exfiscal

El caso que tiene al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, detenido se remonta al 30 octubre de 2022, cuando la joven Ariadna Fernanda López fue asesinada al interior de un departamento en la colonia Condesa y su cuerpo fue abandonado en la carretera a Tepoztlán.

Ariadna se había reunido en el restaurante Fisher’s, en la colonia Roma, junto a los presuntos culpables de su muerte: Rautel y Vanessa. En los videos de seguridad difundidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se pudo ver que los implicados y la víctima salen del restaurante y se dirigen al departamento de Rautel. Al día siguiente, Rautel es captado cargando el cuerpo inerte de Ariadna.

Rautel “N” y Vanessa “N” fueron detenidos por la policía capitalina y esperan el inicio del juicio oral. Rautel dijo ser un empresario que tenía buena relación con las autoridades de Morelos e incluso, horas antes de que abandonaran el cuerpo de la víctima, sostuvo comunicación con personas de aquella entidad.

Carmona Gándara intentó encubrir el feminicidio de la joven de 27 años. En esa ocasión, el funcionario aseguró que la muerte de Ariadna se debía a una broncoaspiración producto de la ingesta de alcohol y negó que la joven presentara huellas de violencia que indicaran que se tratara de un feminicidio.

Claudia Sheinbaum, en ese entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pidió que la fiscalía capitalina investigara y señaló al funcionario morelense de encubrir a los responsables.

Uriel Carmona pertenece a una familia de notarios y exmagistrados en Morelos, y en diciembre de 2020 fue puesto a prueba cuando la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de desafuero en su contra por incumplir con los exámenes de control de confianza al momento de su designación en el Congreso estatal.

El fiscal sorteó ese obstáculo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó su fuero y determinó que no podría ser removido de su cargo por la falta del examen de control de confianza. El 12 de julio pasado, la Corte ratificó el fuero constitucional e impidió que la FGR lo sometiera a proceso.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Uriel Carmona cuenta con la especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta por la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Su experiencia profesional contempla cargos como jefe del departamento de Control de Procesos de la FGE de Morelos, agente del Ministerio Público y secretario de Estudio y Cuenta del Juzgado Tercero de Distrito, así como titular de la notaría seis de la primera demarcación notarial en el estado.

Conforme al reglamento de la Ley Orgánica de la fiscalía estatal, en casos de ausencias temporales del fiscal general será suplido por el titular de la Fiscalía Regional Metropolitana, quien ya asumió el cargo.

Los únicos que alzaron la voz en contra de su aprehensión fueron el exgobernador Graco Ramírez y el Congreso de Morelos. El primero lo hizo en sus redes sociales y el segundo emitió un comunicado para acusar violación al Estado de derecho. También surgieron voces de organizaciones que piden procesar al fiscal por feminicidios no resueltos.

Con el encendido dos mil velas, alumnos de la Facultad de Derecho, integrantes de organizaciones derechohumanistas y personalidades de la política se manifestaron nuevamente afuera de Palacio de Gobierno para exigir la liberación de Francisco G. A., exfiscal acusado de tortura psicológica en el gobierno corralista.

Las velas colocadas a un costado del edificio que alberga al Poder Ejecutivo formaban la frase “Paco preso político” en exigencia de la libertad del también catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), quien este 20 de febrero cumplió cien días detenido.

Los manifestantes también colocaron en la “Cruz de Clavos” velas en memoria de Francisco González Valdez, quien perdiera la vida a causa de un infarto tiempo después de que fuera detenido el exfiscal; situación que alumnas y exalumnos afirmaron se debió por la detención de quien investigara archivos relacionados con los denominados “Expedientes X”.

Además, dieron a conocer que estas veladoras fueron donadas por personas que laboran en áreas como la Fiscalía General del Estado, Tribunal Superior de Justicia, abogados y estudiantes que se solidarizaron con la causa y por el cariño que le tienen al docente.

Cartulinas con consignas como “Yo no olvido la nómina secreta”, “Si algo se le da bien a Maru es la venganza”, “Prefiero no jalar que jalar para Duarte”, “Paco yo soy tu voz” y “Por revelar la corrupción fue detenido sin justificación”, fueron colocadas en las paredes laterales de Palacio de Gobierno.

Entre las personalidades que se dieron cita para llevar a cabo este acto de apoyo a Francisco G. A., se encontraban personajes del gabinete de Javier Corral como Concepción Landa, quien fuera secretaria de Cultura y la titular de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas María Teresa Guerrero Olivares.

También asistieron el diputado de Morena Oscar Castrejón, la exdiputada panista Blanca Gámez y la esposa de Javier Corral, Cinthia Aideé Chavira Gamboa, así como decenas de alumnos e integrantes de organizaciones sociales.

La gobernadora Maru Campos rechazó dar una postura acerca de la atracción formal que hizo ayer la Fiscalía General de la República del caso del ex fiscal anticorrupción Francisco G.A.

“Es que no hay postura del Estado, si él (Francisco G.A.) está preso es porque se atendieron recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque existe un dictamen del Protocolo de Estambul que atiende a las posibles víctimas de este señor”, destacó.

Indicó que será la Fiscalía General la que se encargue de dar respuesta a las disposiciones de FGR para garantizar la protección y apoyo a las víctimas de tortura.

Ayer el juez de Distrito Vladimir Gómez aceptó asumir la competencia del caso de tortura psicológica en el que se acusa al exfiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco G. A., ya que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción.

La FGR hizo tres peticiones al juez Vladrimir Véjar, entre las que se cuanta que pida a la jueza de control Hortensia García Rodríguez que se declare incompetente en el caso y remita los registros al juzgado federal; que emita un oficio en el que ordene a la FGE entregar la carpeta de investigación a la FGR; que establezca una fecha para la siguiente audiencia federal.

El juez dio tres días a la fiscalía del estado para que entregue la carpeta de investigación, de lo contrario la fiscalía estatal caería en desacato.