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Título 42

Este 11 de mayo a las 11:59 pm llegará a su fin la vigencia del Título 42, la norma que desde marzo de 2020 ha permitido a las autoridades de Estados Unidos expulsar de forma expedita a los extranjeros que llegaban a sus fronteras, informó BBC.

“Aunque esa norma fue puesta en marcha como salvaguarda ante la pandemia de coronavirus, en la práctica sirvió también para controlar la entrada de migrantes al país y su aplicación durante tres años derivó en más de 2.8 millones de expulsiones, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS, por sus siglas en inglés)”, añade.

Según la información difundida, el Título 42 fue duramente criticado por las organizaciones de derechos humanos por considerar que era usado como arma para ejecutar expulsiones masivas y dejaba desprotegidos a los legítimos solicitantes de asilo y refugio.

Establecida durante la presidencia de Donald Trump, esta norma había sido cuestionada por el actual mandatario, Joe Biden, quien tras llegar a la Casa Blanca intentó dejarla sin efecto, aunque no lo consiguió hasta ahora.

En los últimos meses, sin embargo, el fin del Título 42 ha sido motivo de preocupación para el gobierno estadounidense ante la posibilidad de que la extinción de esta norma derive en una llegada masiva de extranjeros que produzca una crisis en la frontera.

Este temor no es exclusivo del gobierno federal.

Tres ciudades fronterizas en Texas -Brownsville, Laredo y El Paso- se declararon en estado de emergencia, mientras que el gobernador de este estado, Greg Abbott, anunció el despliegue de la unidad táctica fronteriza de la Guardia Nacional “para que ayude a interceptar y repelar a grandes grupos de migrantes que intenten entrar a Texas ilegalmente”.

Por su parte, el gobierno federal envió mil 500 soldados que darán apoyo a la patrulla fronteriza, aunque no ejecutarán funciones policiales.

Las autoridades estadounidenes estiman que del lado mexicano de la frontera hay unos 150.000 migrantes esperando para cruzar.

Las autoridades estadounidenses temen que se produzca una ola migratoria de grandes proporciones, pues estiman que en el norte de México hay más de 150 mil migrantes esperando en albergues y campamentos el momento de cruzar la frontera, según informó CNN.

A partir de la expiración del Título 42, calculan que se presentarán ante sus fronteras hasta 13 mil migrantes diarios, una cifra que más que duplica las llegadas que solían registrar en un día promedio.

Para intentar evitar que la situación se escape de control, el gobierno de Biden anunció la aplicación de una nueva serie de medidas que tienen por objetivo formal “mejorar la seguridad de la frontera, limitar la inmigración irregular y crear procesos adicionales seguros y ordenados para que las personas que huyen de crisis humanitarias puedan llegar legalmente a Estados Unidos”.

En la práctica, sin embargo, estas decisiones implicarán que a partir de ahora se ejercerá un control más estricto sobre los migrantes que llegan a las fronteras de EE.UU.

Mientras el Partido Republicano acusa a Biden de no hacer lo suficiente para proteger las fronteras de los migrantes, organizaciones de derechos humanos e incluso legisladores demócratas han criticado estas medidas anunciadas porque consideran que no son compatibles con la responsabilidad de proteger a personas que se encuentran en situaciones vulnerables en otros países.

A partir de la expiración del Título 42, volverá a aplicarse en la frontera el Título 8 que prevé la expulsión de Estados Unidos en cuestión de días de quienes ingresen al país de forma irregular.

Estas personas también tendrán prohibido ingresar a EE.UU. durante, al menos, un periodo de cinco años y podrían ser sometidas a un proceso penal si intentan ingresar nuevamente de forma irregular.

Quienes crucen la frontera por un paso no autorizado serán deportados y se les prohibirá entrar a EU durante cinco años.

Además, las autoridades han propuesto una norma que permitiría presumir que no son elegibles para recibir asilo, a menos que la persona logre demostrar que le puede ser aplicable una excepción a esta norma.

