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violencia política

El regidor capitalino Miguel Riggs Baeza, integrante de la fracción de Morena en el Ayuntamiento de Chihuahua, se unirá a la lista de 14 personas del estado sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, inscritas en el Registro Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE).

En sesión ordinaria celebrada el 21 de agosto, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) condenó a Riggs a emitir una disculpa pública a la síndica municipal, Olivia Franco, tras acreditarse que incurrió en expresiones que constituyen violencia política de género.

Además de la disculpa, el regidor deberá permanecer 180 días en los padrones de violentadores del Instituto Estatal Electoral (IEE) y del INE, y cursar una capacitación impartida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en temas de género, masculinidades o lenguaje incluyente.

La resolución se dictó en cumplimiento al expediente SG-JDC-480/2025 de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que confirmó la conducta violatoria del edil.

Hasta este viernes 22 de agosto, su nombre aún no aparecía inscrito en el padrón. Paralelamente, se dio vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento para que determine una sanción adicional.

Riggs fue militante del PAN y contendió en 2013 como candidato a la alcaldía de Chihuahua. Actualmente, forma parte de Morena y es un abierto crítico del alcalde Marco Bonilla.

De acuerdo con el portal del INE, con la incorporación de Riggs suman 14 las personas originarias de Chihuahua en el padrón nacional de violentadores políticos de género: 13 hombres y una mujer.

La única mujer registrada es Janeth Contreras Bañuelos, exfuncionaria federal en Nuevo Casas Grandes, sancionada por compartir en Facebook una publicación ofensiva contra otra mujer.

En la mayoría de los casos, la sanción consistió en ofrecer disculpas públicas por expresiones ofensivas, tipificadas como violencia política en razón de género.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador  cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, quien fue candidata del PRI, PAN y PRD a la Presidencia.

Sin embargo, la ley impide sancionar al Presidente de la República por estas faltas en materia electoral, por lo que sólo se acredita su responsabilidad.

La senadora denunció que el Presidente hizo comentarios que incurren en violencia política en 11 conferencias matutinas.

La Sala Especializada acreditó la infracción sobre las expresiones que hizo el mandatario de que Xóchitl Gálvez “obtuvo la candidatura por decisión de un grupo de personas con poder político que la designaron para utilizar su imagen como una mujer de pueblo, y que con ello pretende causar simpatía en el electorado”.

Las manifestaciones del presidente “configuran violencia simbólica con el objeto de menoscabar el reconocimiento de sus derechos políticos, con base en carácter de mujer e indígena, al reforzar el estereotipo de inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos, y que no es autónoma en sus decisiones”.

Además, puntualizó que se niega a reconocer su trayectoria como funcionaria pública.

También se determinó su responsabilidad indirecta de las personas que participan en la difusión de las mañaneras, y se dio vista a las áreas correspondientes.

La vicepresidenta del Congreso del Estado y actual diputada del PRI, Ivón Salazar Morales, previo a las elecciones presentó una denuncia el 30 de marzo del año en curso, por violencia política en razón de género, contra el alcalde de Ojinaga, Andrés Ramos de Anda. 

“Estamos esperando que resuelve, es violencia política, he estado muy involucrada en la Comisión de la Igualdad, he sido objeto de esta violencia, pero ya lo determinarán las instancias y el tribunal si así fue”, confirmó la diputada local del Partido Revolucionario Institucional. 

Ivón Salazar explicó que una de las razones fue por menoscabar e invisibilizar su trabajo y el de otras mujeres, además de que en este momento recibe acompañamiento jurídico por las unidades de igualdad de género de dichas instituciones. 

“Confío en que, todas estas acciones en favor de las mujeres, puedan dar una respuesta. Somos del mismo partido, pero el asunto es entre él y yo, al PRI lo respeto, siempre me han dado mi lugar y he tenido todo el reconocimiento como legisladora, no es partidista sino una cuestión entre el alcalde y una servidora”, contestó. 

La legisladora dijo que aún no cuenta con fecha de resolución, y que tiene conocimiento que la única que ha denunciado formalmente, pero existen testimonios de otras mujeres que no lo han hecho públicamente. 

“Dentro del partido, estoy en la Unidad de Igualdad y soy la encargada de atender las denuncias, sin embargo, no hubo formales solo expresiones y respeto a quienes hayan decidido no tomar acciones legales, yo decidí que sí, y las cosas que yo viví considero que son violencia y por eso puse la denuncia”, reiteró. 

Ivón Salazar sostuvo que con independencia de lo que resuelva el Tribunal Estatal Electoral, busca hacer visible lo que pasa desapercibido o está normalizado en la función pública contra las mujeres y que haya consecuencias. 

Y puso de ejemplo, la sanción emitida a las y los diputados de Morena por el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, ya que indicó que más allá de un asunto partidista, político, la actual Legislatura fue señalada, por estar diputados y diputadas conectados durante la sesión en restaurantes, utilizando excesivamente el tema virtual y “ser hasta cierto punto irresponsables”. 

