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Semar

El Ejecutivo Federal emitió un Acuerdo por el que el “Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)”, el “Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México” y “Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México”, que hasta ahora pertenecían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pasan a manos de la Secretaría de Marina (Semar).

El Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), argumenta que en años anteriores “hubo un descuido sistémico en las terminales aeroportuarias ya que el servicio presentaba deficiencias, con áreas y equipamiento mal aprovechados, lo que generó actos destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil y del transporte aéreo”.

“A pesar de contar con sistemas para monitorear amenazas y riesgos en el área operacional, los reportes no eran atendidos con prontitud; la seguridad de las operaciones y el cumplimiento estricto de la normativa en la materia era nula”.

El documento señala que es obligación del Estado mexicano contribuir al bienestar general de la población por medio de la implementación de estrategias nacionales e internacionales en la gestión de aeropuertos, a fin de facilitar los medios para el traslado de personas con seguridad y calidad, y de mercancías entre regiones.

Subraya que la Secretaría de Marina, al tener como misión la protección de la soberanía de la Nación y la seguridad interior del país, coadyuva en las operaciones de vigilancia, inspección, apoyo y control en el recinto aeroportuario para neutralizar el tráfico de armas, drogas, divisas, mercancía ilegal y evitar el tráfico de personas.

El Acuerdo remarca que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, publicada en el DOF, el 16 de mayo de 2019 y aprobada por el Senado, busca preservar la seguridad interior del país y garantizar la defensa exterior de México, aprovechar los recursos humanos, materiales e infraestructura que pueden aportar las Fuerzas Armadas en favor de la seguridad del país y reorientarlas para impulsar la colaboración entre la población civil al enfatizar el papel de estas como parte de la sociedad.

Además, “como parte de dicha estrategia, se busca alinear todos los esfuerzos en materia de seguridad para enfrentar óptimamente los enormes desafíos que el Estado mexicano tiene en esa materia. Asimismo, se debe garantizar la adecuada coordinación entre las diversas instancias federales y estatales para impulsar esta estrategia en las entidades federativas y regiones del país, con pleno respeto al federalismo”.

El Acuerdo entrará en vigor a los sesenta días naturales siguientes a su publicación en el DOF y durante ese periodo, la SICT, en su calidad de aún coordinadora de sector de las entidades paraestatales denominadas “Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México”, S.A. de C.V.; “Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México”, S.A. de C.V., y “Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, S.A. de C.V. “debe llevar a cabo la actualización del capital social de estas con base en los estados financieros auditados al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior, así como la transferencia de la totalidad de las acciones representativas del Gobierno federal, y demás acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables”.

Las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y de Marina serán responsables del proceso de transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales con que cuentan las entidades paraestatales involucradas, así como proporcionar la información necesaria para la integración de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que corresponda, en el ámbito de su competencia.

Finalmente, se establece que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo se deben realizar con cargo a los presupuestos autorizados a cada uno de los ejecutores de gasto, según corresponda, mediante movimientos compensados, por lo que no se incrementará su presupuesto regularizable y no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal.

Abogados, legisladores, analistas, catedráticos y organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por la primera gran expropiación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Marina (Semar) expropió este viernes las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, propiedad de Grupo México Transportes.

El mismo día, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se ordenó la ocupación temporal e inmediata del tramo ferroviario por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa de participación estatal mayoritaria.

“La sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte de Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores”, dijo Grupo México Transportes en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Grupo México, encabezado por Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, informó que continuará brindando el servicio a sus usuarios sin ninguna afectación por el momento, sólo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas y se informará oportunamente sobre las acciones a seguir según sus obligaciones como empresa pública.

La medida se da en medio de las negociaciones que Larrea mantiene con Citigroup para adquirir Banamex, sin que de momento haya un anuncio oficial sobre el tema.

Esta semana el magnate acudió dos veces a Palacio Nacional y el mismo presidente López Obrador dio su visto bueno para que adquiera Banamex.

Blindaje de obras

En opinión del socio del despacho Trusan y Roma Abogados, y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rodolfo Martínez, la expropiación tiene relación directa con la decisión del gobierno de blindar sus obras prioritarias.

“Es algo que sale de la nada y tiene una relación directa con la resolución de la Suprema Corte de ayer [jueves]. Obviamente la empresa tiene los medios de control jurisdiccional para que se revise ante la justicia federal este tema y espero que lo haga porque me parece que este tema de ocupación temporal es sin duda completamente arbitrario, injustificable y viola el derecho a la propiedad que tiene o a la concesión, en su caso, que pueda tener Grupo México”, explicó.

“Desde un punto de vista jurídico, estamos hablando de una expropiación… Cuando estamos hablando que es de utilidad pública, como señala el decreto publicado en el DOF, estamos hablando de una expropiación de facto… Lo que ahora procede es el pago de una indemnización, pero Grupo México tiene derecho a que se revise este tema ante la justicia federal”, dijo.

Claudia Aguilar, especialista en derecho constitucional, y socia fundadora de Aguilar Barroso y Asociados, afirmó: “Sin duda es la primera ocasión en el sexenio donde nos topamos con una expropiación”.

