscalización y la capacitación a servidores públicos funciona.

Sin embargo, indicó, “es importante la revisión de algunos conceptos legales para sancionar las conductas irregulares detectadas en las auditorías”.

Como ejemplo mencionó que el 62 por ciento de los expedientes que la ASE integró y fueron resueltos por el  TEJA sin responsabilidad, eran casos señalados dentro de las auditorías por “contratación indebida”.

Detalló que se encontraron como funcionarios de las administraciones municipales a familiares de los miembros del Ayuntamiento, lo cual prohíbe el Código Municipal; sin embargo, a la hora de resolver, el criterio del Tribunal fue que el término “funcionario” no está definido dentro de la Ley y por lo tanto la conducta no encuadra en una falta.   

Acosta Félix agregó que en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021 se sugirió al Congreso del Estado gestionar ante el Legislativo Federal revisar la Ley General de Responsabilidades y, en su caso, reformar, modificar o derogar ese tipo de conceptos que impiden que algunas conductas irregulares sean tratadas como tales.

En la reunión estuvieron presentes todos los miembros de la Comisión presidida por la diputada Leticia Ortega.

En la revisión a la Cuenta Pública 2021 del Gobierno del Estado, la Comisión de Fiscalización del Congreso local detectó la contratación irregular de un despacho que haría el proyecto de refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua, pero que al final del ejercicio no entregó lo que se le pidió.

El citado despacho privado recibió un pago de 98.6 millones de pesos, esto en el ejercicio 2021 dentro de la administración del gobernador Javier Corral Jurado.

La diputada Leticia Ortega Maynez (Morena), presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado,  informó que, de las 170 actividades que debieron de haber ejecutado el despacho en cuestión, 137 son relatorías o documentos oficiales que emanan de la Secretaría, y las otras 33 no fueron presentadas.

Entre las irregularidades que se detectaron fue que existen entregables con fechas previas a la celebración del contrato.

Héctor Acosta Félix, auditor superior del estado, dio a conocer que se utilizó la figura del Fideicomiso para contratar de manera discrecional y directa al despacho, obviando la aplicación de la Ley de Adquisiciones.

“Dicha contratación se realiza sin la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua”, declaró el auditor.

Destacó que estos fideicomisos no se deben de buscar para adjudicar un contrato sin ninguna de las formalidades que implica esta ley; esto sin suficiencia presupuestal, investigación de mercado, sin determinación de las capacidades técnicas y económicas del prestador del servicio.

El contrato presuntamente irregular fue uno de los movimientos que se detectaron durante los trabajos  de la Comisión de Fiscalización.

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