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El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, continuará en su cargo hasta que exista una resolución judicial que lo inhabilite, declaró ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“En tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite o que lo sujete a un proceso, bueno, él va a esperar el resultado de esas investigaciones”, dijo en rueda de prensa tras una reunión con senadores de Morena y sus aliados.

Reveló que mantiene comunicación con Garduño Yáñez, quien le informa la situación de las estaciones migratorias del país y ayer le compartió un reporte del caso en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A pregunta expresa sobre si el caso debe quedar hasta el nivel del titular del INM o debe ir a funcionarios de más nivel, indicó que la investigación la lleva la FGR y esperará a que haga su trabajo y determine responsabilidades.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en el mismo sentido sobre la permanencia de Garduño Yáñez en su cargo: “Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación, y vamos a tomar la decisión en su momento”, argumentó.

“Hoy en la mañana se habló que puede ser que se acuse a algunos por omisión y a otros por homicidio. Falta que la FGR informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia”, indicó.

Agregó que Garduño Yáñez al frente del INM “siempre ha tenido un buen desempeño”, pero no lo protegerá si se le comprueban irregularidades.

Descartan que pisen la cárcel

Abogados penalistas consultados por El Universal consideraron que Garduño Yáñez y otros cinco servidores públicos imputados por la Fiscalía General de la República por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez podrían llevar su proceso en libertad.

El abogado Juan Velázquez afirmó que el ejercicio ilícito del servicio público no tiene la gravedad del delito de homicidio: “En una de esas se les pudiera permitir enfrentar su proceso en libertad y, si resultaran culpables, se les puede imponer una pena de prisión y, en el caso, también una inhabilitación para ocupar nuevamente un encargo público”, explicó el litigante.

Jorge Nader, abogado penalista, dijo que el titular del INM no pisará la cárcel: “Ni siquiera se emitiría orden de aprehensión. En caso de ser vinculado a proceso, Garduño Yáñez podría obtener una forma de terminación anticipada para no ir a juicio oral y no tendría obligación legal de renunciar”, expuso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá la próxima semana otro proyecto relacionado con las impugnaciones a la Guardia Nacional, la corporación que acumula diversos recursos jurídicos que cuestionan su origen militar y su transferencia administrativa y operativa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se trata de una sentencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en la que propone negar un amparo a México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) contra el diseño jurídico de la corporación, al que califica como “fachada para el sistema centralizado militar”.

“La Ley de la Guardia Nacional rompe con el sistema nacional de seguridad pública, ya que no coordina la participación de los estados y municipios, sino que los somete al poder federal”, acusó la asociación, al impugnar los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 de la legislación que regula la coordinación y colaboración de la GN con estados y municipios.

Al realizar el estudio de fondo de las normas impugnadas, Ortiz Ahlf declaró infundados los argumentos de México Unido Contra la Delincuencia sobre que la centralización de la seguridad pública conlleve a la militarización del país, pues consideró que la seguridad pública es una función del Estado que se ejerce a través de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

“La colaboración y coordinación regulada en los preceptos reclamados, no implica la pérdida de atribuciones por parte de las entidades federativas ni municipios, sino una armonía organizada de sus facultades, con el objeto fundamental de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”, sentenció la juzgadora.

Remarcó: “La coordinación y colaboración a la que se refieren los artículos reclamados no se deben entender en términos centralistas, sino en el sentido de que corresponde a los tres niveles de gobierno celebrar los convenios correspondientes a fin de brindar una seguridad pública eficiente en beneficio de la sociedad”.

Ortiz Ahlf calificó de “inexacta” la aseveración de México Unido contra la Delincuencia, en el sentido de que la centralización de facultades conlleva a la militarización del país y con ello se vulnera el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“En primer lugar, no existe tal concentración de poder en el ámbito de seguridad pública a cargo de las autoridades federales, precisamente derivado del sistema de coordinación y facultades concurrentes, Menos aún, los elementos de la Guardia Nacional actúan bajo el imperio de elementos castrenses, sino, como lo que es, una policía de carácter civil”, expuso.

La ministra añadió: “Con independencia de lo anterior, el posible exceso en las facultades de la Guardia Nacional, a través del secretario de seguridad, del titular del Poder Ejecutivo estatal o del municipal, sería imputable en el ámbito de aplicación de las normas impugnadas que prevén el sistema de coordinación y colaboración aludido”.

“Lo anterior podría ser analizado a través de un medio de impugnación distinto, pues dicha cuestión escapa del análisis que este tribunal pleno realiza en el presente recurso al no ser combatido un convenio en específico. En consecuencia, son infundados los planteamientos hechos valer por la recurrente, materia de análisis del presente apartado”, expuso.

Ante ello, la ministra propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia negar el amparo a México Unido Contra la Delincuencia con la siguiente determinación: “La justicia de la unión no ampara ni protege a México Unido Contra la Delincuencia, asociación civil, contra los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de la Guardia Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que es “reprobable” y “una inmoralidad” que el expresidente Vicente Fox se dedique al negocio de la venta de productos de marihuana.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que si el exmandatario quiere hacer negocios tiene todo un abanico de posibilidades para hacer negocios lícitos y le propuso que si tiene su rancho en Guanajuato, puede dedicarse a la plantación de maíz, trigo o hortalizas.

“Acerca de lo de la marihuana o la comercialización de la marihuana, pienso que es totalmente reprobable, que quien ocupó un cargo como Presidente de México decida dedicarse a una negocio de esa naturaleza. Una cosa es el consumo, el que una persona de manera libre y si lo permite la ley pueda consumir marihuana. No sé los detalles de la legislación actual, creo que hay una porción que una persona pueda consumir, el asunto es la comercialización, es hacer un negocio de eso, y más si se ocupó un cargo tan importante como presidente de México. Independiente de que si es legal o no, es una inmoralidad”.

“Si tienen dinero y quieren hacer negocios hay un abanico de posibilidades de hacer negocios lícitos, pero no es posible que esto se acepté como si se tratara de poner una cadena de fondas o tiendas de ropa o cualquier otro negocio, incluso la producción en el campo. Él tiene ahí su rancho, grandes extensiones de terreno ¿Qué no puede sembrar maíz, trigo, hortalizas? ¿Por qué el negocio de la comercialización de las drogas?”, cuestionó.

Sin lineamientos y sanciones a diputados por unirse de forma virtual a las sesiones del Congreso del Congreso, afirmó Adriana Terrazas Porras.

Luego de señalamientos de la bancada de Morena, la cual afirmó que había solamente dos legisladores y posterior a su salida del pleno se sumaron otros dos para contar con el quorum, en el tema de transporte.

Al respecto, la presidenta del Congreso señaló que a sus oficinas llegaron las circulares correspondientes de algunos diputados, sin embargo, no todos se conectaron.

La congresista señaló no recordar ni nombres, ni número de quienes se sumarían a la sesión pero externó que los congresistas salen y entran de la reunión aleatoriamente, sin recibir algún tipo de sanción o requerimiento de que permanezca en lo que ésta dure.

Respecto al uso de las cámaras apagadas al enlazarse a las sesiones, dijo no se debe de llevar a cabo, sin embargo, pese a que ello sucede no hay sanción.

Terrazas Porras hizo un llamado a la conciencia personal de cada uno de los diputados para que cumplan con los ciudadanos, ya que éstos observan el trabajo de sus representantes y será el mismo pueblo quien los juzgue.