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El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en qué les afecta que se bajen el sueldo en 25% cuando los togados –dijo- tienen un salario de 600 mil pesos mensuales.

“¿Qué les puede afectar que digan voy a aportar 25% de todo lo que recibo, si recibo 600 mil pesos mensuales, voy a recibir, 25% menos, como 450 mil, no 600 mil que se van a afectar y no, se enojan”.

Señaló que la decisión de reducir el presupuesto del Poder Judicial de la Federación corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, pero recordó que ya no puede haber privilegios.

“Pero bueno ya ahí a ver qué hace la Cámara de Diputados y no puede haber fueros o privilegios eso ya se quitó, no se permite desde el siglo 19 que existían los fueros”, dijo.

Este miércoles EL UNIVERSAL documentó que Morena en la Cámara de Diputados propone un recorte de 25% del Presupuesto del Poder Judicial lo que podría llevar a la desaparición de 63% juzgados de distritos y 69% de los tribunales colegiados, lo que representaría un retroceso de ocho años.

Sobre el llamado que le hizo la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que lo exhortan a conducirse con responsabilidad y apegado a sus atribuciones constitucionales en materia del presupuesto del Poder Judicial, cuestionó a los abogados.

“¿Qué estoy haciendo mal? A mí me envían el Presupuesto, que no lo saben los abogados, como ellos mismos lo dicen, que quieren que les lea el artículo. A mí me entregan el Presupuesto del Poder Judicial y así, igual se envía a la Cámara de Diputados, porque deben de saber los abogados, que es facultad exclusiva de Diputados aprobar el presupuesto, como diría el clásico del conservadurismo: ´y yo porque´”.

Calificó a los ministros de “insensibles” porque –insistió- en qué les afecta el recorte de 25% de sus salarios.

“Hablamos de 22 millones de trabajadores que ganan en promedio 16 mil pesos mensuales a quienes ganan 600 o 700 mil pesos mensuales”, expresó.

El mandatario sugirió que le quiten el nombre a la SCJN y la renombren como “Suprema Corte del Derecho o del estado de chueco”.

El ministro Javier Laynez, así como las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, aclararon que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no está cerrada a una reforma al Poder Judicial, pero advirtieron que cualquier modificación debe asegurar garantías mínimas de independencia.

Durante la entrega de las conclusiones de los Conversatorios sobre la Transformación del Poder Judicial, al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ortiz Ahlf habló sobre la propuesta de Morena para que los integrantes del máximo tribunal se designen por voto popular. Al respecto, dijo que no existe un modelo único en el mundo, pero señaló que “lo cierto es que la separación y la independencia de los poderes públicos constituye un principio general del derecho y el derecho internacional una norma consuetudinaria”.

“Concretamente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha valorado positivamente aquellos sistemas que establecen una entidad independiente encargada de la selección de las y los jueces, por su parte la Corte interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia judicial de los estados. En esa materia, cualquier reforma al poder judicial debe asegurar que las garantías mínimas de independencia sean consagradas constitucional y legalmente”, indicó.

Por su parte, la ministra Esquivel Mossa recordó que en 2019, cuando aspiraba a la Suprema Corte, dijo a los senadores que los servidores públicos tienen el deber de escuchar a la ciudadanía: “Y en esa materia coincido en que es urgente y pertinente reflexionar en esta gran reforma estructural que se necesita”.

Laynez Potisek, quien acudió en nombre del pleno de la Suprema Corte, pidió a las y los diputados que cuando piensan en el Poder Judicial de la Federación, ni miren a los 11 ministros, “sino que somos más de 45 mil servidores públicos, incluidos actuarios, notificadores, secretarias y secretarios, desde luego juezas y jueces, magistradas y magistrados”.

Pese a ello, señaló que los tres poderes están obligados, cada uno desde su trinchera, a atender que haya buen acceso a la justicia y mejorar el sistema; “en esta materia mi misión es llevar las conclusiones de este ejercicio tan productivo al pleno de la Suprema Corte”.

“Reforma no debe ser capricho de una sola persona”

Durante el encuentro, los coordinadores parlamentarios de oposición confrontaron a los morenistas y sus aliados sobre la pertinencia de la reforma.

Juan Ramiro Robledo (Morena) aseguró que la motivación para impulsar una reforma al poder Judicial es que en un amplio sector de la población hay un deficiente acceso de la justicia en México sobre todo en materia penal: “También que el sistema actual de Justicia centraliza todas sus resoluciones, que hay una serie de competencias duplicadas porque los jueces de amparo toman materias que no les corresponden o que les corresponden a otros tribunales, la corte también lo hace, por lo anterior consideramos que hay una afectación a la emisión de poderes en muchas de las resoluciones judiciales, todos son puntos polémicos para discutir, sin dejar de lado que el poder judicial Federal no respeta el principio republicano de austeridad”.

Al respecto, el Priista Rubén Moreira señaló que, desde su punto de vista, al poder judicial no deben quitarle presupuesto, sino incrementarlo.

“En el tema del presupuesto creo que a los Estados hay que darles más dinero, pero no a costa de la Corte, por el contrario, diría que la Corte requiere más presupuesto para muchas cosas que hay que hacer, y en el tema del sueldo yo creo que necesitamos gente bien pagada que tenga estabilidad del futuro”, aseveró.

El coordinador del PAN, Jorge Romero, aseguró que una reforma judicial debe ser producto de una dialéctica mucho más amplia que los foros que realizó Morena, y no producto de un “capricho” presidencial.

