palacio de gobierno

A dos semanas de que ventanas del Palacio de Gobierno fueran incendiadas y la infraestructura del edificio fuera afectada por la marcha del 8 de marzo, aún no se tiene el monto de los daños a este edificio.

El subsecretario de Gobernación, Óscar González Luna, señaló que aún no se tiene un monto, pero este miércoles se llevó a cabo una inspección de las instalaciones para buscar la forma de establecer un protocolo para el resguardo de la sede donde despacha la gobernadora.

Por tal motivo, dijo se llevó a cabo una revisión tanto de forma interna como externa para conocer los daños y la forma en la que se debe de evitar. Estuvo a cargo de personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En materia de daños aún no se especifica el monto, dado que en la Secretaría de Hacienda tampoco existe un análisis de esto.

Sin embargo, el funcionario especificó que se cuenta con una póliza cubre todos los edificios del gobierno estatal. En caso de que los daños fueran superiores a la cifra de 15 millones, se tendría que pagar un deducible.

Al respecto José de Jesús Granillo Vázquez, titular de la Secretaría de Hacienda, declaró que no se cuenta con esta información, ya que es la misma aseguradora quien evalúa los daños que presenta y los montos de esto.

Estos daños son principalmente las pintas de las paredes, así como en las puertas que permiten el acceso al edificio por la calle Aldama y que actualmente se encuentra sin acceso al público.

Asimismo, la destrucción de más del 80 por ciento de las ventanas del inmueble gubernamental y la quema de al menos seis de éstas que se ubican sobre la calle Venustiano Carranza.

La jueza de control Hortensia García dictó vinculación a proceso en contra de Germán M.L., por el presunto delito de “ataques a la paz pública”, derivado de los disturbios ocurridos la tarde del 8 de marzo en el exterior del Palacio de Gobierno.

La sanción consiste en tres meses de prisión preventiva, durante los cuales enfrentará los cargos de “ataques a la paz pública”, desvinculado el de los daños al patrimonio del Gobierno del Estado de Chihuahua.

El acusado deberá pagar un monto de más de 800 mil pesos por concepto de reparación, según el fallo de la juez.

Esto luego del proceso judicial que se presentó este miércoles, donde bajo la causa penal 887/2023, contra Germán M.L, a quien se le acusa de participar en los disturbios causados el pasado 8 de marzo en Palacio de Gobierno.

Por su parte, el abogado defensor solicitó otorgar otra medida cautelar, ya que según lo estableció el Fiscal de la Zona Centro, Francisco Martínez, a las mujeres participantes de la marcha no se les detendría, ya que ejercían su derecho de libre manifestación.

A lo que la jueza señaló que no se solicitó un cambio de la medida cautelar, por ello, se otorgarían 3 meses de prisión preventiva para la acusada, ya que sí se encontró culpable de alterar la paz pública.

La Fiscalía General del Estado presentó como evidencia los videos de la red social de Tik Tok, donde se ve al acusado decir un mensaje de odio hacia el gobierno, para luego ser captado por las cámaras arrojando una piedra en compañía de un amigo identificado como Ricardo M.G.

Éste declaró que ellos arribaron al lugar cuando las ventanas del Palacio de Gobierno ya estaban en llamas, y fueron detenidos siete minutos en otra calle.

El indiciado, quien se autodenominó como “Gina”, al identificarse como mujer, fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1.

Bajo la causa penal 887/2023, inició el proceso judicial contra Germán M. L., a quien se le acusa de participar en los disturbios causados el pasado 8 de marzo en Palacio de Gobierno.

El proceso se lleva a cabo ante la jueza de control Hortensia García.

El abogado defensor, Julio César Valverde Rascón, argumentó que las acusaciones contra su cliente se tildan de “ridículas”, ya que en las 50 cámaras de video, dentro y fuera del recinto, solo lo captan arrojando una piedra hacia el lugar.

A Germán se le acusa de daños al inmueble y de perturbar la paz pública. Los daños rebasan la cantidad de 800 mil pesos.

“Él se encontraba ejerciendo su derecho de libre expresión al igual que las 30 mil personas que se encontraban ahí”, declaró Julio César Valverde.

La Fiscalía General del Estado presentó como evidencia los videos de la red social de Tik Tok, donde se ve al acusado decir un mensaje de odio hacia el gobierno para luego ser captado por las cámaras arrojando una piedra en compañía de un amigo identificado como Ricardo M.G.

Éste declaró que ellos arribaron al lugar cuando las ventanas del Palacio de Gobierno ya estaban en llamas, y fueron detenidos siete minutos en otra calle.

“A menos que esa piedra tuviera un tamaño y función de una pelota de basquetbol, para rebotar en los 366 cristales dañados, esta acusación me parece absurda” dijo el abogado defensor.

El acusado, fue trasladado al Cereso, pero al módulo 4, donde se tienen a personas transexuales, esto debido a que el acusado se identifica como hombre y como mujer en diversas ocasiones.

La audiencia continuará alrededor de las 12:00.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, anunció que investigará a las activistas que rompieron cristales, hicieron pintas e iniciaron una confrontación en el Centro de Justicia Penal en La Paz, el pasado 8 de marzo.

Sostuvo que el año pasado “pecó de prudente”, pero ante los hechos violentos que se suscitaron en la explanada donde se encuentran las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se iniciará una investigación para determinar cómo y por quiénes estuvieron conformados a quienes llamó “grupos de choque”.

“Pequé de prudente el año pasado en que una persona colombiana que traía un monociclo quebró (con él) los vidrios del Palacio de Gobierno y eso pudo generar un accidente entre las compañeras que estaban cuidándolo”, expuso en entrevista con El Universal

“Estamos investigando esos grupos de choque porque hay una narrativa interna. Vamos a investigarlo bien porque si no son de aquí, vamos a ver de dónde proceden estas personas las que organizaron la protesta así”, añadió.

Subrayó que es su responsabilidad –dijo– hacer cumplir la ley.

“Que hagan eso… nosotros ya no podemos permitirlo. Nos obliga la seriedad de las instituciones, a guardarlas, para eso juré hacer guardar la Ley y no estoy para que hagan destrozos, no, eso no lo voy a permitir”, enfatizó.

Añadió que hay “canales para protestar” y que en ningún momento se le ha negado su derecho a la protesta.

Castro Cosío manifestó que tampoco permitirá que se sigan grafiteando monumentos.

“¿Juárez (Benito) qué culpa tiene de que lo rayoneen, de que les hagan cosas. Son monumentos históricos. La sociedad nos reclama a nosotros. ¿Por qué alguien va a llegar a patearte los vidrios?”, remarcó.

El pasado 8 de marzo la protesta en La Paz concluyó con una concentración en la explanada del Centro de Justicia Penal donde al terminar el pronunciamiento y hacer bailes y performance, mujeres arrojaron piedras, palos, destrozaron letreros para romper los cristales de las puertas de acceso al edificio, hicieron quemas de cartón y telas, y sacaron un escritorio y una computadora.

En reacción, autoridades enviaron antimotines y lanzaron gases para dispersar, los cuales generaron una protesta mayor. Resultaron tres policías con lesiones y dos reporteras también fueron “encapsuladas” por activistas mientras intentaban documentar lo ocurrido.