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Dentro de la Conferencia Nacional de Secretarios y Secretarias de Seguridad Pública, el miércoles 24 de abril en Oaxaca, se autorizó a los estados por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la adquisición de armas de alto poder, para el combate a la inseguridad en las entidades.

Lo anterior fue dado a conocer esta mañana por Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal, quien informó que se autorizó un máximo de 6 armas por estado y que planteó la capacitación de 50 elementos para el uso de las mismas.

“Dentro de los requisitos es la solicitud por parte del titular de la licencia oficial colectiva de la adquisición de este tipo de armamento, especificando las características de que se tratan de armamento colectivo y armas calibre 50, además de acompañarlo con una justificación muy precisa de la necesidad y opinión del mando territorial de la Sedena”, expuso.

Loya dijo que a Chihuahua le compete la opinión del comandante de la V Zona Militar, así como cumplir con el Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.

“Estamos actualizando la documentación, ya estamos haciendo la solicitud de este armamento para que la policía del estado pueda contar con este equipamiento, estamos convencidos de que nos dará una mayor capacidad de fuego, de contención a los índices delictivos”, comentó.

Sobre todo, añadió, en el combate a los grupos delincuenciales que cuentan con este armamento y que lo usan no sólo entre ellos, sino contra las autoridades estatales y las que trabajan en conjunto en las bases interinstitucionales.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya informó que serán 913 las personas en prisión preventiva que votarán en Chihuahua, quienes ejercerán su sufragio de forma anticipada dentro de las prisiones entre el 6 y 20 de mayo, mediante sobres que permanecerán cerrados hasta la jornada electoral el 2 de junio.

El funcionario detalló que, desde el 13 de diciembre se firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral para que las personas que se encuentran dentro de los Ceresos en el estado, que no cuentan con una condena, es decir, personas en prisión preventiva (PPP), puedan votar.

Según el listado nominal con la autoridad electoral, son 229 hombres recluidos en el Cereso 1 de Aquiles Serdán; 18 del Cereso 2 de Chihuahua; 418 del Cereso 3 de Juárez; 40 del Cereso 4 de Parral; 20 del Cereso 5 de Nuevo Casas Grandes; 64 de Cereso 7 de Cuauhtémoc y 5 del Cereso 8 de Guachochi. Así como 32 mujeres en el Cereso Femenil 1 de Chihuahua y 87 en el Cereso Femenil 2 de Juárez.

“Buscamos garantizar el voto de estas personas, con base en una filosofía de educación cívica y lograr en el estado la participación social, esto es parte de la reinserción”, dijo.

El funcionario estatal explicó que como antecedente, en 2019, la Sala Superior del Tribunal Judicial de la Federación determinó que las personas que se encuentran en prisión preventiva no han sido sentenciadas aún, y tienen derecho a votar, ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia.

“En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros, han hecho una interpretación evolutiva del derecho al voto y muy importante la presunción de inocencia, de la que se busca ampliar el alcance y protección de derechos humanos, en la mayor medida posible, hasta lograr su plena afectividad”, aseguró el encargado de la seguridad en el estado.

Por lo que dijo, más de 50 mil personas en el país que están en esta situación podrán votar para elegir al próximo presidente o presidenta de México, por lo que se va a poder ejercer el sufragio en 204 de 285 prisiones, y sólo Yucatán y Estado de México no aceptaron el convenio.

“Casi la mitad de la población en prisión preventiva, no va a poder acceder a este derecho, porque no tienen vigente su credencial de elector que caduca a los 10 años, o no cuenta con la documentación que le permite empadronarse en el listado nominal”, concluyó.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya dio a conocer que evalúan la posibilidad de dotar de armas a personal del Cereso, siempre y cuando cumplan con los requisitos de examen de confianza, capacitación de uso, examen psicométrico y toxicológico.

Lo anterior, tras los homicidios del comandante José Guadalupe Medrano y el contador público Nicolás Monárrez en la capital del estado, trabajadores activos del Sistema Penitenciario, en el Cereso Aquiles Serdán, acaecidos el 31 de marzo y 15 de abril, respectivamente.

“Nosotros haremos las gestiones necesarias para hacer la adquisición de las armas de fuego para que el personal las pueda portar, cuando el personal salga de su trabajo, porque dentro de los penales no puede haber armas de fuego”, expuso.

Gilberto Loya aclaró que esto no quiere decir que el personal de custodia vaya a portar armas de fuego durante su turno, sino al salir del área de trabajo, y esta solicitud es parte de las peticiones que el personal del Cereso realizó sobre equipamiento y mejoras de condiciones laborales.

