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La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) designó a Myriam Victoria Hernández Acosta, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como titular de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.

Dicho cargo era justamente el que ocupaba Marcela Herrera, la magistrada que asumió la presidencia del TSJ el pasado 1 de septiembre.

La Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional tiene a su cargo la coordinación de los procesos de planeación, evaluación y mejora continua, y se le considera un área estratégica para fortalecer la calidad académica, la gestión administrativa y el cumplimiento de los objetivos institucionales, informó la UACH.

El rector Luis Alfonso Rivera Campos encabezó el acto protocolario de toma de protesta de la nueva funcionaria universitaria, quien ocupó la presidencia del TSJ desde noviembre de 2021.

Miriam Hernández egresó de la Facultad de Derecho de esa universidad en 1999, según el portal de la UACH. En 2014, el Congreso del Estado la designó magistrada de la Tercera Sala de lo Civil en el TSJ.

Laboró en el Poder Judicial durante más de 20 años y ahora se incorporará a labores académicas.

El exrector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alberto Fierro Ramírez, habría interpuesto recientemente una demanda de amparo indirecto ante un juez federal con sede en la capital del estado, con el objetivo de protegerse ante posibles órdenes de aprehensión derivadas de investigaciones en curso contra exfuncionarios universitarios.

El académico, quien ocupara la rectoría de la UACH entre los años 2016 a 2021, presentó el recurso legal ante el Juzgado de Distrito del Décimo Séptimo Circuito, alegando que no ha cometido delito alguno y que su actuación siempre ha estado apegada a la legalidad.

En su escrito, Fierro afirma que teme ser objeto de una detención arbitraria, ya sea por orden de aprehensión, reaprehensión, detención o retención, sin que existan elementos que justifiquen tal medida.

“Jamás he cometido delito alguno del orden penal que amerite dicho mandamiento de captura, puesto que siempre he sujetado mi conducta a las normas legales imperantes y de convivencia social”, argumenta en el documento.

Antecedentes de malos manejos en su gestión

En meses pasados, la Auditoría Superior del Estado encontró operaciones irregulares durante la gestión de Fierro Ramírez, que motivaron la sanción de tres de sus cercanos colaboradores.

En noviembre de 2024, la ASE detectó que, durante su gestión, se autorizó el pago de indemnizaciones a dos servidores públicos de la UACH bajo el concepto de “Terminación en el Puesto de Secretario de Departamento”.

Los beneficiarios fueron dos de sus más cercanos colaboradores: el secretario Particular del entonces Rector, Luis Alberto Fierro Ramírez, y el Coordinador de Asesores Técnicos, quienes recibieron cantidades de 138 mil 971 pesos y 120 mil 550 pesos, respectivamente.

Recientemente, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) también sancionó al exdirector administrativo y la exjefa del Departamento de Tesorería de la UACH por la omisión en el pago de las aportaciones debidas a Pensiones Civiles del Estado.

Por tal motivo, resolvió la inhabilitación por seis meses de ambos exservidores públicos al encontrarlos responsables de la falta grave de abuso de funciones por no enterar las aportaciones correspondientes a la seguridad social de sus afiliados.

Se cubre contra todo… y contra “todos”

El amparo señala como posibles autoridades ejecutoras de la orden a diversas instancias de la Fiscalía General del Estado (FGE), incluyendo al propio fiscal César Jáuregui Moreno, al coordinador de órdenes de aprehensión de la Fiscalía de la Zona Centro, así como a elementos de la Policía Ministerial, tanto de la FGE como de la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.

La solicitud de protección judicial ocurre en el contexto de una serie de inhabilitaciones recientes contra exfuncionarios de la UACH, algunos de los cuales colaboraron durante la gestión del exrector.

Estas acciones estarían relacionadas con hallazgos de la Auditoría Superior del Estado, que detectó presuntas irregularidades en el manejo administrativo de la universidad.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado si existe una orden de aprehensión en su contra, pero el recurso busca anticiparse a cualquier medida cautelar que pudiera derivarse de las investigaciones en curso.

Luis Alberto Fierro Ramírez fue director de la Facultad de Filosofía y Letras antes de ser electo rector para un período 2016 a 2022, mismo que no concluyó, luego de renunciar al cargo.

Por primera vez desde su creación, la Auditoría Superior del Estado (ASE) logró una resolución sancionadora derivada del incumplimiento en el pago de cuotas a Pensiones Civiles del Estado (PCE).

Dos exservidores públicos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) fueron inhabilitados por seis meses, luego de acreditarse su responsabilidad en la omisión de pagos millonarios al organismo de seguridad social.

El titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, informó que se trata del exdirector administrativo y la exjefa del Departamento de Tesorería de la UACH, quienes omitieron realizar las aportaciones correspondientes, a pesar de contar con los recursos financieros para ello.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), a través de la Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, resolvió la inhabilitación de ambos exfuncionarios por incurrir en una falta grave de abuso de funciones.

El órgano jurisdiccional consideró que su conducta fue arbitraria y que afectó el flujo de efectivo de PCE, dificultando así la prestación de servicios médicos y de seguridad social a sus afiliados.

La revisión realizada por la ASE reveló que la UACH acumulaba un adeudo de 209 millones 802 mil 826 pesos con Pensiones Civiles del Estado.

Según la investigación, el exdirector administrativo, de iniciales F.M.S., debió garantizar que los recursos de la institución se destinaran al cumplimiento de estas obligaciones, y supervisar que la entonces tesorera, A.L.R.F., programara los pagos correspondientes por concepto de seguridad social y servicio médico.

El informe fue presentado por la Auditoría ante el TEJA, que finalmente dictó la sanción, notificando al órgano fiscalizador sobre la resolución en días recientes.

Según Pensiones, la UACH debe casi 2 mil mdp

En su portal de transparencia, PCE informa que la Universidad Autónoma de Chihuahua acumula un adeudo de mil 971 millones 435 mil 172 pesos con 73 centavos, por diversos conceptos.

El pasivo está por cumplir 10 años de antigüedad, pues la fecha en la que se inició la cuenta por cobrar es del 18 de junio del 2015, según los datos de PCE.

En total, los 52 organismos afiliados a PCE adeudan 9 mil 550 millones 537 mil 277 pesos con 85 centavos.

De ese total, la deuda de la UACH es la segunda más grande, solo superada por la que tiene el propio Gobierno del Estado, que suma 6 mil 401 millones 653 mil 123 pesos con 95 centavos.

Morosidad impacta en la calidad del servicio

El auditor Héctor Acosta señaló que esta medida se enmarca en un contexto de crisis para Pensiones Civiles, cuyas deficiencias en la atención médica han sido motivo de reiteradas quejas por parte de sus derechohabientes.

Subrayó además que esta resolución marca un precedente, al ser la primera sanción formal obtenida como resultado de una revisión financiera minuciosa tanto del organismo como de sus instituciones afiliadas.

“Este es un paso importante hacia la rendición de cuentas y hacia el fortalecimiento de las instituciones públicas.

Las omisiones que afectan el servicio médico de miles de chihuahuenses no pueden quedar impunes”, afirmó Acosta Félix.

En un reciente fallo judicial, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua logró mantener la revocación de la condena condicional solicitada por Lorena Leos Ramírez, excolaboradora de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), quien buscaba cumplir su pena en libertad.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) informó lo anterior y detalló que la decisión judicial destaca el incumplimiento de las obligaciones impuestas a Leos Ramírez, entre ellas el pago de la reparación del daño y una multa, lo que llevó a la autoridad a rechazar cualquier beneficio condicional.

Leos Ramíez fue sentenciada a pasar 2 años y 8 meses de prisión por el uso indebido de un encefalógrafo propiedad de la UACH, del cual obtuvo un beneficio económico personal, lo que motivó una pérdida patrimonial para la Universidad, agregó la ASE en un comunicado oficial.

Durante la audiencia, la defensa de la sentenciada intentó obtener el beneficio de la condena condicional ofreciendo el pago de la reparación del daño como condición.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción del Estado, en su condición de parte acusadora, argumentó que dicha solicitud no era procedente, ya que la sentenciada había incumplido previamente con las obligaciones establecidas por el juez, incluyendo el pago total de la reparación del daño.

Tampoco cumplió con dar el abono de la multa y su comparecencia periódica ante el Departamento de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

La Fiscalía subrayó que el pago de la reparación del daño es un requisito legal indispensable para cualquier modificación en la situación jurídica de la sentenciada, y en este caso, dicho pago no ha sido cubierto en su totalidad.

Por todo lo anterior, la solicitud de la defensa fue denegada, reafirmando el compromiso de la institución con la recuperación de activos y la restitución de recursos públicos afectados por actos de corrupción.

Con esta decisión, la Fiscalía Anticorrupción envía un mensaje claro sobre la importancia de cumplir con las obligaciones judiciales y la imposibilidad de obtener beneficios condicionales cuando no se respetan las condiciones impuestas por la justicia.