sequía

Ante las graves afectaciones que ha dejado este año la ausencia de lluvias en Chihuahua, el Consejo Estatal de Protección Civil aprobó por unanimidad la declaratoria de emergencia por sequía extrema en el estado.

Durante la cuarta sesión extraordinaria del Consejo, en la reunión la gobernadora pidió a los miembros del organismo,unir esfuerzos para proteger a la ciudadanía, especialmente a mujeres, niños y adultos mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad en las zonas rurales de la entidad.

Indicó que ante la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), el Gobierno del Estado responde a las necesidades de la población con acciones que priorizan la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable, que son dirigidas a los chihuahuenses que habitan en la zona serrana.

Estos apoyos y obras serán gestionados a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), las secretarías de Desarrollo Humano y Bien Común, de Desarrollo Rural (SDR), de Pueblos y Comunidades Indígenas, el DIF Estatal, y la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS).

Tras la aprobación de la declaratoria, la titular del Ejecutivo indicó que será posible dotar de oportunidades a personas en condiciones de vulnerabilidad, para garantizar la salud y la alimentación de las y los chihuahuenses, con especial atención a quienes habitan en la zona serrana y con la visión permanente de hacer que las cosas sucedan.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional pidió de manera urgente al titular del Poder Ejecutivo Federal, Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que lleven a cabo la declaratoria de desastre por sequía en el estado de Chihuahua.

El diputado Saúl Mireles Corral expuso que de acuerdo con el último reporte publicado por la Comisión Nacional del Agua, con fecha de 15 de septiembre del 2023, de los 67 municipios que integran el Estado de Chihuahua, 64 de ellos experimentaron los estragos causados por las fuertes sequías, 4 de ellos presentaron una condición de sequía excepcional y 13 vivieron una condición de sequía extrema.

En este sentido, el diputado dio a conocer que son más de 22 millones de pesos invertidos en préstamos a través del Fideicomiso Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) e intermediarios financieros, que tienen comprometidos para este ciclo agrícola, pequeños productores y productores del estado de Chihuahua.

Además que la falta de lluvias muestra un panorama preocupante y “peor” que la crisis del 2020, que para este año se visualiza la reducción de más del 40 por ciento en la producción del maíz, más del 60% en algodón y pérdidas en frijol.

Explicó que la sequía en el estado se debe a una serie de factores climáticos y geográficos, donde uno de los principales contribuyentes es la variabilidad natural del clima en la región, que experimenta periodos de lluvias irregulares y eventos climáticos extremos, como el Niño y la Niña.

“La resiliencia frente a la sequía requiere una acción continua y coordinada entre el Estado y la Federación, razón por la cual el presente punto es exhortar de manera urgente para que se realice la declaratoria de desastre por sequía, para que se pueda hacer frente a esta condición que está causando graves estragos para las y los chihuahuenses”, puntualizó.

El exhorto fue aprobado por unanimidad del Pleno, junto con la moción del diputado Benjamín Carrera Chávez, quien solicitó agregar al llamado inmediato a la Secretaría de Gobernación, una de las dependencias federales que articula el mecanismo de declaratoria.

En plena ola de calor, la disponibilidad de agua en México se vuelve crítica, por lo que es urgente e inminente una nueva Ley General de Aguas para desarrollar una regulación que fomente una eficiente gestión de los recursos hídricos, afirmó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

}El IMCO señaló que un tema alarmante en el mundo son las sequías, las cuales se han duplicado en los últimos años y este fenómeno se ha agravado por el aumento de la temperatura en México, debido al cambio climático.

Al mencionar que en México, la gestión de los recursos hídricos se divide entre la federación, los gobiernos locales y los organismos de cuenca, indicó que para iniciar el camino hacia la resolución del problema, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe promover una mayor coordinación entre los responsables de la gestión del agua.

“Además, es necesario abordar el problema de la ausencia de actualización de los lineamientos para la extracción y uso de aguas, así como de las disposiciones para otorgar concesiones. Esto permite un control más estricto del uso de los recursos hídricos con fines sostenibles y una mayor transparencia hacia los usuarios”.

