La administración de Cruz Pérez Cuéllar, en el Municipio de Juárez, incurrió en irregularidades en su estrategia de seguridad “Juárez Vigilante”, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que recientemente publicó la revisión de la cuenta pública 2022.
La ASF concluyó que el Gobierno Municipal de Juárez causó daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal con la administración de 14 contratos, de los cuales 13 de ellos se celebraron para adquirir equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal: patrullas, uniformes y calzado para policías, cámaras de videovigilancia, brazaletes, botones de pánico, entre otras herramientas y equipos para las operaciones del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, CERI 911.
En torno al equipamiento y servicios contratados para las operaciones del CERI 911, de manera compaginada con la estrategia Juárez Vigilante, los auditores de la ASF identificaron una inversión, en este rubro, de 232.1 millones de pesos repartidos en tres contratos y nueve partidas.
Las irregularidades
El proyecto para alinear al CERI con la estrategia de seguridad Juárez Vigilante, contrató los siguientes servicios y bienes:
- 3,000 mil brazaletes electrónicos tipo pulsera
- Póliza de mantenimiento integral
- Unidades equipadas como centro de mando móvil
- Plataforma unificada conectividad comercial
- Seguridad de la red
- Sistema de visualización para el geoposicionamiento de indicadores de seguridad pública
- Suministro e instalación de 1,000 cámaras de videovigilancia
- Suministro e instalación de 60 cámaras lectoras de placas
- Servicio de licenciamiento y soporte técnico para incorporar una plataforma unificada para la operación del CERI 911 con la Torre Centinela, de Gobierno del Estado.
Sobre esta base descansó la parte más importante del proyecto tecnológico del Municipio para atender, con el aprovechamiento de la tecnología, las demandas de seguridad de los juarenses.
Sin embargo, la auditoría identificó diversas irregularidades e inconsistencias en la administración de los contratos DCA/SSPM/162/2022, DCA/SSPM/161/2022 y DCA/SSPM/2022.
Faltantes y deficiencias
Con respecto al suministro e instalación de más de mil cámaras de videovigilancia con conexión en 250 espacios públicos de la ciudad, para el que destinaron 118.5 millones de pesos, la auditoría estableció que los bienes consistentes en mil 250 servidores para grabación de video (30 días 24/7), no fueron recibidos por el Municipio, toda vez que no pudieron acreditar su existencia física.
Estos equipos formaron parte del contrato, tuvieron un costo de 14.3 millones de pesos, incluso su recepción fue inventariada por el Municipio.
En cuanto a los tres mil brazaletes electrónicos por los que se pagaron 10 millones de pesos, 2 mil 889 de ellos se encontraron en una bodega del CERI, sin ningún uso. Estos componentes se compraron para la protección de mujeres en situación de violencia doméstica.
La auditoría consideró que los bienes almacenados no cumplen con el objetivo con el cual justificaron el gasto.
Compran softwares piratas para instalar en tabletas inexistentes
Con respecto al servicio y adquisición del Sistema de Visualización para el Geoposicionamiento de Indicadores de Seguridad Pública CERI 911, el proveedor solicitó modificar el contrato original, la autoridad municipal no promovió una sanción administrativa ante el incumplimiento.
También identificaron que expiraron en diciembre de 2023, así mismo fueron informados que las suscripciones se instalaron en tabletas; sin embargo, a la fecha de la visita, constataron que de las 300 suscripciones, únicamente 59 se encontraban en igual número de dispositivos.
Evaluaron que las suscripciones fueron activadas sin contar con dispositivos para su utilización, lo cual se considera un desperdicio de recursos.
El proveedor de la licencias informáticas de estos programas, entre estos Motor de Análisis Predictivo, no proporcionó documentos para acreditar derechos de autor, lo cual supone que vendieron servicios de software “piratas”.
Concluyeron que los bienes recibidos no corresponden a los bienes requeridos, toda vez que no presentan las especificaciones pactadas en el contrato.
Incumplimiento en la plataforma unificada conectividad comercial: solo un negocio conectado
Con respecto a los servicios de conectividad de la plataforma unificada conectividad comercial, la cual requirió recursos por 20.5 millones de pesos, evaluaron que el proveedor incumplió con los requerimientos técnicos contratados; entre estos servicios y licenciamiento para agregar al módulo de conectividad comercial de la Plataforma Unificada hasta 18,000 cámaras y Servicios de configuración, suministro e instalación de botones de pánico en los comercios registrados en el programa.
La inspección de los auditores el 31 de diciembre de 2023, solo encontró la instalación de un botón verde y la conexión de una cámara, ambos correspondientes a un comercio que funciona como hotel.
Durante la misma diligencia, dieron cuenta que no que no se presentaron los botones de pánico físicos para su instalación hasta en 8 mil comercios.
Una de ellas es el servicio de la Plataforma Unificada Conectividad Comercial; además, cuando los auditores verificaron los equipos, no pudieron constatar que si los servidores que les mostraron corresponden a los servicios contratados.
Inconsistencias en la compra de cámaras
Una de las conclusiones a las que se llegó en esta revisión, es que en el caso del contrato de suministro y colocación de mil cámaras, así como 60 más que leen matrículas vehiculares, entre otras partidas, los bienes adquiridos no cumplen con las especificaciones mencionadas en el anexo técnico del contrato.
Por otra parte, en cuanto al suministro e instalación de cámaras lectoras para el CERI 911, entre el 13 y el 17 de octubre de 2023, los auditores constataron que 60 servidores para procesamiento y grabación de 30 días, con un costo de 4.4 millones de pesos, no fueron recibidos por el Municipio de Juárez.
Con respecto al pago de los servicios de Licenciamiento y Soporte Técnico, para la integración de la plataforma inteligente de seguridad pública, el personal de la ASF dejó asentado en actas que el Municipio de Juárez no corroboró la existencia de 600 licencias para agregar cámaras del Gobierno del Estado de Chihuahua a la plataforma; 36 licencias para lectura de placas y análisis vehicular de las cámaras del Gobierno del Estado; 600 licencias para botones existentes, ni 50 mil aplicaciones de botón de emergencia digital, por las cuales se pagaron 8.1 millones de pesos.
Precisaron que derivado de lo anterior el municipio no acreditó la existencia de los bienes descritos por un importe de 47.5 millones de pesos.
La promesa del Juárez Vigilante
En agosto de 2022, la administración “crucista” dio a conocer la implementación del programa Juárez Vigilante, “para recuperar la tranquilidad, haciendo equipo con los juarenses”.
“La fuerza y tecnología de la corporación de nada sirve, si no se trabaja en equipo con cada juarense”, expuso en aquel entonces el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.
Este programa prometía la instalación de mil nuevas cámaras de vigilancia con tecnología de última generación; las cuales contarían con tecnología de análisis inteligente de video el cual permite analizar de manera rápida y eficiente las imágenes de una cámara de seguridad, detectando objetos y personas.
También se mencionó la adquisición de dos Centros de Comando Móvil con los que se vigilarían las zonas de difícil acceso. Estos vehículos estarían enlazados permanentemente al Centro de Emergencias CERI 911, mientras que los arcos carreteros contribuirían en la búsqueda de criminales en fuga y facilitarían la detección de vehículos robados.
La auditoría realizada por la ASF, corresponde a los recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) aportados por el Gobierno Federal para el gasto del Municipio en el 2022, por un monto de 1 mil 200 millones de pesos, los cuales se revisaron solo 15 contratos con valor de 528 millones de pesos.
