custodios

Esta mañana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer que, en conjunto con la Secretaría de Hacienda, acaba de diseñar un plan especial de estímulos económicos para el personal penitenciario, encaminado a que haya mejoras salariales y beneficios adicionales para los custodios de los centros penitenciarios.

La medida se anunció luego de que, el jueves pasado, cientos de custodios de todo el estado detuvieran sus labores y comenzarán una protesta en distintos municipios del estado, exigiendo condiciones más dignas para ejercer su trabajo.

Entre las quejas principales, se indicó que carecen de un aumento, prometido desde el pasado 8 de mayo, así como la falta de atención médica de calidad y resolver diversas problemáticas que sufren aquellos interesados en su jubilación.

Tras algunas horas de protesta, los agentes mencionaron que únicamente pararían la protesta en caso de que se entablaran mesas de diálogo entre los manifestantes y representantes de la SSPE y la Secretaría de Hacienda.

Aunque únicamente se informó que los detalles de dicho plan serían anunciados próximamente, se indicó que el objetivo es dignificar el trabajo que realizan los elementos dentro de las prisiones del estado.

“La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha impulsado una serie de acciones integrales orientadas a dignificar las condiciones laborales del personal operativo, reconociendo su labor como uno de los pilares fundamentales para la gobernabilidad y la reinserción social”, menciona parte del comunicado.

Se agregó que, en los 30 meses que la SSPE lleva al frente del Sistema Penitenciario estatal, se han invertido más de 20 millones de pesos dirigidos para el equipamiento del personal que labora en las prisiones.

Además, se indicó que se trabaja en la homologación del salario entre los agentes de la Policía Estatal y los custodios de los centros de reinserción, quienes en su mayoría comparten el mismo salario.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya dio a conocer que evalúan la posibilidad de dotar de armas a personal del Cereso, siempre y cuando cumplan con los requisitos de examen de confianza, capacitación de uso, examen psicométrico y toxicológico.

Lo anterior, tras los homicidios del comandante José Guadalupe Medrano y el contador público Nicolás Monárrez en la capital del estado, trabajadores activos del Sistema Penitenciario, en el Cereso Aquiles Serdán, acaecidos el 31 de marzo y 15 de abril, respectivamente.

“Nosotros haremos las gestiones necesarias para hacer la adquisición de las armas de fuego para que el personal las pueda portar, cuando el personal salga de su trabajo, porque dentro de los penales no puede haber armas de fuego”, expuso.

Gilberto Loya aclaró que esto no quiere decir que el personal de custodia vaya a portar armas de fuego durante su turno, sino al salir del área de trabajo, y esta solicitud es parte de las peticiones que el personal del Cereso realizó sobre equipamiento y mejoras de condiciones laborales.

No hay amenazas activas, faltan traslados de reos de alta peligrosidad

“No hemos recibido amenazas, Nicolas Monárrez no había recibido amenazas previas, no sabemos si vaya a haber más, pero no vamos a claudicar en este encargo de recobrar el control de los penales y de continuar este tipo de agresiones, las medidas de la SSPE serán más drásticas”, detalló.

Y aseveró que aún hay traslados de reos de alta peligrosidad pendientes por hacer, y que, de continuar estos niveles de violencia contra el personal, lo harán lo antes posible.

Asimismo, que son 18 mil artículos los artículos que se han decomisado y prohíbe el reglamento al interior de penales, tales como drogas, armas hechizas y dinero en efectivo. Además de que en una revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, en un módulo se localizaron granadas de fragmentación y armas de fuego.

De igual manera, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que desactivó el “código negro” que impide entradas y salidas de los Ceresos como parte del protocolo tras el atentado, pero que ya se restableció la actividad con normalidad, y se aplica una revisión exhaustiva de todas las personas que quieran ingresar a penales, ya sea para diligencias o visitas a familiares privados de la libertad.

