Tras cumplirse ocho meses de los acontecimientos violentos en los que un líder del crimen organizado asesinó a sangre fría a dos sacerdotes, un guía de turistas y un deportista, la Fiscalía General del Estado (FGE) implementó medidas para la protección de la comunidad jesuita.
A través de la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se realizan diversas actuaciones para ejecutar el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conforme a los estándares internacionales.
La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada está realizando acciones tendientes a cumplir con las medidas cautelares de seguridad y protección para once integrantes de la comunidad Jesuita de Cerocahui, municipio de Urique, en cumplimiento a una resolución de la CIDH.
La fiscalía destacó en un comunicado que con estas acciones se busca proteger la vida e integridad personal para que continúen realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos ni actos de violencia en su contra.
Para lo cual un equipo multidisciplinario de servidores públicos especializados en materia de psicología, trabajo social, jurídico y área de investigación, atienden de manera colegiada a cada una de las personas con protección, tras los sucesos violentos registrados en la comunidad de Cerocahui, así como en la comunidad de Creel, municipio de Bocoyna.
Hasta ahora, el equipo especializado ha logrado brindar atención directa y obtener datos que serán tomados en cuenta para el desarrollo de los análisis de riesgo que se trabajarán de manera coordinada por la FGE y el Órgano Federal competente.
“Con estas acciones, se reitera el compromiso de la FGE para proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos”, destacó la dependencia.