El Instituto Mexicano para la Competitividad realizó un análisis del marco regulatorio actual, donde identificó que además de la falta de coordinación entre actores públicos y privados, algunos de los obstáculos son:

Falta de coordinación entre los actores del gobierno a distintos niveles, lo que dificulta el desarrollo y aplicación de políticas públicas eficientes para manejar los recursos de manera sostenible.

Ausencia de actualización de las disposiciones para otorgar concesiones. La demanda de agua no está basada en la oferta real; dicha demanda puede variar año con año debido a las sequías y a la disminución de las precipitaciones.

Deficiencias en los sistemas de medición y monitoreo. 97% de los títulos de concesión registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no tienen medidor y 93% no han sido verificados.

Reducción de la vigilancia. Entre 2011 y 2018, el promedio de visitas de vigilancia anuales fue de 8,129, mientras que entre 2019 y 2022 fue de 2,334, lo que implica que México experimentó una reducción significativa en la vigilancia del uso del agua.

Reducción de financiamiento a la Conagua. El presupuesto de este organismo disminuyó aproximadamente 50% entre 2014 y 2022. Es decir, pasó de 63 mil millones de pesos a 30.3 mil millones.

El organismo compartió que las autoridades en los tres niveles de gobierno necesitan transitar hacia un marco legal y regulatorio que permita asegurar el acceso equitativo al agua y que garantice el derecho de los ciudadanos a un suministro de agua seguro, limpio y asequible. Aprovechar el mandato de expedir una nueva Ley General de Aguas será clave para iniciar el camino hacia una legislación y gestión más eficientes.

A partir de este diagnóstico, el IMCO Propone una serie de recomendaciones que atienden la problemática de la gestión del agua desde los ángulos de sostenibilidad y regulación:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión deben garantizar recursos suficientes para que la Conagua pueda invertir en tecnología y recursos humanos con el fin de desarrollar un sistema de información de recursos hídricos robusto y confiable.

La Conoagua y el Congreso de la Unión deberán ajustar los volúmenes abiertos a concesionar para extracción de agua superficial o subterránea que reflejen la disponibilidad anual y no superen la disponibilidad ambientalmente sostenible.

La Conagua y la Profepa deben garantizar inspecciones y vigilancia suficientes para los sistemas de aguas. Aunque es un mandato por ley, en la práctica estas acciones son limitadas e insuficientes para los riesgos que enfrenta el país en términos de contaminación y sobreexplotación. Esto abre camino a la corrupción y promueve un uso ineficiente del agua.

De un muestreo de 400 expedientes dentro del programa “Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural”, se detectó por parte de la Auditoría Superior del Estado que el 60 por ciento de estos, eran presuntamente apócrifos.

Dentro de este programa se presupuestaron 12.1 millones de pesos para apoyar a productores por los daños de la sequía, destacó el auditor superior del Estado Héctor Acosta.

Entre las inconsistencias detectadas dentro de la auditoría, fue que de una muestra de 83 beneficiaros, 45 no fueron localizados.

De los 38 productores entrevistados, cinco confirmaron no haber recibido el apoyo, mientras que 18 más indicaron haberlo recibido, pero no ser productores agrícolas.

Mientras que de los 83 productores, 36 señalaron no haber tramitado documentación ante el municipio para ser beneficiarios.

En la información otorgada por el funcionario se detectó que un alto número de cheques entregado,s fueron depositados a cuentas repetidas:

En Guachochi, de 72 cheques, 44 fueron depositados a una misma cuenta y 12 a otra cuenta.

En Temósachic, de 93 cheques, 22 fueron depositados a una misma cuenta y 12 a otra cuenta; además, 8 fueron cobrados por una persona física.

En Madera, de 76 cheques, 22 fueron depositados a una misma cuenta.

En Bocoyna, de 58 cheques, 37 fueron depositados a 4 cuentas.