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Este día se llevó a cabo la firma del Convenio para la paz y la justicia de las mujeres, que establece bases de coordinación interinstitucional para diseñar e implementar acciones de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia, evento al que la gobernadora Maru Campos asistió como testigo de honor.

El acuerdo se alinea al Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, suscrito en noviembre pasado por la mandataria y sus homólogos de las diferentes entidades del país, cuyo eje prioritario es la colaboración entre instancias para conseguir resultados integrales, se informó a través de un comunicado de prensa.

En su mensaje, la titular del Ejecutivo afirmó que la tarea de los gobiernos humanistas es agotar voluntades para que ninguna mujer viva violencia, acompañar a quienes la han sufrido y abrirles caminos reales para salir adelante, en un mundo lleno de injusticias y obstáculos, se indicó.

Maru Campos ejemplificó los esfuerzos por recuperar las estancias infantiles para que las chihuahuenses puedan trabajar y fortalecer su independencia económica, el transporte público seguro, la videovigilancia y una Fiscalía que da resultados, que se reflejan en los casi 600 violentadores llevados ante la justicia.

“Hay mucho por recorrer, pero cuando el Estado responde y responde con seriedad, y pone en el centro la dignidad de las mujeres, la esperanza y la justicia se convierten en una realidad cotidiana para miles de nosotros”, enfatizó.

La gobernadora sostuvo que la instalación de mesas interinstitucionales ayudará a reforzar la protección, la atención y el acceso a la justicia, para lo cual también se impulsan campañas a favor de la igualdad, apoyo y acompañamiento a familias vulneradas, acciones en materia educativa y el apoyo a reformas en leyes locales.

“Juntas y juntos podamos decirles a las mexicanas y a los mexicanos, sobre todo a las chihuahuenses, que no están solas, que su dignidad y su seguridad importan, y que el futuro del país y de Chihuahua, se construye solo si hay mujeres libres, seguras y fuertes”, finalizó.

El acuerdo fue suscrito por la Fiscalía General del Estado, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Las líneas de cooperación incluyen garantizar que las denuncias por violencia contra las mujeres se reciban y atiendan con la debida diligencia y sin discriminación, así como evitar su archivo indebido sin fundamentación, se dio a conocer.

También instalar una mesa de trabajo permanente para revisar, actualizar y fortalecer protocolos de atención, investigación y seguimiento, e implementar programas de capacitación para que las y los servidores públicos ejerzan sus funciones con perspectiva de género, enfoque de infancia y de derechos humanos, entre otras iniciativas.

Raquel Bravo Osuna, directora general del Ichmujeres, dijo que la firma de este documento materializa la decisión de continuar el trabajo para combatir la violencia de género, al fortalecer la coordinación de las instituciones que juegan un papel fundamental en dicha tarea.

Por su parte, Wendy Chávez, fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, indicó que aunque ya se implementen ciertas acciones, es fundamental institucionalizarlas, por lo cual, este es un paso más para brindar un respaldo sólido para las mujeres y las niñas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera, dijo que esto surge para responder con sensibilidad, eficacia y coordinación a una de las prioridades fundamentales como sociedad: garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

“El acceso a la justicia no depende de una sola institución, sino de la articulación eficaz entre quienes investigan, quienes acompañan y quienes juzgan”, puntualizó.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo el aseguramiento de un vehículo que transportaba aproximadamente 3 mil litros de hidrocarburo diésel sin documentación que acreditara su legal procedencia.

Durante estas acciones de vigilancia y seguridad, se procedió a la detención de dos personas, durante, se informó a través de un comunicado de prensa.

Los hechos se registraron en el municipio de Ojinaga, donde elementos de seguridad detectaron una camioneta tipo pick up utilizada para el traslado del combustible en contenedores de plástico, con aproximadamente 3,000 litros de diésel.

Durante la intervención fueron detenidos José Carlos R.A, de 38 años, originario de Gómez Palacio, Durango, y José Ángel G.U, de 40 años, originario de Lerdo, Durango, se indicó.

Asimismo, durante la inspección se localizaron cuatro envoltorios con hierba verde seca con características propias de la marihuana, los cuales también fueron asegurados, añade el reporte.

Las personas detenidas, el vehículo, el hidrocarburo y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones y la determinación de responsabilidades conforme a la ley, se informó.

El Gobierno de México solicitó suspender una subasta programada en Francia donde se ofrecen piezas prehispánicas, al considerar que su venta viola la legislación mexicana que protege el patrimonio arqueológico del país.

La Secretaría de Cultura federal informó que la petición fue enviada a la casa subastadora Millon, organizadora del evento en París, luego de que especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificaran cerca de 40 piezas de origen mesoamericano dentro del catálogo.

La razón principal de la solicitud es que, conforme a la legislación mexicana, todos los objetos arqueológicos son propiedad de la nación, por lo que su comercialización está prohibida.

Además, las autoridades sostienen que estas piezas probablemente fueron extraídas ilegalmente del territorio nacional, ya que la ley mexicana prohíbe desde el siglo XIX la exportación y venta de bienes arqueológicos.

Entre los objetos incluidos en la subasta se encuentran figuras y artefactos atribuidos a distintas culturas prehispánicas de Mesoamérica, cuyo valor estimado alcanza varios miles de dólares.

El Gobierno mexicano reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia internacional “Mi patrimonio no se vende”, con la que busca impedir la comercialización de bienes arqueológicos mexicanos en subastas y colecciones privadas en el extranjero.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), firmaron un convenio de colaboración para integrar a la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), las cámaras de vigilancia de las instalaciones de dicha institución.

Lo anterior, para brindar más seguridad a estudiantes universitarios, se dio a conocer a través de un comunicado de prensa emitido por el Gobierno Municipal de Chihuahua.

La firma del convenio estuvo a cargo del comisario Julio Cesar Salas González y el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua Luis Alfonso Rivera Campos, quien destacó que esta colaboración es parte del compromiso de ambas instituciones y hacer equipo, gracias a la apertura del presidente municipal Marco Bonilla.

En el acuerdo firmado  se contempla la integración de 76 cámaras de videovigilancia de la UACH lo que permitirá reforzar las labores de monitoreo, prevención y atención de incidentes en las instalaciones universitarias y sus alrededores.

Las cámaras que podrán ser observadas desde el Centro de Monitoreo de PECUU, incluyen las instaladas en el Campus I, Campus II, las facultades de Medicina y Zootecnia, así como las de Quinta Gameros, mismas que ampliaran la capacidad de vigilancia de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital, la cual cuenta con más de 1600 cámaras de ciber vigilancia en toda la ciudad, se informó.

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