La demanda de vivienda en combinación con la liberación de tierras ejidales, leyes obsoletas y la falta de vigilancia en la obra de contratistas, han influido negativamente para que las inmobiliarias incursionen cada vez más en el entorno natural de la capital de Chihuahua en la construcción de fraccionamientos.
Esa es, en síntesis, la opinión calificada del arquitecto Pablo Hernández Quiñones, quien desde hace 10 años es representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, ante el Consejo de Planeación Urbana Municipal (CPUM).
El desarrollo inmobiliario que ha afectado a las ciudades mexicanas y en particular ha dañado cerros y praderas de Chihuahua, tiene sus orígenes en la demanda de 800 mil viviendas durante el sexenio de Vicente Fox.
De acuerdo a Hernández Quiñones es la etapa en que el Infonavit migró de ser constructora a una colocadora de créditos.
Eso se juntó con la liberación de los ejidos, donde los ejidatarios vieron una mayor posibilidad de negocio: vender sus terrenos a inmobiliarias, que sembrar sus parcelas.
Este fenómeno fue como una bola de nieve negativa para las ciudades, particularmente la de Chihuahua, que siguió mucho el modelo de “sprawl cities” (ciudades extendidas) de poblaciones del sur de Estados Unidos como Phoenix, El Paso o el mismo Los Ángeles.
“Con esa combinación, de tierra barata y nula regulación del ordenamiento de la ciudad, las constructoras empezaron a comprar terrenos ejidales a precio barato, pero lejos en las sierras pequeñitas del nororiente de la ciudad”, dijo el representante ante el CPUM.
En aquel entonces, no había mucha regulación respecto al ordenamiento de la ciudad que también trajo consigo el encarecimiento de las viviendas en esos sectores.
Pablo Hernández ha visualizado que muchas veces el daño que le hacen a los cerros es por una situación de ejecución de obra.
Indicó que eso es parte de responsabilidad de las inmobiliarias; o sea, cuando un desarrollador presenta un proyecto, éste indica hasta dónde va a llegar el polígono, cuánto es de áreas verdes, dónde van a ser las áreas privativas, dónde va a ser el equipamiento, pero ya en la ejecución, los desarrolladores contratan a una empresa o contratista que realiza los movimientos de tierra.
“Más que buscar del lado el gobierno, sí deberían de poner más atención las desarrolladoras en el sentido que cuando preparan los paquetes de licitación, tendría que definir bien las cláusulas de contrato por parte de los particulares, y así establecer un protocolo de protección a la flora y la fauna”, expresó el representante del Tec de Monterrey.
En el aspecto legal, Hernández Quiñones manifestó que se han dado pasos pequeños para que legisladores pongan atención al problema e incentiven leyes para que se regule el ordenamiento urbano y la ciudad no crezca en extensión un metro más.
“Soy parte del Consejo Consultivo del Implan y la verdad, sí hay una intención de normar eso con reformas a la ley. La intención existe, pero a veces es más lento de lo que nos gustaría para poder solucionar las cosas”, dijo el representante del Tec de Monterrey.
Como integrante del Consejo, se le cuestionó si ha detectado algunas irregularidades en los procesos de trámites donde se aprueban esos proyectos.
Cualquier proyecto de autorización de fraccionamiento tiene que entrar por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en la Subdirección de Fraccionamientos y luego de ahí lo pasan a un estudio técnico y lo mandan al Implan, donde el staff le da como un segundo visto bueno, respondió.
Él mismo, señaló, en su calidad de arquitecto, ha realizado trámites para una obra con uso específico y con cambio de suelo y ha sido lo mismo, no ha habido un trato preferencial que le den por ser integrante del Consejo.
“Yo no he escuchado que haya habido una irregularidad. Y que yo tenga conocimiento, voy a ser bien sincero: no hay mano negra en el sentido de que hay un uso de suelo en determinado predio que está como reserva territorial o ambiental y que cambien a otro tipo de uso; no me ha tocado y eso que tengo de consejero en el Implan unos 10 años”, reveló Hernández Quiñones.
–¿Entonces hay transparencia, no hay dados cargados; por decir, los miembros del consejo que menciona no marcan tendencia?, se le cuestiona.
–No fíjese que no, todo está bastante balanceado, todo se cabildea e inclusive, las mesas de trabajo, aseguró.
También dijo que le consta que se han recibido denuncias de ambientalistas y colectivos que vigilan por el medio ambiente.
“Sí he sabido de esas denuncias, porque sí es algo de lo que platicamos en el Consejo y creo que se les ha invitado a acercarse a dialogar para explicarles cuál es el proceso”, concluyó el arquitecto Hernández Quiñones.
