pensión alimenticia

Por no cumplir con la pensión alimenticia para sus hijos, tres hombres fueron aprehendidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Fiscalía de Distrito Zona Sur.

Juan de Dios G. S., de 35 años de edad, se le acusa por hechos ocurridos de julio de 2022 a abril de 2023, periodo en el que dejó de aportar los medios y recursos para el desarrollo y manutención de sus tres hijos.

Mientras que, Julio Erick O. C., de 29 años de edad, era buscado por incumplir con el pago periódico de diverso monto económico por concepto de pensión alimenticia para su hija, del 9 de agosto de 2018 al 9 de agosto de 2021.

Por su parte, al acusado Sergio Eduardo C.A., de 32 años, se le imputa la omisión del pago de pensión alimenticia para sus dos hijos, de agosto de 2020 al mes de septiembre de 2021.

Los imputados fueron puestos a disposición de los Jueces de Control que los requerían y serán llevados a las audiencias en donde el Ministerio Público les informará sobre los cargos que se les atribuyen.

El delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, se encuentra previsto en el artículo 188 del Código Penal del Estado de Chihuahua y se sanciona con penalidades que van de seis meses a cuatro años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos días multa; en todos los casos, se condenará al pago de la reparación del daño por las cantidades no suministradas oportunamente.

El diputado del Partido Acción Nacional, Gabriel García Cantú, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para incrementar las penas a aquellas personas deudoras de pensión alimenticia.

La propuesta es una reforma al artículo 188 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, en el que se plantea de 6 meses a un año de prisión a quien incumpla con esta obligación.

El diputado razonó que los deudores alimenticios no solo niegan el dinero a sus hijas e hijos, sino que comprometen su alimentación, vestimenta, acceso a la recreación y por ende, el disfrute de una vida digna.

Por lo que, en respuesta a la falta de pago por parte de los deudores, dijo que es necesario aumentar las sanciones y poner más atención desde el legislativo en este tipo de conductas.

Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en todo ámbito, la diputada de Morena, Julieta Ramírez Padilla, presentó una iniciativa con la que busca que la pensión alimenticia no sólo contemple el apoyo de los tutores durante la educación primaria, sino que ésta sea obligatoria hasta la educación superior.

La legisladora indicó que el objetivo de su proyecto “es que los padres o tutores asuman, en el marco de las obligaciones de pensión alimenticia, lo que comprende la educación partiendo de la inicial hasta la superior”.

Ramírez Padilla recordó que “el actual artículo que rige a la pensión alimenticia y a los alimentos como derecho de un menor de 18 años, en lo que respecta a educación se limita a la educación primaria, cuando es precisamente el artículo tercero de la norma suprema del país, en el que no solamente precisa gratuidad de la educación sino también obligatoriedad desde la inicial, hasta la superior”.

En ese tenor, la diputada de Morena abogó por terminar con las diversas interpretaciones y criterios en los tribunales que han permitido el desamparo de los menores respecto a su formación académica.

Y manifestó que a través de la iniciativa presentada a la Comisión Permanente, que reforma el artículo 308 del Código Civil Penal, se incorpora una perspectiva de derechos humanos a la norma y se actualiza el precepto de gastos de educación.

“Como es evidente, la norma permanece sigue sin actualizarse y de aquí la oportunidad de mejorarla y ponerla al día”, expresó.

Julieta Ramírez señaló que serán las autoridades, especialmente los jueces familiares, los que tendrán la tarea de corregir y reparar cualquier irregularidad que limite o restrinja calidad de vida del menor, teniendo en cuenta que se trata de una obligación compartida, sin distinción de género.

“Existe, sin duda, la necesidad imperiosa de actualizar esta norma, la que en su simple lectura arroja serias deficiencias y limitantes, mismas que pueden ser resueltas y superadas con perspectiva de derechos humanos”, declaró.