El decreto que se publicó en el DOF cita la Ley de Expropiación, por lo que ante esta “ocupación temporal”, la legislación dice que “sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo”.

Al solicitarse el amparo se puede pedir se suspenda la medida contra Ferrosur; sin embargo, se ve “cuesta arriba, aunque es procedente con interpretación directa a la Constitución”, con el argumento de que no es proporcional la afectación a sus derechos.

Juan José Iturbe López, abogado constitucionalista, y fundador de Malpica, Iturbe, Buj y Paredes, dijo que de primera impresión el amparo debe impugnarse por dos temas: el acto de autoridad y la indemnización; sin embargo, consideró que no se podrá suspender la ocupación porque ya está hecha.

“Aunque es la primera expropiación como tal… hay otros actos de autoridad arbitrarios en este sexenio con rasgos de expropiación porque no están respetando la garantía de audiencia… primero toman la propiedad y luego te doy audiencia, en lugar de que te doy oportunidad de audiencia, te defiendes y luego tomo el bien”, dijo.

“Este amparo va a estar sumamente politizado, un amparo normal con recursos de revisión ante un tribunal colegiado tarda 16 meses (ocho meses en resolverse y ocho la revisión), que es lo que tarda en terminar este sexenio”, comentó.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, opinó: “Me parece increíble lo que está sucediendo; primero lo del decreto y ahora lo de los tramos de vías de Ferrosur. Generan miedo y ahuyentan las inversiones… Decretos y expropiación. Sin duda esta semana ha sido para México una de las peores, si no es que la peor, en decisiones de política económica”, dijo.

Rechazan acción

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que la toma de Ferrosur es una pésima señal para el mundo, un duro golpe a la certidumbre, contra la inversión y el crecimiento económico.

“Este gobierno está convirtiendo a los militares en los verdaderos operadores y beneficiarios de la voluntad y los caprichos del Presidente”, aseveró.

La analista Irene Levy consideró “tremendo” lo que pasa y resaltó que las Fuerzas Armadas tomaron las instalaciones sin avisar y se publicó el decreto de ocupación temporal, sin plazo. “¿Qué sigue?”, cuestionó.

Sociedad Civil México (SCM), organización que busca conformar una candidatura opositora de unidad para 2024, expresó su rechazo de lo que consideró acciones expropiatorias de activos y operaciones de Ferrosur.

En una carta a las dirigencias del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la organización señaló que dichas medidas anunciadas en el DOF tienen un impacto negativo en el clima de negocios en México, dañando la percepción de riesgo de los inversores privados.

Además, agregó, afecta la imagen del país como destino de inversión extranjera y menoscaba el Estado de derecho, así como la propiedad privada de empresas e individuos.

Con palabras de agradecimiento, felicitaciones y un emotivo discurso para reconocer su actuación en las labores de rescate en Turquía ante el terremoto que sacudió a la ciudad, el almirante José Luis Arellano Ruiz, subsecretario de la Secretaría de Marina (Semar), dio la bienvenida al Equipo USAR MARINA Grupo de Rescate FRIDA en su regreso a México.

El edificio sede de este organismo fue testigo del evento en el que los familiares de los integrantes del Grupo de Rescate FRIDA ocuparon un lugar privilegiado para presenciar el mensaje de gratitud que el subsecretario pronunció para cobijar al equipo.

“Hoy quiero reconocer el temple, la disciplina y el valor del Equipo USAR MARINA porque son los valores que caracterizan a la institución (…) La ayuda humanitaria que han brindado desdibuja cualquier límite geográfico y hoy puedo decirles: ‘bienvenidos a casa, misión cumplida’”, mencionó al inicio.

Entre aplausos, expresiones de aprobación y el ladrido de perritos, el grupo integrado por ocho mujeres y 29 hombres, además de dos binomios caninos, escuchó la emotiva felicitación en la que el subsecretario remarcó que, frente a catástrofes, la solidaridad de los elementos castrenses siempre pone en alto el nombre de México.

“Al ser partícipes de un acto solidario y tan desinteresado como lo es salvar una vida, les reconocemos todos esos valores que caracterizan a estas unidades de rescate de la Armada de México y de la Secretaría de Marina, y que son necesarios para actuar humanamente en momentos tan complejos como los que se suscitaron hace unos días”, reconoció el almirante.

“Nos sentimos profundamente orgullosos de ustedes”, agregó a título de la dependencia.

Alejandro Guerrero, segundo maestre de la Semar y manejador de un elemento canino, narró a El Universal que la experiencia del Grupo de Rescate FRIDA ha sido una de las más duras que los elementos han experimentado. “Todo estaba destruido, la gente [estaba] en un ambiente muy triste, pero con esperanza de que todo el personal que estaba trabajando pudiera encontrar a alguna persona, aunque no fuera de sus familiares”, expresó.

El resto del personal del Equipo USAR portó su característica casaca con la imagen de la fallecida perrita Frida, con la leyenda: “No se puede vencer a quien no sabe rendirse”.

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