Si hay temor “natural” entre el personal, reciben contención psicológica y atención médica

Sobre el clima laboral que impera en el Sistema Penitenciario, por el estrés post traumático que los ataques pueden suscitar entre el funcionariado encargado de los Ceresos, el titular de la SSPE dijo que se llevan a cabo terapias grupales de contención para el personal en general y el personal que trabajaba directo con quienes perdieron la vida.

Además de reuniones quincenales con el personal del Cereso 1, con temas de calidad de vida, prestaciones laborales para revisar avances de equipamiento, en el que sólo faltan Parral y Guachochi; en salarios con los retroactivos con el incremento de este año, en salud, personal de Ichisal realiza en este momento una evaluación para atender enfermedades relacionadas al estrés, como diabetes, hipertensión y obesidad.

“No son reuniones de rendición de cuentas, son de trabajo con la intención de dejar un sistema penitenciario, distinto al que recibimos. No ha habido denuncias, si hay temor natural, pero no hay nada específico en este caso”, reiteró.

El curso de “Formación Inicial para Custodios Preventivos” concluyó con 37 cadetes graduados, quienes quedaron a disposición del titular de los Centros de Reinserción Social (Ceresos), Ricardo Fernández Acosta.

Durante 4 meses, 18 hombres y 19 mujeres recibieron capacitación por parte del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua (IESP) en la ciudad de Chihuahua.

El perfil de los graduados es de custodios penitenciarios, listos para ser asignados en diferentes puntos del estado con la finalidad de brindar y fortalecer la seguridad dentro de los ceresos.

Ricardo Fernández les tomó protesta a los elementos para desempeñar leal y patrióticamente el cargo de policía de custodia, y los exhortó a trabajar en beneficio de la sociedad y seguridad chihuahuense.

A este evento protocolario acudieron 130 cadetes de diferentes perfiles, así como familiares de los próximos custodios que ahora se encargarán del monitoreo y seguridad de los centros penitenciarios.

Cabe recordar que el Instituto de Seguridad Pública, cuenta con diversas convocatorias abiertas para que los ciudadanos puedan integrarse a sus filas y fortalecer a la SSPE.

El director de la Fundación Ficosec, Arturo Luján Olivas, pidió a la sociedad civil “levantar la voz” para exigirle al Gobierno del Estado que tome el control del Cereso número 3 de Juárez y, en general, de todo el sistema penitenciario de la entidad.

El directivo, tras aclarar que sus posicionamientos los hacía a título personal y no de la institución que dirige, cuestionó que las autoridades estatales no hayan actuado para poner orden en los penales del estado tras los hechos ocurridos durante el llamado “jueves negro” de Juárez.

Recordó que el ataque a personas y negocios suscitado el 12 de agosto del 2022, donde perdieron la vida 11 personas, fue atribuido por la misma autoridad al mismo sujeto al que ahora culpan de la masacre y fuga de reos en el Cereso 3.

“Quiere decir que no se aprendió de la experiencia”, dijo Luján; “no se tomaron las medidas necesarias para que una cosa como la de agosto no volviera a suceder”.

Agregó que, si desde aquel entonces, el gobierno hubiera actuado para reestructurar el manejo de los penales, la fuga de 30 reos y el asesinato de 17 personas en las primeras horas del año nuevo no hubiera sucedido.

“No podemos pensar que es un acto donde no haya habido corrupción”, añadió.

Por un lado, continuó, es muy dolorosa la pérdida de vidas humanas, pero por otro, nos e puede permitir que el estado de derecho “quede así de vulnerado”.

En conferencia de prensa, convocada para dar a conocer los datos de incidencias delictivas del 2022 en la zona centro-sur del estado, Luján Olivas habló del tema del Cereso 3 a pregunta expresa de los medios.

Señaló que la sociedad civil debe pedir el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, tanto penitenciaria como de calle.

“En esto hubo muchísima gente involucrada, quiere decir que la autoridad no se dio por enterada, que no tenía los canales necesarios para enterarse de que una cosa así no podía pasar”, concluyó.