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Mario Delgado, presidente nacional de Morena, anunció que acudirán esta tarde al Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar que le quite el registro al PAN.

Detalló que a las 16:00 horas acudirá junto con otros morenistas para presentar la solicitud, por las relaciones que tuvieron gobiernos emanados de dicho partido político con Genaro García Luna, quien fue declarado culpable de cinco delitos en Estados Unidos.

Dijo que el PAN no se puede deslindar del exsecretario de Seguridad, al señalar que nunca estuvo afiliado ya que “fue el partido que sostuvo esa política criminal encabezada por Felipe Calderón”.

“Y no solo eso, el origen de García Luna es con Vicente Fox, quien encumbra o quien forma a García Luna es el presidente Vicente Fox, que casualmente, al inicio de su administración se le escapa ‘El Chapo’ Guzmán”, dijo.

Refirió que la Fiscalía General de la República (FGR) también debe investigar a García Luna, y se debe incluir al expresidente Calderón.

A dos días de que concluya la recepción de documentos para la conformación del Comité de Participación Ciudadana en materia Anticorrupción tan solo se han recibido solicitudes de tres postulantes por la vía electrónica.

Ni el sueldo de 85 mil pesos mensuales, durante los próximos cinco años, hizo atractiva la convocatoria.

Carlos Rivera Estrada, presidente de la comisión de selección, informó que esos tres aspirantes han enviado su propuesta vía electrónica, aunque reconoció que pudiera haber otros más que lo han hecho de manera presencial, los cuales no se tienen todavía contabilizados.

La recepción de la documentación tiene como fecha límite el miércoles primero de marzo.

A diferencia de la del año pasado, cuando se dirigió únicamente a personas del sexo femenino, ahora podrán presentarse aspirantes de cualquier sexo.

Lo anterior, debido a que, por artículo de ley, el comité de cinco miembros debe estar en proporción de tres y dos en términos de paridad de género.

Rivera Estrada señaló que se revisará que lleguen los mejores perfiles que deseen participar e involucrarse en este procedimiento, para lo que se extendió el plazo.

Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes están: Ser mayor de 30 años al día de la designación, contar con título profesional a nivel licenciatura al día de la designación, contar con los conocimientos y experiencia relacionados con la materia de esta convocatoria; además, gozar de buena reputación y no haber recibido condena por algún delito doloso.

El interesado deberá de presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento; también no haber sido registrado como candidato propietario o suplente por ambos principios, en el proceso electoral inmediato anterior al de su designación.

Tampoco debe tener ni haber desempeñado un cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político durante los tres años anteriores a la designación, y no ser titular de alguna de las dependencias o entidades de cualquier orden de gobierno, del Poder Judicial, ocupar alguna magistratura, o fungir como integrante del Consejo de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo un año antes del día de su designación.

La selección contará con tres etapas, siendo la primera la evaluación que se llevará del 3 al 7 de marzo, para posteriormente establecer un listado de las personas que pasarán a la etapa de entrevistas, y su respectivo calendario que se llevarán a cabo los días 9 y 10 de marzo de 2023.

Las personas elegidas tomarán protesta el día 13 de marzo como integrante de este comité por 5 años con una remuneración, aunque por ley no hay relación laboral, de 85 mil pesos mensuales por medio de honorarios.

El abogado Gerardo Cortinas Murra se desistió de las solicitudes de juicio político que había emprendido contra la gobernadora Maru Campos y contra las dos recientes presidentas del Congreso, Georgina Bujanda y Adriana Terrazas.

La Comisión Jurisdiccional del Congreso local aprobó la solicitud de desistimiento de juicios políticos que hizo el propio Cortinas Murra, por lo que dichos procedimientos se desecharon y se archivaron.

El pasado 10 de octubre, el exrepresentante de diversos partidos políticos ante organismos electorales denunció tanto a la gobernadora como a las dos diputadas que han presidido la mesa directiva del Congreso del Estado por no publicar y poner en vigor las reformas al Código Fiscal y a la Ley de Pensiones Civiles del Estado (PCE).

Según su denuncia, esas reformas le darían al PCE facultades para cobrar los adeudos a instituciones públicas que tengan mora en el pago de sus aportaciones.

Cortinas Murra, quien también fuera asesor de la Secretaría General de Gobierno durante la gestión de César Duarte como mandatario estatal, realizó una huelga de hambre en el exterior de la Torre Legislativa, a manera de presión para que se diera curso a su demanda.

Sin embargo, este lunes 27 de febrero se aprobó el desistimiento de todo ese recurso, el cual también contemplaba sanciones al entonces secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno y a los diputados Francisco Adrián Sánchez Villegas, José Alfredo Chávez Madrid y Gabriel García Cantú.

En esta reunión de trabajo estuvieron presentes los diputados: Gabriel García en su calidad de presidente, y Omar Bazán, Carlos Olson, Yesenia Reyes y Alfredo Chávez, como vocales.

En el estado de Chihuahua, nueve de cada 10 feminicidios quedan impunes y una mínima parte de esos casos llega a tener un juicio, informó la organización de la sociedad civil “Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C” (Cadhac).

Se estima que entre un 94 y un 98 por ciento de crímenes en perjuicio de mujeres quedan impunes, mientras que la cifra de mujeres reportadas como desaparecidas va en aumento, según lo dio a conocer Sofía Velazco, representante de Cadhac en la entidad.

Mencionó que, de los casos de muerte violenta de mujeres ocurridos en la entidad, apenas una pequeña proporción, de entre el 2 al 6 por ciento, son llevados a juicio.

“El índice de impunidad es alto, ya que los casos que no pasan ante el juez revelan que las estrategias de prevención no son eficaces”, dijo.

La cantidad de mujeres desaparecidas ha ido a la alza en la actual década, ya que en el 2020 se registraron 173 casos, pero en el 2021 la cantidad subió a 229 y el 2022 cerró con 247.

Respecto a la incidencia de homicidios, señaló que el incremento de los casos es de un 18 por ciento a nivel estatal.

En Chihuahua se han dado casos emblemáticos como el de Marisela Escobedo y Debanhi Escobar, hechos que se dieron a conocer de manera mediática, comentó.

Mecanismos de protección a la mujer están fallando

Sin embargo, este tipo de casos sucede permanentemente y siguen siendo graves. Lo que refleja que las estrategias de prevención no han estado funcionando, añadió la entrevistada.

“Los números no disminuyen, algo estamos haciendo mal y desde aquí exigimos a las autoridades que se revisen todos los protocolos de actuación, todas las políticas públicas, con la finalidad que no sigan aumentando estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres”, afirmó la defensora de los derechos humanos.

Esta situación crea también otras problemáticas para las mujeres, ya que las familias se hacen cargo de búsqueda de las mujeres, así como de la manutención de los hijos que se quedan desamparados cuando la persona desaparecida falta.

Cabe recordar que en el estado hay casos de larga data como el de Esmeralda Castillo Rincón, quien desapareció desde 1995 y por quien se ofrece 200 mil pesos de recompensa; así como Elizabeth Luna Arvizo, quien desapareció en el 2004 en la colonia Barrio de Londres y por quien también se ofrece la misma cantidad.

Otro de los casos emblemáticos es el de Alondra María Nolasco Corpus, quien desapareció con 9 años de edad en el 2017, caso que aún continúa impune. Cabe recordar que la madre de la menor, Jesica Corpus, falleció en el 2021 sin saber del paradero de su hija.