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Claudia Sheinbaum presentó la redacción de tres reformas constitucionales que impulsará ante el Congreso, y se refirió a aquella que prohíbe la reelección de alcaldes, diputados y senadores.

Durante su conferencia de este miércoles, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la iniciativa, de la cual se leyó la redacción que se enviará a la Secretaría de Gobernación para que sea impulsada en la próxima Legislatura.

Ernestina Godoy, incondicional de la virtual presidenta y futura Consejera Jurídica, fue la encargada de dar lectura al documento en el cual se impide la reelección de diputados y senadores en dos procesos.

Sheinbaum Pardo justificó que el pueblo de México “no quiere la reelección”. Aseguró que es algo que pudo notar durante el periodo de campaña y precampaña por todo el país, en los encuentros con la ciudadanía.

“Eso lo vimos en la precampaña, en la campaña, pregunten ustedes a las personas si están de acuerdo o no con la reelección. Entonces retomar lo que históricamente fue. Hay diputados que participan en una Legislatura y dejan la Legislatura y tienen la posibilidad de en otra ocasión volver a reelegir, el asunto es la reelección directa”, dijo.

Consideró que con esta demanda lo que se hace es regresar la Constitución a su redacción original. Sin embargo, muchos morenistas se beneficiaron de la reelección.

En 2021, por ejemplo, 448 diputados de los 500 que conforman la Cámara de Diputados informaron que buscarían la reelección y, por supuesto, los más interesados en renovar su curul eran los morenistas, que en aquel entonces sumaban 191.

Para 2023, la situación se repitió. Para las pasadas elecciones 471 legisladores manifestaron su intención de repetir su cargo por tres años más, es decir, buscan ostentar el cargo por hasta nueve años.

El grupo de trabajo plural del Senado de la República que da seguimiento al incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, ocurrido el 27 de marzo 2023, recomendó que se separe temporalmente al titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, mientras está sujeto a investigación por la muerte de 40 migrantes.

Senadores integrantes del grupo denunciaron que su objetivo era analizar y dar seguimiento puntual a los mecanismos de apoyo que se implementarían para proteger los derechos humanos de las personas migrantes, las víctimas y sus familiares, mismo que se vio obstaculizado por la falta de asistencia de las diversas autoridades encargadas.

“En lo que todos coincidimos es que no puede estar desempeñando las labores de titular del Instituto, mientras esté sujeto a un proceso de responsabilidad personal que lleva la Fiscalía General de la República, porque hay un evidente conflicto de interés”, expresó el senador chihuahuense Rafael Espino de la Peña, quien es presidente del Grupo de trabajo.

El grupo de trabajo de seguimiento también reconoció que se les permitió conocer de otros obstáculos que enfrentan las personas en situación de movilidad, tales como ser víctimas del crimen organizado, discriminación, detenciones que duran más de 36 horas en las estaciones y estancias migratorias, presentación indebida de niñas, niños y adolescentes en centros de detención, ausencia de traductores, falta de agua, de comida.

Además de calificar como un hecho de extraordinaria gravedad que debería dar vergüenza a México, ya que es un hecho que pudo haberse evitado, lo que pone en evidencia una práctica sistemática, generalizada y estructural de violación a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.

El 30 de marzo de 2023, tres días después del siniestro, la diputada local Isela Martínez Díaz solicitó que el Gobierno Federal asumiera su responsabilidad en la tragedia ocurrida en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.

El 13 de abril de 2023, el Congreso del Estado exhortó al Ejecutivo Federal para informar los avances, investigaciones y acciones tras el incendio, asimismo pidió por primera vez, separar de su encargo al titular Francisco Garduño Yáñez, por el patrón de irregularidades y de omisiones documentadas y reportadas en relación a su gestión.

El 27 de septiembre de 2023, de nueva cuenta el Congreso del Estado denunció que Francisco Garduño, continuaba al frente del Instituto Nacional de Migración, quien criticaron actuaba con indolencia e incapacidad frente a la crisis humanitaria de la frontera.

El 28 de septiembre de 2023, las y los legisladores locales exigieron a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del INM, una comparecencia ante el Congreso del Estado para explicar las acciones y la política migratoria del Gobierno Federal.

El 28 de noviembre de 2023, por tercera ocasión el Poder Legislativo de Chihuahua pidió la destitución de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, incluyendo al titular Garduño Yáñez, del cual exigió saber si enfrentaba algún procedimiento administrativo al respecto por la deficiencia e irregularidades en política migratoria, sin obtener respuesta.

El último llamado se realizó el pasado 25 de marzo de 2024, en el marco de un año del siniestro en Ciudad Juárez, en el que pidieron la reparación del daño a víctimas del incendio y por cuarta ocasión, solicitaron la destitución del titular del INM. 

