El expresidente municipal de San Francisco del Oro, Arturo Huerta Luévano, fue inhabilitado para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público o participar en contrataciones con el mismo, por contratar un crédito millonario sin apegarse a los procedimientos de ley.
El exfuncionario, quien presidió el municipio de San Francisco del Oro del 2021 al 2024 bajo las siglas del PT, se encuentra bajo proceso penal por contratar una deuda pública de manera ilegal por la cantidad de 6 millones 050 mil pesos.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) informó mediante un comunicado de prensa que la sanción que se le aplicó a A.H.L.—como refiere al exalcalde—corresponde a la denuncia presentada por el Órgano Fiscalizador ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) al acreditar la falta grave de abuso de funciones.
La ASE detalló que fue durante la revisión de la Cuenta Pública 2022 cuando se encontró la contratación de un crédito ante una Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom) sin sujetarse a los procedimientos previstos en establecidos en la ley.
Con ese endeudamiento, condicionaba al Municipio al pago de intereses con tasas por encima del mercado, que lo llevaba a pagar un 139 por ciento más del importe solicitado.
Ese préstamo comprometía tanto a su administración como a la actual.
Además de esa irregularidad, el dinero producto de ese empréstito se destinó para gasto corriente, lo cual es ilegal.
La deuda no fue autorizada por el Congreso del Estado, no se hizo la debida investigación para determinar las mejores condiciones del mercado; no se especificó el plazo para pago y no se informó al Cabildo de las disposiciones del contrato necesarias para su debida autorización, fueron de las acciones acreditadas por la ASE para la obtención de la sanción.
La Cuarta Sala Unitaria en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA determinó la culpabilidad del exalcalde A.H.L. y lo inhabilitó por un año, al contravenir con su acción tanto la Ley de Deuda Pública del Estado, como la Ley de Disciplina Financiera que regula la contratación de créditos por las instituciones públicas.
