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La Guardia Nacional (GN) deberá responder e iniciar una exhaustiva investigación que deslinde responsabilidades por la muerte de dos jovenes abatidos tras una persecución en Jiménez, Chihuahua.

“Sí vi el video en las redes y esos jóvenes no tienen apariencia de ser unos delincuentes; la Guardia Nacional debe responder por este caso y emprender de inmediato una investigación” destacó el secretario general de Gobierno, César Jáuregui.

Prometió que planteará su inconformidad por la muerte de los jóvenes al representante de la Guardia Nacional en el estado, para que sucesos de este tipo no se repitan.

Integrantes de la Asamblea de Colectivos de Sobrevivientes y de Familiares de la llamada Guerra Sucia lanzaron un llamado al presidente Andrés Manuel López obrador para que atienda sus demandas de justicia.

Las organizaciones, entre las que se cuentan el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, mostraron su preocupación por la tardanza y desistirés mostrado por instituciones tales como la Fiscalía General de la República (FGR) para dar con el paradero de sus familiares desaparecidos.

En una misiva dirigida al presidente de la república decenas de organizaciones expresaron su decepción por las instituciones designadas por el Presidente para atender estas demandas que datan del años 1965.

“El Decreto Presidencial que creó a la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Impulso a la Justicia de las graves violaciones a derechos humanos cometidos entre 1965 a 1990 ha representado para nosotros la esperanza de esclarecer el paradero y destino de nuestros familiares y compañeros desaparecidos, demanda que nos ha mantenido en una dolorosa lucha emprendida desde hace cinco décadas”, detallan en la misiva también firmada por Comité Eureka.

El Decreto, destacan, es una luz que sostiene la subconvicción de que la justicia y el castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los regímenes autoritarios del Estado mexicano contra miles de mexicanos terminará “con la oscura tradición nacional de la impunidad”.

Además, advierten que su buen término garantizaría la no repetición de la represión a los movimientos sociales que buscan transformar y dignificar la vida de las clases sociales históricamente marginadas.

“Pese al esfuerzo y a las acciones emprendidas hasta hoy por la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y los diversos mecanismo que integran la Comisión de la Verdad, los familiares y sobrevivientes organizados en la Asamblea de Colectivos de la Guerra Sucia observamos con preocupación que, transcurrido un poco más de un año de su instalación formal, los trabajos se desarrollan con lentitud y carecen de una estructura indispensable para el quehacer de verdad, justicia, búsqueda, reparación integral del daño, no repetición de los hechos y memoria”, señalan.

Reprochan que en los dos encuentros anteriores sostenidos con Lopez Obrador en Palacio Nacional se percataron de su interés en los avances del Decreto y que en esas ocasiones instruyó al Subsecretario Alejandro Encinas para que las reuniones de seguimiento y evaluación se realizaran por lo menos cada dos meses, cometido que a la fecha no se ha cumplido.

“Desde agosto del 2021 no hemos sostenido otra reunión con Usted. No hemos podido compartir nuestras impresiones sobre la frustración tras la reciente visita al CM1, al habérsenos negado la inspección de lugares que fueron identificados por algunos de los sobrevivientes como posibles centros de detención ilegal y tortura”, describieron.

Por todo esto solicitaron una reunión, a la mayor brevedad, con el Presidente, ante el ambiente de decepción y falta de atención que han dejado los funcionarios e instituciones designadas para acabar con este capítulo negro de la historia de México.

La regidora de Chihuahua Elvira Villarreal mostró su preocupación por el destino que tendrá la escenografía de la obra musical “La golondrina y su príncipe”, que sería retirada del Centro Histórico al finalizar las fiestas decembrinas.

“Ya comenzó el retiro de los adornos navideños en la Plaza de Armas, en breve, el espacio quedará despejado para el disfrute de otro tipo de expresiones. ¿Cuál será el destino de la escenografía de alta dimensión de “La golondrina y el príncipe? Recordemos que es propiedad de la ciudad, y solo este apartado costó más de 11 millones de pesos”, cuestionó la regidora a cargo de la Comisión de Sociedad Civil Organizada.

En la calle peatonal Victoria, aún pueden verse una casa en forma de zapato, el príncipe de más de 7 metros de altura y una máquina de ferrocarril, construidos con madera y fibra de vidrio, cuyo costo fue muy cuestionado por la comunidad de artistas de la entidad.

El coordinador parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Mario Vázquez Robles, señaló que, mientras los penales de Chihuahua tienen una sobrepoblación del 20%, en los federales hay más de 9 mil espacios vacantes.

En un documento presentado ante la Diputación Permanente, el panista mencionó que los 14 centros penitenciarios federales tienen espacio para 28 mil 520 personas, pero albergan solo a 18 mil 855.

Mientras, los centros de reclusión de Chihuahua tiene 7 mil 386 espacios en conjunto, pero alojan a 8 mil 901 personas privadas de la libertad.

Es decir, añadió, que tienen las cárceles del estado mil 151 personas más de lo disponible, lo que representa una sobrepoblación del 20.52%.

Por lo tanto, la Federación debe hacerse cargo de los internos por delitos del fuero federal, que en Chihuahua son 873 corresponden al fuero federal, indicó.

Mientras que los reclusorios del país albergan a 29 mil 538 personas acusadas o sentenciadas de delitos del fuero federal, en las cárceles federales hay 9 mil 665 espacios vacantes, añadió.

“La federación ahorra recursos y desperdicia espacios penitenciarios que bien pudieran ser ocupados por personas vinculadas al crimen organizado y narcotráfico, que desestabilizan las cárceles estatales”, comentó.

Sin mencionarlo por su nombre, Vázquez Robles cargó contra el delegado de la Secretaría del Bienestar, Juan Carlos Loera, por las críticas que este hizo al gobierno del estado por los sucesos del 1 de enero en el Cereso 3 de Juárez, cuando se fugaron 30 internos y 17 personas fueron asesinadas.

“Critican a las autoridades estatales por los actos que desequilibran los centros penitenciarios y las ciudades donde se ubican, cometidos por presos que debieron estar purgando sus condenas en cárceles federales”, destacó el diputado.

Congreso de la Unión debe regularizar la forma y la temporalidad de los traslados de personas privadas de su libertad hacia otros penales de la República, demandó el diputado.

En una iniciativa de punto de acuerdo, el panista señaló que el Comité Técnico debe realizar un diagnóstico dichas personas tomando en cuenta delito y peligrosidad de que se trate, de manera permanente.

Queda claro que, tras los sucesos del 11 de agosto del 2022 y del 1 de enero del 2023 se hace necesaria una reforma a fondo de todo el marco jurídico que regula la operación de las cárceles en el país.

Es necesario realizar una reforma que busque vincular a la autoridad nacional, “al cumplimiento de una revisión constante y sistemática de los niveles de peligrosidad de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios de las entidades federativas”.

Detalló que las instancias obligadas del tema son la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal y al titular del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.