Archives for abril 2023

Personal de la Fiscalía de Distrito Zona Sur a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), realizaron un operativo de búsqueda y rastreo en el municipio de Jiménez, como parte de los trabajos permanentes para la localización de personas desaparecidas.

La actividad constituyó el seguimiento y ubicación de indicios para fortalecer las indagatorias registradas en dicha región, donde se trabajó en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada.

La intervención se desarrolló durante la mañana de ayer en la comunidad de Escalón y ranchos circunvecinos donde colaboraron policías investigadores y de la Comisión Local de Búsqueda, agentes del Ministerio Público; personal de la Unidad de Servicios Periciales, familiares y activistas.

Durante las acciones se recorrió de manera pedestre a campo abierto y se inspeccionó en un pozo de 20 metros de profundidad. Además, se difundieron y pegaron pesquisas con los datos de personas desaparecidas en diferentes sitios públicos y de interés del municipio de Jiménez.

Dos semanas después del incendio que costó la vida a 40 migrantes en Ciudad Juárez, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que procedió penalmente y solicitó órdenes de aprehensión contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM); Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, y el contraalmirante Salvador González Guerrero, comisionado del INM en Chihuahua, por los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones.

De acuerdo con la FGR, los directivos incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes.

También procedió penalmente contra Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes se encuentran vinculados con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.

En el caso de la empresa de seguridad privada (Camsa) y el propio INM, la Fiscalía señaló que ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.

Además, omitieron el cumplimiento de la obligación de capacitación, control y supervisión del personal, y quedó en evidencia que Camsa se abstuvo de registrar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después del siniestro.

“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia.

“La investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos… se continuará informando lo que legalmente proceda”, detalló la dependencia.

La FGR remarcó que los delitos fueron investigados, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de cinco personas; tres de las cuales son servidores públicos del INM; una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y un individuo que inició el fuego (migrante), todas ellas ya están en prisión.

Indicó que, con las pruebas obtenidas logró continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como por parte de Camsa.

La Fiscalía subrayó que el INM, por ser un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional, se investigaron dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado, y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada.

En la investigación de antecedentes, se encontró que el 31 de marzo de 2020, en el centro migratorio de Tenosique, Tabasco, ocurrió un caso semejante, con un muerto y 14 lesionados.

Esto generó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad indispensables y obligatorias para estos casos.

La FGR refirió que los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los últimos años vuelven a señalar las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos hechos.

Sólo tuvo dos apariciones

Francisco Garduño estuvo ayer en la mañana en Ciudad Juárez, donde encabezó el acto de repatriación de los cuerpos de 23 de los migrantes fallecidos.

Previo a eso, el 28 de marzo, un día después del incendio, el INM difundió en redes sociales fotografías de Garduño en los hospitales donde se atendían a los migrantes heridos.

En todo este tiempo no dio declaraciones sobre lo sucedido en las instalaciones a su cargo.

De 2018 a la fecha, el INM ha venido sumando observaciones por debilidades en el gasto de los recursos que derivaron en ineficientes servicios de seguridad, infraestructura de baja calidad, falta de mantenimiento y personal inexperto y mal capacitado, e incluso, probables desvíos de recursos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República investiga al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, luego del incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez.

“Hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vida de migrantes en Ciudad Juárez”, dijo el jefe del Ejecutivo esta mañana en su conferencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó anoche que procedió penalmente contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.

“No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación, porque son varios los implicados, y hoy en la mañana (en la reunión de Seguridad), se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, a otros por homicidios, pero todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir la justicia”, agregó López Obrador.

La Comisión de Asuntos Migratorios, que preside la diputada Rosa María González Azcárraga (PAN), aprobó un proyecto de decreto para reformar los artículos 3, 81,105,109 y 111 de Ley de Migración y así garantizar una presencia máxima de 36 horas a las personas migrantes en territorio nacional una vez que estén en la tutela del Estado mexicano.