El gobierno de EU anunció que va a procesar y deportar de forma acelerada a quienes no tengan justificación legal para estar en ese país.

En el caso de las personas solteras que expresen temor de sufrir persecución en el país al que serían expulsados, serán remitidos para una entrevista con un funcionario migratorio especializado en asilo, quien determinará si su temor es creíble.

Durante este proceso, la persona permanecerá bajo custodia del DHS, bien sea en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Lo mismo ocurrirá si la decisión sobre el asilo está siendo revisada por un juez de inmigración.

Quienes no quieran ser deportados permanecerán detenidos mientras se estudian sus alegatos.

Las familias también podrán ser sometidas al procedimiento de expulsión acelerada, aunque durante el procedimiento no permanezcan detenidas sino sujetas a medidas de supervisión reforzada como el toque de queda.

El DHS anunció que está ampliando sus instalaciones para poder alojar a un mayor número de personas bajo detención y disponer de espacios para realizar un mayor número de entrevistas, al tiempo que está mejorando sus capacidades tecnológicas y aumentando el número de funcionarios de asilo y jueces migratorios, para poder completar estos procedimientos con mayor rapidez.
Aumento de las deportaciones

El DHS asegura que ha “incrementado de manera drástica” el número de vuelos de deportación semanales y que prevé duplicarlos o triplicarlos en el caso de algunos países. Estos incluyen los vuelos a Cuba que habían sido suspendidos durante la pandemia.

Las autoridades estadounidenses también aseguran estar aumentando de forma importante sus capacidades para transportar migrantes tanto por vía aérea como terrestre, no solamente para acelerar las deportaciones sino además para poder trasladarlos a centros migratorios que se encuentren menos congestionados, donde pueden concluir sus trámites.

Las autoridades estadounidenses afirman que han aumentado de forma drástica las deportaciones.

Según el CBP, ante la inminente extinción del Título 42, en las últimas tres semanas se produjeron unos 30 mil encuentros de migrantes que habían cruzado la frontera, un aumento notable en comparación con los mil 500 que hubo durante las dos primeras semanas de abril. En respuesta, las autoridades estadounidenses han estado deportando migrantes tres veces al día.

Recientemente, Estados Unidos anunció la creación en América Latina de Centros Regionales de Procesamiento, con los que se busca evitar que los potenciales migrantes tengan que realizar la peligrosa travesía por tierra a través del continente y terminen concentrándose en su frontera sur.

Estos establecimientos estarán gestionados por personal de organizaciones internacionales como la Oficina de la ONU para los Refugiados (Acnur) o la Organización Internacional de Migraciones, quienes determinarán si los solicitantes cumplen con los requisitos exigidos para ir a EE.UU., tomando en cuenta distintos mecanismos disponibles como el refugio, los programas de reunificación familiar, los permisos de estadía (parole) o las admisiones con fines de trabajo, entre otros.

La apertura de estos centros no solamente previene que los migrantes tengan que trasladarse, sino que además evita que tramiten su asilo estando dentro del territorio estadounidense y que contribuyan a la saturación de un sistema que se encuentra atascado con más de dos millones de casos pendientes para marzo de 2023.
Uso de la aplicación CBP One

Quienes quieran entrar a Estados Unidos desde México deberán concertar una cita previa en el puerto de entrada a través de la aplicación móvil CBP One.

Hasta ahora esta aplicación estaba disponible para aquellos que querían solicitar su ingreso como una excepción a la orden de salud pública del Título 42, pero ha sido criticada porque supuestamente otorgaba muy pocas citas y tenía constantes fallos.

Antes de presentarse en un puesto fronterizo, los migrantes deberán concertar una cita usando la aplicación CBP One.

