extorsión

Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), desestimó los rumores que indican que las órdenes de secuestro salen de delincuentes recluidos en los Centros de Readaptación Social (Cereso) de la entidad.

“Es algo que no está ocurriendo. De todas las llamadas fraudulentas o extorsiones telefónicas que nosotros desde la SSPE hemos investigado, no hemos encontrado una sola que haya salido de un penal en el estado. Hemos encontrado que salen de penales de otros estados, pero no del interior de Chihuahua. Creo que solamente son rumores”, enfatizó.

Agregó que hasta la fecha, no hay ninguna orden de aprehensión girada hacia una persona al interior del Cereso por ese tipo de delitos.

Detalló que hace casi tres años que el Gobierno del Estado asumió el control del sistema penitenciario y que actualmente “las cosas se hacen como se tienen que hacer” y que dos veces al mes se realizan revisiones en los penales.

“Hemos sido muy claros y muy precisos: el sistema penitenciario tiene que cambiar, tiene que seguir cambiando y así lo vamos a mantener”, remarcó.

Sobre los supuestos privilegios que tienen algunos delincuentes al interior de los penales estatales, aseguró que en el sistema penitenciario en el estado de Chihuahua, no hay una sola persona privada de la libertad (PPL) que goce de privilegios distintos al de cualquier otra persona.

“Ningún PPL tiene más privilegios que los que la ley nos obliga a darle”, dijo.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Juan Carlos H. L. y René H. L., por el delito de extorsión agravada, cometido en la ciudad de Chihuahua.

A través de un comunicado se informó que los datos de prueba expuestos por la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión fueron suficientes para que un juez de Control del Distrito Judicial Morelos, determinara que se encontraba debidamente acreditada la probable participación de los imputados, en el hecho delictivo ocurrido el 16 de octubre de 2025.

De acuerdo con la investigación ministerial, ese día Juan Carlos H. L. y Rene H.L., ingresaron a un fraccionamiento de la ciudad de Chihuahua, haciéndose pasar por elementos de seguridad, para dirigirse al domicilio de la víctima, en donde le dejaron documentos para que desistiera de un trámite registral, añade el reporte.

Posteriormente, en los días subsecuentes, la víctima recibió en su número de teléfono personal, mensajes intimidatorios e imágenes, con información sensible y real, para atemorizarlo y lograr que firmara un documento con el que renunciaría a la inscripción del inmueble de su propiedad, agrega el informe.

Tras integrarse la carpeta de investigación, con base en la denuncia, ambos imputados pudieron ser detenidos mediante orden de aprehensión cumplimentada el pasado 04 de noviembre, en Ciudad Juárez por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, se indicó.

Los imputados enfrentarán su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva, puntualiza el comunicado.

En la continuación de la audiencia inicial se resolvió la situación jurídica de los imputados Miguel Ángel V. G., Erick Eduardo E. C., y Claudia María L. V., al ser vinculados a proceso por el delito de extorsión con penalidad agravada, en su modalidad de cobro de piso.

La investigación presentada por los agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión de la Fiscalía en Operaciones Estratégicas, fue determinante para que la juez de Control resolviera que existen suficientes elementos de prueba para sujetar a los imputados a un proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El pasado 11 de agosto, les fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión por elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía en Operaciones Estratégicas.

De las investigaciones ministeriales se desprende que los imputados, desde septiembre del año 2023, citaron a la víctima a lo que resultó ser una casa de seguridad en la ciudad de Chihuahua, en donde la intimidaron mencionándole que trabajaban para el señor de la “V” y que si no accedía a sus peticiones lo matarían, por lo que terminó entregándoles 400 mil pesos mediante cuotas semanales de 5 mil pesos.

El delito de extorsión, que mantiene un crecimiento en todo el país, será investigado de oficio este mismo año, para lo cual se envió una iniciativa para cambiar la ley en torno a este delito, anuncio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Indicó que se cambiará la Ley General en torno a este ilícito para que se investigue de oficio en todos los estados de la República Mexicana, mientras que las penas establecidas seguirán igual.

Este mismo día se presentará una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra la Extorsión, la deberá ser tomada por las entidades federativas para armonizar su legislación local.

Esta estrategia, mencionó, forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La funcionaria explicó que en la actualidad es la víctima quien tiene que hacer la denuncia del delito ante las autoridades, lo que pone en riesgo su vida, pero la acción ilícita afecta a toda la sociedad, por lo que el Estado Mexicano tomará esa responsabilidad.

Señaló que la estrategia contra la extorsión contempla acciones como el establecimiento de la línea 089, a donde cualquier persona que sea víctima de extorsión, telefónica o presencial, podrá llamar de forma anónima al este número que será habilitado como canal exclusivo de denuncia.

Adicionalmente, se formarán unidades de investigación especializadas, a las que se unirán los integrantes de las actuales unidades contra el secuestro.

La presidenta también dijo que a través de la Ley Nacional del Sistema de Inteligencia e Investigación las corporaciones podrán solicitar a las empresas telefónicas el bloqueo inmediato de números utilizados para perpetrar extorsiones.