“Extender la privación de la libertad por más de 36 horas mientras se resuelve su situación migratoria resulta violatorio de derechos humanos, en virtud de no existir razones particulares relacionadas con la persona”, dice el texto.

Además, validaron el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley de Migración con la intención de ampliar el plazo establecido en la Ley de Migración, para realizar la revisión migratoria para personas que pretendan ingresar al país y que se ostenten como mexicanas.

“Este procedimiento deberá ser racional y no deberá exceder de 4 horas, excepto en los casos en los que la persona que se ostenta como mexicana solicite expresamente su ampliación.

“En ningún caso el plazo podrá exceder de 24 horas. Durante el tiempo que dure el procedimiento de revisión, la autoridad migratoria deberá brindar todas las herramientas tecnológicas y de comunicación que tenga a su disposición para que la persona de que se trate, complemente o aporte nuevos elementos objetivos de convicción”, señala el dictamen.
Asimismo, avalaron diversos puntos de acuerdo para exigir la protección verdadera de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional.

El primero de ellos, es un exhorto al titular de la Secretaría de Gobernación, para que, a través del Instituto Nacional de Migración se salvaguarden los derechos humanos e integridad de las personas migrantes que se encuentran en tránsito dentro del territorio nacional.
El segundo de ellos, solicita a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el gobierno de la Ciudad de México, implementen mecanismos para reubicar en albergues a las personas migrantes que permanecen al exterior de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, “con la finalidad de respetar y garantizar sus derechos humanos”.

En un tercer documento, avaló un exhorto para que el titular del Instituto Nacional de Migración garantice protección y seguridad a las mujeres migrantes durante sus traslados.
También suscribió un llamado con relación a las políticas públicas y programas de acción en materia de migración de retorno a fin de proteger a las personas migrantes.

El quinto dictamen contiene un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración para que, de manera urgente, se atienda la crisis migratoria que se vive en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dicha solicitud es con relación a los hechos ocurridos el 12 de marzo pasado donde más de cien personas intentaron ingresar a territorio de los Estados Unidos de manera violenta, “ante una migración no ordenada”.

Adicionalmente, la Comisión de Asuntos Migratorios se reunió con John Robert Hernández, titular de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conofam).
La diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (MC) expuso que todas las oficinas de migración en las entidades del país deben tener una oficina de capacitación, “muchos de los estados ni siquiera saben qué hacer en caso de que un migrante muera, no saben cómo repatriar a sus muertos”.

Mario Alberto Torres Escudero, diputado de Morena, aprovechó la presencia de algunos representantes del sistema migratorio en las diversas entidades del país, para preguntarles cómo ha sido su experiencia en materia de presupuesto público “para poder ayudarles desde el Legislativo”.

En su momento, el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (Morena) expresó que la capacitación es indispensable «y debemos siempre estar actualizando el marco legal, que vengan quienes tengan las condiciones de sumar a nuestro país».

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN) expuso que existen muchas situaciones irregulares en el proceso de migración en México, “creo que hay mucha gente con experiencia en las dependencias de asuntos migratorios en el país”.

La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (Morena) afirmó que el movimiento de migrantes en el mundo está auspiciado por el interés de grandes empresarios y “hay que seguir el hilo del dinero, hay muchos empoderados que continúan haciendo un negocio de la migración”.

De MC, la diputada Olga Zulema Adams Pereyra resaltó que es un negocio el fenómeno de la migración. «No hay ni un sólo centroamericano que haya hablado mal en su trayectoria en México; miles de migrantes hablan de que se les dio de comer y alojamiento”.

John Robert Hernández expresó que “si tuviéramos que definir en una sola palabra la importancia que tiene la Conofam para el país, sería: acompañamiento; por ejemplo, a pesar de la contingencia por Covid-19, en los últimos tres años pudimos atender de manera oportuna a los migrantes, no los dejamos solos cuando más lo necesitaron”.