A partir de este 12 de mayo, esa aplicación será la que deberán usar los extranjeros que se encuentran en México para programar su presentación ante el puerto de entrada fronterizo estadounidense, de tal forma que cuando lo hagan ya tengan una cita asignada para que su caso sea atendido y procesado.

Según el CBP, se ofrecerán unas 1.000 citas al día a través de la aplicación.

Las autoridades de EU han advertido que quienes acudan a un puerto de entrada sin tener cita podrán ser considerados como inelegibles para recibir asilo, a menos que demuestren que su caso se corresponde con una excepción.

Pérdida de la opción a asilo

Este 11 de mayo entra en vigor una norma, con vigencia por dos años, que considerará como inelegibles para solicitar asilo a aquellas personas queantes de llegar a EE.UU. hayan transitado por otros países y que no hayan solicitado esa protección en los mismos.

Esta presunción de inelegibilidad también se aplica a quienes entren ilegalmente en el país y a quienes se presenten en los puestos fronterizos estadounidenses sin haber concertado previamente una cita usando la app CBP One. Todas estas personas podrán estar sujetas a procedimientos de deportación acelerada.
Ampliación (limitada) de las vías legales para emigrar

Las autoridades estadounidenses aseguran que con estas medidas no buscan bloquear la migración, sino asegurar sus fronteras y garantizar que el proceso de entrada al país sea seguro y ordenado.

Con ese objetivo, el gobierno de Biden se ha comprometido a duplicar la cifra de refugiados que admite procedentes del continente americano.

Al mismo tiempo, anunció que mantendrá el programa ampliado de permisos humanitarios (parole) que estableció en 2022 y gracias al cual está aceptando la entrada de hasta 30 mil personas al mes, quienes obtienen un permiso de estadía y de trabajo por dos años.

Sin embargo, este programa solamente es aplicable a nacionales de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, quienes además deben contar con un patrocinante en Estados Unidos que esté dispuesto a hacerse responsable financieramente por ellos.

También ha establecido nuevos programas de permisos para reunificación familiar, pero estos solamente están destinados a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia.

La política que ha permitido la rápida expulsión de muchos migrantes en la frontera sur se levantará el jueves. Las autoridades se preparan para un nuevo aumento de la inmigración

El Paso, Texas — El gobierno de Joe Biden se prepara para suspender una norma sanitaria de emergencia que se ha utilizado con el fin de evitar que cientos de miles de migrantes ingresen a Estados Unidos, lo que sienta las bases para lo que podría ser un nuevo repunte migratorio que incremente las tensiones políticas y agote los recursos en toda la frontera sur, publicó The Ney York Times en su edición digital.

Salvo que se interponga un recurso legal de último minuto, la política de la era de Donald Trump conocida como Título 42 expirará a las 11:59 p. m., hora del Este, del jueves 11 de mayo. Se implementó hace tres años bajo la premisa de prevenir la propagación de la Covid-19.

Agentes fronterizos, funcionarios estatales y locales e incluso los principales asesores del presidente Biden en Washington se preparan para la llegada de decenas de miles de migrantes en los próximos días. 

La gente ya ha empezado a cruzar hacia las ciudades fronterizas de Estados Unidos, anticipando el fin del Título 42, que desde 2020 ha permitido que el gobierno estadounidense expulse rápidamente a México a ciudadanos de varios países.

El Paso, en estado de emergencia 

Tres ciudades de Texas —Brownsville, Laredo y El Paso— han declarado el estado de emergencia. La semana pasada, frente a la iglesia católica del Sagrado Corazón, en el centro de El Paso, un retablo de miseria humana se extendía a lo largo de varias manzanas, donde migrantes en situación de indigencia ocupaban cada espacio en la acera.

En tan solo unos días, el número de personas se ha disparado de unas pocas decenas a cerca de 2000, y siguen llegando más. Por la noche, las familias duermen sobre cajas de cartón, y durante el día amarran sábanas a las vallas para crear sombra. 

