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La diputada Araceli Celestino Rosa (PT) presentó una iniciativa a la Comisión Permanente, que plantea reformar la Constitución y establecer que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos mediante voto popular, pero para desempeñar el cargo solamente por seis años. Actualmente, el periodo es de 15 años.

La legisladora también plantea que cada dos años, el pleno elija de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.

“Si los titulares de los poderes públicos Legislativo y Ejecutivo son electos por la población de manera directa, no encontramos razón alguna para que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puedan, también, ser electos por el mismo pueblo”, señala la propuesta.

El documento detalla que se derogaría la fracción XVIII del artículo 89 de la Constitución, que establece que se debe presentar, a consideración del Senado, la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado de la República.

En el artículo 94 se modificaría la temporalidad del cargo para quedar de la siguiente manera: “los ministros de la Corte durarán en su encargo seis años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro”.

Asimismo, se establecería en el artículo 96 que los ministros serán electos mediante voto universal, directo, libre y secreto de los ciudadanos, “en los términos que se disponga en la ley electoral”.

Además, por cada ministro propietario se elegirá un suplente, que sólo podrá ocupar el cargo ante la ausencia temporal o definitiva del ministro propietario.

Actualmente, el artículo 95 de la Constitución señala que los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Celestino Rosa propone que en caso de ausencia definitiva de un ministro propietario y el suplente no acudiera a tomar posesión del cargo, éste se considerará vacante y se deberá convocar a elección extraordinaria para cubrirla.

El pasado 9 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en septiembre de 2024 presentará una iniciativa de reforma a la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos por voto popular, pero no señaló que propondrá recortar el periodo en que se desempeñarán en sus cargos.

Dicho proyecto lo delineó el mandatario en una de sus conferencias matutinas, después de que la SCJN invalidó la primera parte del llamado plan B en materia electoral.

Al continuar con sus críticas en contra del Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, les dio “manga ancha” y empoderó a los jueces para poder liberar a narcotraficantes y violadores.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que los jueces tienen que actuar con autonomía, pero con apego a la ley.

“Sale un violador, un narcotraficante, (dicen) `el gobierno´, no, no, es un juez que pertenece al Poder Judicial. Y como ahora la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte, lo primero que declaró fue `los jueces son autónomos´, entonces los empoderó con ese argumento y sí, desde luego que un juez tiene que actuar con autonomía, pero con apego a la ley, pero fue darles manga ancha”, dijo.

La bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una nueva iniciativa para que los ministros de la SCJN y jueces sean electos mediante el voto popular directo y universal, proceso que organizaría el INE, que incluye debates entre los candidatos, así como el encargo será por cuatro años con opción a una reelección.

El diputado federal, Manuel Alejandro Robles, presentó la iniciativa que contempla la creación de un consejo técnico de evaluación integrado por siete personas “de intachable calidad moral” que serán nombrados por el Presidente de la República; uno por el Pleno de la SCJN, uno por el Consejo de la Judicatura Federal; uno por el Senado de la República y dos por la Cámara de Diputados.

Dicho comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo de Ministro o Ministra, seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por vacante, cuidando que se cumplan los principios de paridad de género, adultos mayores e inclusión de los grupos sociales históricamente excluidos.

El Instituto Nacional Electoral una vez que reciba la relación de candidatos a Ministro o Ministra para la Suprema Corte de Justicia, por el Instituto Nacional Electoral, éste ordenará, en un plazo no mayor a tres meses, destaca la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria.
En dicho periodo deberá también organizar por lo menos tres debates en los cuales los candidatos expondrán de cara a la nación su proyecto y plan de trabajo en caso de resultar electos.

Durarán cuatro años en el ejercicio de su encargo, al término del cual, únicamente podrán ser ratificados por un periodo más y sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.

Las Magistradas y los Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de Distrito y los juzgadores y juzgadoras de los poderes judiciales locales deberán ser elegidos mediante el proceso descrito en el artículo 96 de esta Constitución.

Simpatizantes de Morena llevaron féretros con la imagen de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, y del ministro Alberto Pérez Dayán, a un mitin “contra la corrupción en el Poder Judicial Federal”, encabezado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, frente a la sede de la SCJN en la capital del país.

Con toga, birrete y portando lentes oscuros, un grupo de jóvenes morenistas ingresaron al Centro Histórico con al menos dos ataúdes decorados con las siglas de la Suprema Corte y la foto de los ministros.

Los manifestantes recorrieron varias calles con las cajas hasta colocarlas frente a la sede del Máximo Tribunal. Incluso llevaron una cruz de madera que textualmente decía: “Ministra Piña. Ministro Dayán. E.P.D”, así como pancartas con las leyendas: “Se venden piñas baratas” y “Corte de piña podrida”.

Además, una pancarta con imágenes del extitular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam; el exgobernador de Chihuahua, César Duarte; el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y la presidenta de la Corte con la leyenda: “De tín marín de do pingüe. ¿A cuál criminal liberaré?”.
También instalaron mantas en las que acusaron de traidores a los ministros Norma Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez Potisek. No mencionaron a las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Margarita Ríos Farjat.

En el mitin, que se llevó a cabo después de que ministros echaron abajo la primera parte del plan B en materia electoral, un grupo de simpatizantes morenistas agredió con insultos y golpes a Juan Antonio Jiménez y a Óscar Rea, reportero y camarógrafo de Grupo Fórmula
“Estamos bien. No pasó más allá de unas patadas y golpes en la espalda. Lo malo es que no nos dejaron trabajar y nos invitaron a salir ‘amablemente’ del evento”, dijo Jiménez.

Los simpatizantes de Morena agredieron a los comunicadores, luego de que en el mitin abuchearon a los periodistas Joaquín López-Dóriga y Ciro Gómez Leyva.

Durante su intervención, Cuitláhuac García acusó al pleno del Máximo Tribunal del país de oponerse a los poderes emanados del pueblo.

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