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En el marco del Día Nacional del Agente del Ministerio Público, el fiscal general del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, reconoció la alta carga de trabajo que enfrentan los agentes del Ministerio Público en diversas áreas de la Fiscalía, especialmente en aquellas relacionadas con delitos patrimoniales.

Aunque destacó que Chihuahua se encuentra entre los estados con menor carga promedio por agente —según datos recientes del Inegi—, el fiscal subrayó que ello no significa que las condiciones sean óptimas, pues existen zonas donde el número de casos rebasa por mucho la capacidad operativa.

“El hablar de que tenemos los ministerios públicos con menos carga del país refleja una preocupación que se traduce en presupuestos que nos permiten tener agentes menos saturados.

Pero aún así tenemos una carga de trabajo inmensa, sobre todo en delitos patrimoniales, donde hay agentes con 500 o 600 expedientes abiertos”, explicó Jáuregui.

El titular de la FGE aclaró que no todas las áreas presentan el mismo nivel de saturación, ya que el grado de complejidad y el tipo de delito influyen en la cantidad de casos que cada agente puede atender.

“No es lo mismo investigar un robo a casa habitación que un homicidio. Las cargas son distintas, pero el compromiso institucional es el mismo”, puntualizó.

Jáuregui Moreno aseguró que la Fiscalía trabaja de manera permanente en mejorar las condiciones laborales y profesionales del personal ministerial, mediante programas de capacitación continua y actualización jurídica impartidos por el Instituto de Formación y Capacitación Profesional de la dependencia.

“Estamos constantemente trabajando en el mejoramiento de las condiciones de nuestros ministerios públicos, actualizándolos en diversos temas y generando las mejores condiciones de desempeño”, añadió.

Finalmente, el fiscal expresó su reconocimiento al personal ministerial por su compromiso con la procuración de justicia, e informó que la FGE difundirá un video institucional con motivo de la conmemoración, en el que transmitirá un mensaje de felicitación a las y los agentes del Ministerio Público.

Con motivo del Día Nacional del Ministerio Público, que se conmemora cada 22 de octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó un reporte que revela que Chihuahua se mantiene entre los estados con mayor carga de trabajo para sus agentes del Ministerio Público y menor confianza ciudadana hacia la Fiscalía estatal.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2024, durante 2023 cada agente o fiscal del Ministerio Público en Chihuahua tuvo en promedio más de 150 delitos bajo investigación, una cifra cercana al promedio nacional (152.7), lo que refleja una elevada presión operativa en las fiscalías del fuero común.

A nivel nacional, las entidades con mayor carga fueron Aguascalientes, con 464.7 delitos por agente; Guanajuato, con 448.7; y Querétaro, con 357.3. En contraste, Yucatán reportó la menor carga, con apenas 13.6 delitos por agente del Ministerio Público.

El informe detalla que, al cierre de 2023, había 58 mil 785 personas adscritas a las fiscalías estatales del país: 24.1 por ciento eran agentes o fiscales del Ministerio Público, 28.6 por ciento policías judiciales y 8.2 por ciento peritos. Chihuahua figura entre los estados donde el número de agentes creció en los últimos siete años, aunque la demanda penal sigue siendo alta.

En cuanto a la confianza ciudadana, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 indican que solo el 57 por ciento de la población mexicana confía en las fiscalías estatales, mientras que el 64.5 por ciento lo hace en la Fiscalía General de la República (FGR).

En Chihuahua, la percepción de confianza hacia la Fiscalía estatal se ubica por debajo del promedio nacional, según el desglose del INEGI, lo que evidencia un desafío adicional en materia de credibilidad institucional.

El organismo recordó que, entre 2016 y 2023, la carga de trabajo de los Ministerios Públicos estatales solo se redujo ligeramente, pasando de 157.3 a 152.7 delitos por agente, lo que sugiere una mejora marginal en eficiencia, pese al aumento de personal en las fiscalías.

El 22 de octubre se conmemora el Día Nacional del Ministerio Público, y el INEGI subrayó que los datos buscan contribuir al análisis sobre las condiciones laborales, la carga institucional y la percepción pública de las autoridades encargadas de procurar justicia en México.

“La reforma judicial olvidó a los MP’s”: diputado

La reforma al sistema judicial del país se olvidó del eslabón más importante de la cadena de impartición de justicia: el agente del Ministerio Público, afirmó el diputado Francisco Sánchez Villegas (Movimiento Ciudadano), presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.

“El MP es quien recibe las denuncias, integra carpetas y formula las imputaciones ante los jueces, pero hoy están sobresaturados, con más de 400 carpetas de investigación por agente”, señaló.

Agregó que una reforma integral al sistema del Ministerio Público debe considerar no solo al agente “de a pie”, sino a toda la estructura de investigación criminalística, incluyendo la forma en que se designa a la persona titular del Ministerio Público.

“Si el Ministerio Público no cuenta con un servicio pericial robusto y exhaustivo que pueda atender todas las investigaciones, evidentemente eso impacta en la integración de las carpetas”, añadió.

Sánchez Villegas advirtió que los agentes del Ministerio Público en Chihuahua enfrentan escenarios cada vez más complejos, como el caso del crematorio Plenitud, que implica investigar la identidad de más de 380 cadáveres.