Los hombres sanos piden dinero para viajar en autobús a Houston, Denver y Orlando, Florida, donde, según dicen, les esperan puestos de trabajo. 

Los niños pequeños vagan por los callejones buscando comida y pidiendo limosna.

“Es una verdadera crisis”, señaló el padre Rafael García, mientras observaba a la multitud que se extendía en todas direcciones la semana pasada. 

“Si esto es ahora, ¿cómo será después del 11 de mayo? ¿Cómo se va a desarrollar?”.

Esa pregunta es el núcleo de un reto monumental con una historia sombría. Cuando finalicen las restricciones inspiradas por la pandemia, las autoridades fronterizas reanudarán un sistema de inmigración que ha fracasado en gran medida durante décadas, pero con la presión añadida de tres años de demanda acumulada. 

Alrededor de 35 mil migrantes se concentran en Ciudad Juárez, otros 15 mil en Tijuana y miles más en otros sitios del lado mexicano de los 3 mil 152 kilómetros de frontera.

Funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que han trabajado durante meses con el fin de prepararse para un probable aumento. 

Han construido instalaciones temporales para albergar a miles de migrantes más, han reclutado a contratistas y han reducido el tiempo de tramitación de las personas detenidas. También tomaron medidas para fomentar un flujo migratorio más ordenado.

El jueves entrará en vigor una nueva norma estricta que descalifica a los solicitantes de asilo que no hayan buscado protección primero en otro país. 

Al mismo tiempo, el gobierno está trabajando con las Naciones Unidas y otros países para abrir centros de tramitación en Colombia y Guatemala con el fin de animar a los migrantes a solicitar refugio en Estados Unidos u otros países sin tener que caminar hasta la frontera. Hace poco, se añadieron programas para migrantes de otros países.

La semana pasada, el presidente Biden ordenó el despliegue de mil 500 soldados para ayudar en la frontera. Sin embargo, las autoridades esperan un gran número de personas en los próximos días.

Biden se enfrenta a cambios globales en los patrones migratorios, así como a las fuerzas económicas y el malestar social que no cesan de empujar a la gente hacia el norte. 

En Estados Unidos, el debate sobre cómo arreglar el maltrecho sistema migratorio sigue siendo polarizado y acalorado, lo que representa un grave riesgo político para todos los implicados al iniciarse la temporada electoral de 2024.

Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá después del jueves. El gobierno federal prevé que llegarán hasta 13 mil migrantes al día inmediatamente después de que expire la medida, en comparación con los 6 mil de un día normal. 

No obstante, cuando le preguntaron qué es probable que ocurra, un funcionario apostado en la frontera dijo a los periodistas: “No tengo ni idea”. Y comentó sobre un posible repunte: “Creo que ya está ocurriendo”.

Aunque el Título 42 ha estado en vigor a lo largo de las fronteras sur y norte de Estados Unidos, el número de personas que entran de manera ilegal al país ha aumentado, y su perfil ha cambiado: cada vez son más las personas procedentes de países lejanos con dificultades económicas o agitación política, como Venezuela, China, India y Rusia, que afrontan un arduo viaje para llegar a las puertas de Estados Unidos.

El impacto del aumento de los cruces migratorios —más de tres millones en los primeros 18 meses del gobierno de Biden y el número más alto en décadas— ha llegado más allá de la frontera. 

Los alcaldes de Nueva York, Washington, D. C., y otros lugares han declarado que la afluencia ha puesto a prueba sus recursos, una situación agravada por los gobernadores republicanos de Florida, Texas y Arizona, que han trasladado a los migrantes en autobús a esas ciudades.

Aunque en los últimos días han cruzado en masa, inseguros de sus posibilidades en el régimen fronterizo posterior al Título 42 o incitados por los contrabandistas, se espera que sean aún más los migrantes que intenten entrar cuando expire la medida, conscientes de que no serán devueltos de inmediato a México si se entregan o apostando a que los exhaustos agentes fronterizos no los atraparán si huyen.