No hay amenazas activas, faltan traslados de reos de alta peligrosidad

“No hemos recibido amenazas, Nicolas Monárrez no había recibido amenazas previas, no sabemos si vaya a haber más, pero no vamos a claudicar en este encargo de recobrar el control de los penales y de continuar este tipo de agresiones, las medidas de la SSPE serán más drásticas”, detalló.

Y aseveró que aún hay traslados de reos de alta peligrosidad pendientes por hacer, y que, de continuar estos niveles de violencia contra el personal, lo harán lo antes posible.

Asimismo, que son 18 mil artículos los artículos que se han decomisado y prohíbe el reglamento al interior de penales, tales como drogas, armas hechizas y dinero en efectivo. Además de que en una revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, en un módulo se localizaron granadas de fragmentación y armas de fuego.

De igual manera, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que desactivó el “código negro” que impide entradas y salidas de los Ceresos como parte del protocolo tras el atentado, pero que ya se restableció la actividad con normalidad, y se aplica una revisión exhaustiva de todas las personas que quieran ingresar a penales, ya sea para diligencias o visitas a familiares privados de la libertad.

Si hay temor “natural” entre el personal, reciben contención psicológica y atención médica

Sobre el clima laboral que impera en el Sistema Penitenciario, por el estrés post traumático que los ataques pueden suscitar entre el funcionariado encargado de los Ceresos, el titular de la SSPE dijo que se llevan a cabo terapias grupales de contención para el personal en general y el personal que trabajaba directo con quienes perdieron la vida.

Además de reuniones quincenales con el personal del Cereso 1, con temas de calidad de vida, prestaciones laborales para revisar avances de equipamiento, en el que sólo faltan Parral y Guachochi; en salarios con los retroactivos con el incremento de este año, en salud, personal de Ichisal realiza en este momento una evaluación para atender enfermedades relacionadas al estrés, como diabetes, hipertensión y obesidad.

“No son reuniones de rendición de cuentas, son de trabajo con la intención de dejar un sistema penitenciario, distinto al que recibimos. No ha habido denuncias, si hay temor natural, pero no hay nada específico en este caso”, reiteró.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya informó que el trabajador asesinado ayer en la avenida Cantera, se trata del contador público Nicolás Antonio Monárrez Gaxiola, de 36 años de edad.

Monárrez Gaxiola fue atacado junto con su hijo y otro compañero de trabajo del Sistema Penitenciario de Chihuahua, los cuales resultaron heridos, pero se reportan fuera de peligro.

“Monárrez Gaxiola era el responsable del área de Comercio Penitenciario, del Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales”, explicó el secretario.

Gilberto Loya informó que gracias a las cámaras particulares, se logra captar el momento de la agresión, en el que de cuatro vehículos involucrados en el atentado, una Caravan color arena, un Jetta color rojo, un neón color gris y un Hyundai oscuro, descienden varios sujetos e inician la agresión.

Por lo que durante el despliegue de búsqueda y localización de los responsables con las corporaciones de seguridad, se logra la detención de 7 personas presuntamente involucradas en el homicidio, 4 de ellas de sexo masculino y 3 de ellas de sexo femenino. Además del aseguramiento de los 4 vehículos involucrados y 3 armas de fuego calibre “corto”.

Derivado del trabajo de indagatorias, Loya confirmó que el primer aseguramiento se dio en la ciudad de Chihuahua, donde ubicaron el Jetta de color rojo en el Periférico de la Juventud, el cual no contaba con reporte de robo.

Posteriormente, en un arco perteneciente a la Plataforma Escudo Chihuahua y Plataforma Centinela se captó sobre la carretera federal Chihuahua-Cuauhtémoc, a la Caravan y el neón.

Mientras que el Hyundai oscuro, se ubicó por aeronaves no tripuladas, mejor conocidas como drones. Ahí se generó la primera en el municipio de Cuauhtémoc, donde se encontraba estacionado el Hyunday con dos mujeres y un hombre, quienes manifestaron algunas de las participaciones en el hecho.

Lo que llevó a la detención de otra mujer y otro hombre, al interior de un hotel en la colonia centro del mismo municipio y a la calle 110 y Tenochtitlán, en donde se localizó el Neón y sus tripulantes. La Suv color arena fue localizada tiempo después en el municipio de Riva Palacio, la cual contaba con reporte de robo desde el 05 de abril.

“Nos queda muy claro que esto que paso es una reacción de las bandas delincuenciales que tratan de seguir operando desde los centros penitenciarios y que son respuestas violentas de todo el trabajo que hemos realizado, desde que tomamos el control de los Ceresos en enero de 2023”, respondió Gilberto Loya.

Lo cual aceptó, se agudizó a partir del traslado de 209 reos de alta peligrosidad, el pasado 05 de marzo de 2024.