fge

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito de la Zona Centro, en la ciudad de Delicias, detuvieron a un masculino que se identificó como Omar Alejandro C. P., de 34 años de edad, en posesión de diversos documentos apócrifos, algunos de los cuales simulaban billetes de moneda nacional y oficios de dependencias oficiales.

Por medio de un comunicado de prensa, se informó que el operativo se desarrolló el pasado lunes 8 de diciembre, en un domicilio de la colonia Tierra y Libertad, de esa ciudad, en respuesta a una llamada anónima que reportaba la presencia de hombres encapuchados y armados.

Sin embargo, al hacer la revisión del lugar, únicamente se encontró a la mencionada persona y los documentos apócrifos, por lo que tras la respectiva lectura de sus derechos, se le notificó su detención, añade el reporte.

En la acción policial, también fueron asegurados equipos de cómputo y tinta para impresoras.

Tanto Omar Alejandro C. P., como los objetos fueron asegurados, para que esta representación social lleve a cabo las indagatorias ministeriales correspondientes, se indicó.

La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó proporcionar información sobre los expedientes de extinción de dominio presuntamente vinculados al caso Aras Investment Business Group, argumentando que se trata de procedimientos judiciales vigentes y, por lo tanto, sujetos a reserva por ley.

La negativa fue dirigida al presidente del Colegio de Abogados y Abogadas en Defensa de la 4T, David Óscar Castrejón Rivas, y al representante del Observatorio Ciudadano, Marcelo Valenzuela, quienes habían solicitado conocer el estado procesal de diversos expedientes relacionados con los bienes asegurados dentro del caso Aras.

En el oficio fechado el 25 de noviembre de 2025, la Coordinadora de Etapa Judicial de la Fiscalía, Yadira Mercedes Monárrez Comadurán, explicó que la normatividad vigente impide difundir información contenida en juicios de extinción de dominio mientras estos se encuentren abiertos, a fin de “garantizar la protección del interés social, el respeto a los derechos de terceros y de la nación”.

La funcionaria citó los artículos aplicables de la Constitución federal, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley de Transparencia, y recordó que el derecho a la información “no es absoluto” y cuenta con excepciones relacionadas con la seguridad jurídica de las partes y la integridad de los procedimientos.

“El Estado, como sujeto obligado de la ciudadanía gobernada, está sujeto a reserva ante los derechos de terceros, los intereses nacionales y los de la sociedad”, señala el documento.

La FGE añadió que solo podrá entregar información cuando los juicios concluyan y exista resolución firme, o cuando la ley lo permita sin vulnerar derechos de personas involucradas.

La respuesta derivó de una denuncia que presentaron Óscar Castrejón y Marcelo Valenzuela el pasado 14 de octubre en contra de funcionarios de la FGE, al considerar que no protegieron los intereses de los defraudados.

En su denuncia, acusaron a la titular de la Dirección de Extinción de Dominio de la FGE, María del Carmen Cordero Martínez, de haberse desistido de embargos sobre bienes presuntamente vinculados al fraude cometido por Aras Business Group.

De esa forma —según los denunciantes—, la funcionaria habría favorecido a los exejecutivos de Aras al permitir la posible dispersión de activos que deberían servir para reparar el daño a las víctimas.

**El mayor fraude financiero en la historia reciente de Chihuahua

Aras Investment Business Group fue una empresa de inversión privada que captó miles de millones de pesos entre 2015 y 2021 con la promesa de altos rendimientos.

Tras el incumplimiento masivo de pagos, más de 18 mil personas denunciaron haber sido defraudadas, convirtiendo el caso en uno de los más graves en la historia económica del estado.

Los afectados reclaman daños superiores a 4 mil millones de pesos, mientras que la Fiscalía ha asegurado bienes, inmuebles y cuentas relacionadas con directivos y socios, aunque los procesos han avanzado lentamente.

Desde 2022, la FGE ha iniciado procedimientos de extinción de dominio para recuperar activos; sin embargo, organizaciones ciudadanas han exigido mayor transparencia, señalando que desconocen el estado real de los bienes en litigio.

La respuesta emitida esta semana por la Fiscalía mantiene en reserva toda la información relacionada con estos procesos, decisión que, si bien se apega a la legislación vigente, deja a los afectados sin acceso a datos sobre el avance en la recuperación de su patrimonio.