Las personas que sean capturadas entrarán en un sistema de procesamiento fronterizo que ya está abarrotado en muchos lugares. En el valle del Río Grande, donde la Patrulla Fronteriza tiene capacidad para 4 mil 600 migrantes, los agentes reportaron que tenían a 6 mil personas bajo custodia hasta el 4 de mayo, casi dos tercios provienen de Venezuela. Un campo de béisbol universitario en Brownsville, Texas, se convirtió en un centro de procesamiento improvisado.

Los republicanos están a punto de utilizar esas escenas para reforzar sus ataques políticos contra Biden y los demócratas, acusándolos de no asegurar la frontera. Esta semana, los republicanos de la Cámara de Representantes están a punto de votar un proyecto de ley para revivir las agresivas políticas de inmigración de la era Trump que durante mucho tiempo han sido denunciadas como crueles por los demócratas. 

Los republicanos también están avanzando en el proceso de formular cargos de destitución contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como una forma de dramatizar sus acusaciones.

El mes pasado, el representante Mark E. Green de Tennessee, presidente republicano del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo a sus donantes que “prepararan las palomitas” para las audiencias destinadas a exponer el “incumplimiento del deber del señor Mayorkas y su destrucción intencional de nuestro país a través de la frontera sur abierta”.

“Va a ser divertido”, dijo Green

Pero para Biden, algunas de las críticas más feroces proceden de aliados de la izquierda, que dicen estar profundamente decepcionados por las medidas que el gobierno ha adoptado para limitar el número de migrantes admitidos. 

Dicen que la nueva norma que obliga a los migrantes a solicitar asilo en el país que atraviesan de camino a Estados Unidos, negaría ilegalmente a muchos incluso la posibilidad de solicitar refugio en Estados Unidos. 

El gobierno argumenta que ahora más migrantes pueden solicitarlo legalmente, sin arriesgarse a emprender el peligroso viaje hasta la frontera.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertadores Civiles, dijo que su organización acudirá inmediatamente a los tribunales para bloquear las nuevas normas. 

Robert Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, dijo que las alternativas agresivas no abordan las causas más amplias que hacen que la gente emigre.

“El gobierno se ha metido en la madriguera del conejo de que la aplicación de la ley es la única forma de enfrentar este reto, y el problema con eso es que no resolverá el problema”, dijo.

Eleanor Acer, directora del programa de protección de refugiados en Human Rights First, dijo que estaba aliviada de que las restricciones pandémicas de la era Trump en la frontera estuvieran terminando. Pero dijo que las nuevas reglas de asilo eran “ilegales, inmorales y totalmente contraproducentes”.

Cuando expire la medida de expulsión, algunos migrantes se enfrentarán a una detención prolongada, una deportación formal y una prohibición de entrada a Estados Unidos durante cinco años. 

Sin embargo, tomar esas decisiones requiere que las autoridades procesen a los migrantes uno por uno, una tarea engorrosa que implica mantener a un gran número de personas bajo custodia durante días en instalaciones que ya están desbordadas.

La semana pasada, hubo días en los que más de 20 mil migrantes estuvieron bajo custodia estadounidense, el doble de la capacidad. En El Paso, cerca de 5 mil  migrantes fueron retenidos en instalaciones de procesamiento diseñadas para menos de la mitad de esas personas.

“Nos estamos preparando para lo desconocido. Lo desconocido es cuánta gente vendrá”, dijo Oscar Leeser, alcalde de El Paso, en un encuentro con la prensa celebrado el jueves.

“Las leyes federales de inmigración están rotas, y no se rompieron durante esta gestión ni durante la anterior”, añadió. “Tenemos que averiguar hacia dónde nos dirigimos. No hay luz al final del túnel”.