“Por la cantidad de delitos que padecemos y la acumulación de carpetas, es urgente crear mecanismos alternos de solución, que no todo tenga que procesarse en un esquema jurisdiccional, sino atenderse mediante modelos de mediación o conciliación”, concluyó.

La Fiscalía General del Estado deberá procurar, a partir de este lunes, la incorporación de agentes investigadores de causas penales que dominen alguno de los idiomas indígenas originarios de la entidad.

Las reformas a la Ley Orgánica de la FGE que establece esa condición entró en vigor este sábado, por lo cual, la dependencia antes citada deberá incorporar a agentes investigadores bilingües o polilingües, para que se ocupen de integrar las carpetas de investigación donde se involucre personas de pueblos indígenas.

La reforma al artículo 14 de la mencionada ley establece que la Agencia Estatal de Investigación “Procurará la integración de agentes investigadores en los términos del artículo 3 Bis de la presente Ley”.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la Ley Orgánica, la Agencia Estatal de Investigación que cuenta para sus funciones con toda una estructura de personal especializado en investigación penal, la cual ahora deberá incluir a los agentes bilingües o polilingües.

La reforma publicada este sábado incluye, además, la inclusión del artículo 3 Bis, mediante el cual se establece que FGE “procurará contar con el personal que domine el idioma y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas, en los órganos que tengan mayor incidencia de casos que involucren a personas indígenas”.

Sin embargo, existe unos escasez de traductores indígenas, no solo en Chihuahua, sino en el todo el país, para atender a una población que, o no domina el español por completo, o lo desconoce en lo absoluto.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INLI) señala que la falta de traductores debidamente certificados es una de las barreras que impiden el acceso a la justicia para las personas integrantes de alguna comunidad originaria.

Dicho organismo tiene un catálogo de lenguas indígenas que incluye 69 variantes de 11 familias lingüísticas distintas.

La problemática, señala el INLI en su portal digital, es “amplia y compleja”, porque incluye la discriminación; vejaciones y abusos en los procedimientos de impartición de justicia cuando se trata de un caso que involucra a un indígena.

En ese sentido, agrega que existe una falta de intérpretes y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura indígena, para tener una adecuada defensa en juicio.

A lo anterior, se suma la falta de denuncias legales sobre delitos cometidos contra indígenas, los procedimientos jurisdiccionales lentos; juicios cargados de irregularidades y las sentencias severas sin proporción con el delito cometido.

A lo anterior, se suma que existe una total ignorancia de los sistemas normativos y usos y costumbres del derecho indígena; creación y operación de instituciones para indígenas sin debidos procesos de consulta.

Antonio Pinedo Cornejo fue vinculado a proceso por el delito de peculado, por haber recibido un cheque de 160 mil 532 pesos, cuando ya no era funcionario estatal en la pasada administración del exgobernador Javier Corral Jurado.

El Ministerio Público expuso que Pinedo Cornejo, fungió como titular de Comunicación Social de Gobierno del Estado hasta el 18 de diciembre del 2018 y recibió el cheque 01-16-8826, el 30 de diciembre por concepto de “Pago por Única Vez”.

De acuerdo a los testimonios y oficios de respuesta, el Pago UV, es una atribución exclusiva del titular de la Secretaría de Hacienda, quien entonces era Arturo Fuentes Vélez, mismo que ordenó a su director de Recursos Humanos, entregarlo directamente a Pinedo Cornejo.

Este pago, según atestiguaron, no correspondía al pago de compensación proporcional del exfuncionario, ya que su compensación era menor al pago erogado, por lo que no había una justificación de tal emisión y que tampoco eran recurrentes para los titulares de un encargo.

De igual manera, expusieron que estos pagos extraordinarios de “Única Vez”, suelen utilizarse cuando se pide la renuncia y son negociaciones internas para evitar denuncias laborales, pero que desconocen el motivo de su emisión.

También argumentaron que no había ningún adeudo al empleado por días trabajados que quedaran fuera de la fecha de nómina, y que seguramente este pago también fue del conocimiento del exgobernador Javier Corral Jurado.

Con las evidencias presentadas, concluyeron que se habían recibido de conformidad todas las prestaciones que como trabajador de Gobierno del Estado tenía, y ya que su renuncia fue voluntaria y su puesto de libre nombramiento por el Gobernador, su remoción no tiene consecuencias jurídicas para la Administración.

Además que tampoco tenia autoridad Arturo Fuentes Vélez para otorgar este cheque, disponer del gasto de Comunicación Social, tampoco el director de RH y podía entregar el cheque directo y advirtieron que dejaron en “blanco” el cuadro en el que deben inscribir la justificación del pago, hecho que se puede considerar disposición de dinero público de forma ilegal.

Por último, advirtieron que si bien es cierto Pinedo Cornejo ya no era funcionario público cuando recibió el cheque, si se considera como “complicidad” la extracción del dinero público y un acto administrativo arbitrario.

Al terminar de exponer los argumentos, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para vincular, por lo que la audiencia se pasó al miércoles 20 de marzo a las 11:00 horas.