Fueron 10 detenidos en flagrancia por violación a la Ley General de Arma de Fuego y Explosivos, delitos contra la salud, tentativa de homicidio y daños, en el Sauz, municipio de Chihuahua, informó la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas.

Derivado de la intervención realizada el miércoles 26 de noviembre por medio del Grupo de Proyectos Especiales, en coordinación con el Ejército Mexicano, fueron aseguradas ocho armas, tres vehículos, una motocicleta y diversos envoltorios con mariguana.

Las acciones tuvieron lugar en la calle Brasil, cruce con Galena, en la mencionada población, en donde detuvieron a las siguientes personas:

Luis Hilario G. A., de 31 años de edad; Jesús Manuel H. De la T., de 32 años de edad; Jesús Uriel C. G., de 26 años de edad; Edgar Gael C. M., de 23 años de edad; Alejandro E. L., de 39 años de edad; el menor de iniciales P.S.H., de 17 años de edad; Jorge Luis R. A., 42 años de edad; Jesús Rodrigo B. M., de 24 años de edad; Antoni Agustín I. U., de 28 años de edad y Jesús Armando M. C., de 23 años de edad.

A estas personas les aseguraron cinco armas largas y tres armas cortas:

Arma larga con leyenda Multi DB15, con cargador abastecido con 27 cartuchos útiles, calibre 223; arma corta con la leyenda 5.7 Rock 5.7×23, abastecida con 22 cartuchos útiles calibre 5.7; arma larga con leyenda Tapco, abastecida con 40 cartuchos útiles calibre 223; arma corta, con leyenda llama Max-í.38, abastecida con siete cartuchos calibre 38 y un arma larga con leyenda en su base 1186S, con un cargador abastecido con 40 cartuchos útiles calibre 7.62×39.

También, un arma de fuego larga con la leyenda S1-70764-2002. Calibre 5.63×39, con dos cargadores con 78 cartuchos útiles calibre; arma corta con la leyenda Bereta con cargador abastecido con cinco cartuchos útiles calibre 9mm; arma larga AR-15 Multical con cargador abastecido con 35 cartuchos útiles calibre .223.

Además, les aseguraron los siguientes envoltorios con droga:

Una bolsa plástica color amarilla con 66 bolsas chicas y cuatro grandes, conteniendo una hierba verde y seca con las características de la mariguana; bolsa de plástico con la leyenda “Cottonelle” con 31 envoltorios con una sustancia verde y seca con las características de la mariguana; así como una bolsa de plástico color negra conteniendo dos bolsas en color azul conteniendo una hierba verde y seca con las características de la mariguana.

De igual manera, quedaron asegurados para investigación, los siguientes automotores:

Vehículo tipo Hatchback, de la marca Renault, línea Clío, color dorado, con matrícula del estado de Chihuahua.

Vehículo tipo sedán, marca BMW, color plata, modelo 2011, con matrícula del estado de Chihuahua.

Vehículo marca Dodge, línea TRX, color gris, con matrícula del estado de Durando.

Motocicleta marca Husqvarna, modelo 2016, color blanco, la cual cuenta con reporte de robo.

Los detenidos y lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado y se dará vista a la Fiscalía General de la República.

El Ministerio Público de la Zona Norte acreditó, durante el juicio oral, que el sentenciado cometió agresiones sexuales en distintos momentos entre el 14 y el 25 de agosto de 2023, dentro de una vivienda ubicada en la colonia Ampliación Plutarco Elías Calles.

La agente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual presentó evidencia suficiente para demostrar la responsabilidad penal del hombre, de 46 años, cuyas acciones fueron consideradas de alto impacto por tratarse de delitos cometidos en perjuicio de una menor.

Tras el desarrollo de la investigación ministerial, agentes investigadores ejecutaron una orden de aprehensión el 8 de febrero de 2024, con lo que se dio paso al proceso penal que culminó en condena.

En la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento fijó la pena que deberá purgar en el Centro de Reinserción Social número tres, además del pago de 36 mil pesos por concepto de reparación del daño.

La sentencia supera los 46 años de cárcel y se suma a los fallos relevantes obtenidos por la Fiscalía Especializada de la Mujer en casos de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres en Ciudad Juárez.