El condado de El Paso abrió un centro espacioso donde cada día mil 200 migrantes liberados de la custodia estadounidense pueden obtener ayuda para organizar su viaje. Los albergues sin fines de lucro ya están llenos; la ciudad se dispone a abrir dos escuelas vacías y también podría instalar catres en el centro cívico.

Pero muchos de los que trabajan en la frontera afirmaron que ninguna preparación será suficiente.

“Hemos estado demorando esta ola, pero va a llegar con fuerza”, dijo Rubén García, director de Annunciation House, un refugio grande que está al límite de su capacidad. 

“¿Cuánto va a durar? Evidentemente, hasta que llegue mucha gente de la acumulación en México. Pero es probable que muchas más personas vengan en camino”.

Un día reciente, el personal del Comité Internacional de Rescate aconsejó a los migrantes reunidos para comer gratis en la catedral de Ciudad Juárez que utilizaran una aplicación móvil para concertar una cita en un puerto de entrada a Estados Unidos en vez de arriesgar sus vidas cruzando el río Bravo o escalando por el muro.

Sin orden en la frontera

Pero la aplicación, lanzada por el gobierno de Biden en febrero para poner orden en la frontera, hasta ahora ha ofrecido un número muy limitado de citas y ha estado plagada de fallas técnicas.

La frustración con la aplicación, aunada al miedo a quedar atrapadas en una violenta ciudad fronteriza mexicana, donde los migrantes han sido objeto de extorsión y 40 de ellos murieron en un incendio en un centro de detención el mes pasado, han provocado que muchísimas personas crucen la frontera en los últimos días, asumiendo un gran riesgo.

En El Paso, muchos de los que permanecían en la acera frente a la iglesia del Sagrado Corazón dijeron que habían entrado a través de los huecos en el alambre de concertina que bordea la orilla del río, escalaron el muro fronterizo de acero de nueve metros de altura y luego evadieron a los agentes estadounidenses al amparo de la oscuridad. Mostraban brazos con cortes y tobillos hinchados para demostrarlo.

Como no se habían entregado ni habían sido procesados por las autoridades estadounidenses, no podían alojarse en la mayoría de los albergues ni recibir asistencia de las instalaciones de la ciudad o el condado.

“La aplicación es un chiste; es mentira”, opinó William, de 30 años, que afirmó haber intentado utilizarla una y otra vez. Así que decidió entregarse, solo para ser expulsado tres veces en virtud del Título 42. Esa madrugada, a las 2:30 a. m., había llegado a El Paso sin ser detectado.

Como él, la gran mayoría de las personas que estaban afuera de la iglesia eran venezolanas. Con poco o nada de dinero, muchos dijeron que esperaban que de algún modo los ayudaran a trasladarse a los lugares donde planeaban empezar de nuevo.

“No queremos nada del gobierno estadounidense”, dijo Daniel, de 28 años, que como otros pidió que no se revelara su apellido porque había entrado al país sin ser procesado. “Solo queremos trabajar”.

Estados Unidos planea poner fin el próximo 11 de mayo a una norma sanitaria que permite las expulsiones “en caliente” en la frontera, conocida como el Título 42, señaló el Departamento de Justicia, informó la agencia EFE.

En un documento presentado ante la Corte Suprema en las últimas horas, agrega, el gobierno del presidente Joe Biden aseguró que cuando se levanten las declaraciones de emergencia nacional y emergencia de salud por la pandemia de Covid-19, también se suspenderá el Título 42.

“En ausencia de otros desarrollos relevantes, el final de la emergencia de salud pública terminará con el Título 42 ”, sentenció el documento presentado ante el Supremo, que estudia una demanda de varios estados que buscan mantener la restricción migratoria, añadió la agencia informativa.

Como consecuencia, la cifra de arrestos de migrantes en la frontera ha disminuido, alcanzando su punto más bajo en dos años el mes de enero, según informó a EFE un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La Casa Blanca informó la semana pasada que dejará de considerar la Covid-19 como una emergencia nacional el próximo 11 de mayo.

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