No hay respuesta a comparecencias ni política migratoria en Chihuahua

“Hemos llamado en reiteradas ocasiones a Gobierno Federal para que tome cartas en el asunto, vemos como se incrementa día con día la problemática, partimos del caos del 27 de marzo de 2023, donde lamentablemente en una institución federal 40 migrantes pierden la vida y no hay respuesta con una política migratoria”, expresó, la legisladora Georgina Zapata Lucero, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes en el Congreso del Estado.

Zapata Lucero criticó días atrás de la recomendación del Senado,  que no era posible que el máximo responsable jurídico y administrativo, Francisco Garduño no fuera considerado ni siquiera con medidas cautelares.

“Que siga cobrando un salario y que las pruebas y el conocimiento pasen por su escritorio, donde tendría la oportunidad de discernir y hacer discrepancia de lo que se informa a la autoridad, por eso hemos llamado a la autoridad para que se separe del cargo y se sancione a los responsables”, puntualizó.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado respondió que “no hay línea y a nadie se le fuerza a votar” sobre el actuar de los senadores de Morena en el Congreso de la Unión, que emitieron su voto en contra de la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. 

“Estamos defendiendo causas y principios, finalmente el grupo sacó adelante esta medida tan importante, ni un solo peso de esos fideicomisos salía para la base trabajadora, solo para financiar los privilegios de los de arriba, casi una década de una manera de presupuestar tramposa”, expresó el morenista. 

Como parte de su voto razonado, la exministra presidenta de la Corte y actual senadora, Olga Sánchez Cordero defendió que al menos de los 13 fideicomisos, 4 de ellos se debían “rescatar” ya que dos de ellos se conforman con cuotas de trabajadores tales como: Casas de seguridad para magistrados y apoyos médicos complementarios. 

Aunado a lo anterior, el relacionado a las pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, con carreras de hasta 40 años y que se jubilan a los 75 años. Así como el Fideicomiso para adecuar infraestructura para la implementación del Sistema Penal Acusatorio.

Los senadores Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano; Víctor Fuentes, del PAN y Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, presentaron una iniciativa que reforma constitucional para instaurar la segunda vuelta en la elección de Presidente de la República, gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En la exposición de motivos de su iniciativa, que modifica los artículos 81, 84, 99, 116 y 122 de la Carta Magna, los legisladores de oposición afirman que “si en algún momento México ha necesitado y, también ha estado listo para la implementación de una segunda vuelta para elección de presidente y gobernadores, es ahora”.

Los senadores Kempis, Fuentes y Álvarez Ocaza sostienen que México quiere y necesita un sistema electoral que legitime democráticamente a quienes ocupen la Presidencia de la República o gubernaturas de los estados y no uno que imponga a quienes fueron votados con sólo el 30 por ciento o menos de los votos, dejando de lado el derecho y voz del 70 por ciento o más del resto de los votantes.

Señalan que México quiere y necesita que se respete y maximice el derecho a votar y ser votado, además de que realmente escuche la voz de las diversas minorías que integran al país y les facilite llegar a consensos.

Argumentan también que actualmente tenemos un sistema electoral que es naturalmente polarizante e impone de manera estructural en la sociedad el “estás conmigo o en contra mía” mediante el “voto útil”.

Aseguran que con la segunda vuelta electoral se combate el fenómeno de las “declinaciones forzadas” y en su lugar se fomenta la escucha, participación y representación de todas las voces.

La propuesta de los senadores de Movimiento Ciudadano, PAN y Grupo Plural establece que con respecto a la segunda vuelta para elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos sea electo necesariamente mediante el voto directo de la mitad más aunó de los votos válidos emitidos en la elección.

Si no se obtuviera la mayoría absoluta en una primera votación, se deberá realizar la segunda votación, en la que únicamente participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total emitido en la primera vuelta.

La elección de la segunda vuelta se deberá llevar a cabo el sexto domingo posterior a la primera votación.

Para el caso de la elección a gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, estos serán electos mediante el voto directo de la mitad más uno de los votos válidos emitidos en la elección. Si no se obtuviera la mayoría absoluta en una primera votación, se realizará una segunda en la que únicamente participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de sufragios emitidos en la primera vuelta.

En este caso, las legislaturas de los Estados regularán el procedimiento y los términos de la convocatoria de la segunda vuelta electoral para gobernador, atendiendo los mismos principios que los establecidos para la elección a presidente de la República.

La iniciativa señala que la segunda vuelta en la elección a jefe de Gobierno de la Ciudad de México deberá desarrollarse el sexto domingo posterior a la primera elección.

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