“Tiene que ser producto de un ejercicio dialéctico no puede ser producto de un arranque ni de un capricho o de una sola voz, por más importante que sea esa voz, porque podrá haber una voz del titular del poder ejecutivo pero aquí hay 500 voces de legisladoras y legisladores y hay 128 más en el senado, porque para hablar con claridad, no creemos que se considere como necesidad de actualización reformar a la Suprema Corte a partir de que la Suprema Corte comenzó a resolver temas que disgustaron”, advirtió.

En respuesta, Aleida Alavez, vicecoordinadora de la bancada guinda, reviró: “El poder dimana del pueblo y por eso el poder judicial debe de estar a la altura de este, entre los reclamos más sentidos está la atención de la austeridad, transparencia, y legalidad, ese es un reclamo de la población, no la ocurrencia de nadie en particular ni una iniciativa personal de nadie”.

Sobre el voto popular, la legisladora consideró que “los ministros que integran la corte deben de ser elegidos por voto directo y no por méritos políticos, sino por profesionalismo, excelencia, imparcialidad, y paridad de género”.

La diputada Araceli Celestino Rosa (PT) presentó una iniciativa a la Comisión Permanente, que plantea reformar la Constitución y establecer que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos mediante voto popular, pero para desempeñar el cargo solamente por seis años. Actualmente, el periodo es de 15 años.

La legisladora también plantea que cada dos años, el pleno elija de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte, “el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.

“Si los titulares de los poderes públicos Legislativo y Ejecutivo son electos por la población de manera directa, no encontramos razón alguna para que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puedan, también, ser electos por el mismo pueblo”, señala la propuesta.

El documento detalla que se derogaría la fracción XVIII del artículo 89 de la Constitución, que establece que se debe presentar, a consideración del Senado, la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado de la República.

En el artículo 94 se modificaría la temporalidad del cargo para quedar de la siguiente manera: “los ministros de la Corte durarán en su encargo seis años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro”.

Asimismo, se establecería en el artículo 96 que los ministros serán electos mediante voto universal, directo, libre y secreto de los ciudadanos, “en los términos que se disponga en la ley electoral”.

Además, por cada ministro propietario se elegirá un suplente, que sólo podrá ocupar el cargo ante la ausencia temporal o definitiva del ministro propietario.

Actualmente, el artículo 95 de la Constitución señala que los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Celestino Rosa propone que en caso de ausencia definitiva de un ministro propietario y el suplente no acudiera a tomar posesión del cargo, éste se considerará vacante y se deberá convocar a elección extraordinaria para cubrirla.

El pasado 9 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en septiembre de 2024 presentará una iniciativa de reforma a la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos por voto popular, pero no señaló que propondrá recortar el periodo en que se desempeñarán en sus cargos.

Dicho proyecto lo delineó el Mandatario en una de sus conferencias matutinas, después de que la SCJN invalidó la primera parte del llamado plan B en materia electoral.

En el marco de la construcción del Tren Maya, la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández dijo que los jueces siempre tienen la obligación de combatir la desigualdad y proteger el patrimonio natural que pertenece a todos.

Durante la Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente Acceso a la Justicia, Protección de la Naturaleza y Derechos Humanos, señaló que deben nivelar las asimetrías en el acceso a los recursos naturales, los costos de la contaminación y el cambio climático, que afectan desproporcionadamente a las personas más vulnerables, como los indígenas y afromexicanos.

“Nuestra jurisprudencia constitucional ha reafirmado que es indispensable que todas las personas podamos acceder a la información cierta y oportuna sobre los beneficios, los riesgos y las consecuencias de las políticas, decisiones y acciones que puedan impactar al medio ambiente y a la naturaleza”, aseveró.

Acompañada por el exrector de la UNAM, José Sarukhán Kermez, Piña Hernández resaltó que sólo con esta información podemos realmente participar en los procesos de decisión y comprenderlos; sólo con esta información tendrán cabida diversos intereses y aspiraciones legítimas sobre el destino del patrimonio natural que todos compartimos.

Enfatizó que el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, son derechos fundamentales en sí mismos.

“Es para mí un absoluto orgullo relatarles que esta Suprema Corte de Justicia también ha ido construyendo, poco a poco, una doctrina constitucional que reconoce y protege, como un derecho fundamental, que todas las personas puedan vivir en un medio ambiente sano, que permita su desarrollo y bienestar.

“Hemos resuelto, por ejemplo, que las omisiones para garantizarlo cuando se permite la contaminación de los mares y los ríos o la afectación de ecosistemas y especies en riesgo son una clara violación a ese derecho fundamental”, expresó.

Recordó que las sentencias de la Corte sobre la protección de la naturaleza y el derecho a un medio ambiente sano han sido traducidas a otros idiomas, compartidas y estudiadas en foros especializados a nivel mundial sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales, a través de instituciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

“Porque si los jueces tenemos la obligación constitucional de proteger la vida, la salud, el acceso al agua segura y suficiente, a una alimentación adecuada, una vida digna, a un futuro sustentable, tenemos entonces inevitablemente que proteger a la naturaleza y sus servicios ambientales”, subrayó la también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Insistió en seguir trabajando incansablemente para que no sólo el 5 de junio, sino cada día, con cada sentencia y decisión como impartidores de justicia, honremos la Constitución.

“Honremos a nuestro país garantizando, en igualdad, los derechos fundamentales de todas las personas, protegiendo, para ello, a la naturaleza y al medio ambiente”.

En su oportunidad, David R. Boyd, relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, comentó que, en el marco del proyecto del Tren Maya, el gobierno federal debe respetar los derechos humanos.