“Sí tiene que haber consecuencias por parte de las instancias que están para hacer ese llamado y se tome con seriedad los cargos y la responsabilidad ante la ciudadanía, más que decir que se van interponer las acciones para decir que no hice o que no cometí una falta, asumirlo como tal, ser responsable de las acciones que tomamos, este es el momento”, expresó. 

Por último, concluyó que entró a Congreso del Estado asumiendo “costos políticos” por lo que, “es muy probable que también me vaya con ellos, estoy consciente de ello”. 

PREP en Ojinaga da el triunfo a Lucy Marrufo por encima de Andrés Ramos

El Programa de Resultados Electorales Preliminares 2024 hasta el 3 de junio a las 20:20 horas contabilizó 11 mil 994 votos en la elección a la alcaldía por Ojinaga, 534 votos nulos y 2 votos a candidaturas no registradas. 

En primer lugar, quedó Lucy Marrufo Acosta de la alianza PAN-PRD con 4 mil 248 votos por encima de Andrés Ramos de Anda del PRI, con 3 mil 928 votos y Jorge Lenin Cordero Serrano de PT-Morena con 2 mil 785 votos; ambos 320 y mil 463 votos de diferencia, respectivamente.

En este sentido, el consejero del IEE, Yuri Zapata Leos, confirmó que el PRI solicitó el reconteo de votos, pero no se encuentra dentro del supuesto del 185 de la ley electoral, ya que la diferencia no es menor o igual al 1%, sino de 4 puntos porcentuales en el PREP.

Las cifras de violencia contra candidatos y políticos del país en este proceso electoral convierten estas elecciones en las de mayor número de hechos violentos, lo que alarma al sector privado, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

En conferencia de prensa de la “Presentación de Resultados del Monitor de Seguridad Coparmex“, dijo: “nos alarma que los incidentes de violencia política son 26% más que en el período electoral de 2021, que del total de incidentes el 45% hayan sido asesinatos”.

Añadió que en una encuesta que se realizó entre los empresarios afiliados “se identifican solo 12 entidades del país donde se considera que hay riesgo para la seguridad de los candidatos y 17 municipios que tienen riesgo por estas causas”.

Estados con riesgos de seguridad en las elecciones

Las entidades en donde los empresarios consideran que existen riesgos para la seguridad de los candidatos son: Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Chiapas.

Por lo que pidió a los gobiernos de todos los niveles hacer un esfuerzo para asegurar que los ciudadanos podrán acudir a las casillas con total tranquilidad.

Añadió que esperan “una jornada en paz” a pesar de que “hay un récord en la violencia política… se han registrado amenazas y asesinatos y otro tipo de acciones violentas contra instalaciones, autoridades electorales, sí es correcto, estamos ante el mayor número de acciones de violencia” en un período electoral.

Sin embargo, Medina Mora añadió que “al dimensionarlo, la percepción es que solo son 17 municipios donde se ve el riesgo y con la comunicación con las autoridades electorales tenemos la confianza de que será una jornada en paz…con la gran cantidad de elementos de seguridad que estarán cuidando las elecciones”.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex, Alfredo López, dijo que no hay datos oficiales sobre violencia política, por lo que se utilizaron bases de datos de instituciones académicas y de la sociedad civil.

Entre el primero de enero y el 27 de mayo de 2024 se registraron 116 incidentes de violencia política, 26% más de lo registrado en el 2021. Del total de incidentes, 55% fue contra precandidatos, candidatos y familiares de ellos.

La mayor parte de los hechos de violencia se vivieron en Guerrero con 16, Estado de México 14, Chiapas 13, Puebla 12, Guanajuato 9, Veracruz 8, Oaxaca 7, Michoacán 6, Chihuahua 4, Zacatecas 4, Nuevo León 3, Sinaloa 3, Tamaulipas 3, Ciudad de México 2, Colima 2, Jalisco 2, Quintana Roo 2.

En tanto que con un caso cada uno están, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, San Luis Potosí y Tlaxcala.

Alfredo López expuso que los únicos estados donde los empresarios dicen que no se reportan hechos de violencia son: Aguascalientes, Campeche, Yucatán, Tabasco y Querétaro.

Mientras que los municipios donde se ven riesgo son Mexicali, La Paz, Los Cabos, en la península de Baja California; en la Ciudad de México en Cuauhtémoc e Iztapalapa; en Matamoros, Tamaulipas; Tuxtla Gutiérrez en Chiapas; Celaya en Guanajuato; Puerto Vallarta en Jalisco; Toluca en el Estado de México; Carácuaro en Michoacán.

Así como San Martín Texmelucan en Puebla; Ahome en Sinaloa; Culiacán en Sinaloa; Matehuala en San Luis Potosí; Reynosa en Tamaulipas y Poza Rica de Hidalgo en Veracruz.

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