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Agentes de la Policía Municipal encontraron los cuerpos sin vida de dos jóvenes en un lote baldío de la colonia 20 Aniversario, al norte de la ciudad.

Los reportes policiales indican que ambas víctimas tenían impactos de bala en el cuerpo y, además, estaban maniatados.

Una de las víctimas vestía playera en color rojo, short de color gris y estaba tapado de la cara con un trapo.

La otra víctima vestía playera de color rojo y pantalonera de color gris que estaba hasta debajo de las rodillas.

Los efectivos municipales llegaron tras recibir una llamada al número de emergencia, procediendo a acordonar el lugar del crimen.

De la escena y la recuperación de los cuerpos se hizo cargo personal de la Fiscalía General del Estado, quienes recabaron la evidencia en el lugar de los hechos, para su posterior investigación.

Prácticamente sin debate y en fast track, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para solicitar, de nueva cuenta, a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que se cree una Comisión Especial para investigar el llamado “Cártel Inmobiliario”.

Este punto de acuerdo fue presentado por la coordinadora de los diputados locales de Morena, Martha Ávila, quien dijo que esta Comisión Especial deberá estudiar y analizar a profundidad este caso con el objetivo de que se adopten medidas legislativas pertinentes para impedir que se repita.

Recordó que el pasado 10 de agosto de 2022, el pleno del Congreso local aprobó un punto de acuerdo, dirigido a la Jucopo, para la creación de esta Comisión Especial, pero hasta la fecha no se ha materializado.

Por lo anterior, y tras la detención de Christian Von Roehrich, la legisladora pidió que se cumpla con la que ya habían aprobado y se cree este grupo de trabajo especial, pues es algo que le deben a los cientos de familias víctimas de estas prácticas fraudulentas y a todas aquellas personas que están en riesgo por habitar inmuebles irregulares.

“En ese sentido, la Comisión Especial que hemos referido sólo podría desarrollar actividades estrictamente relacionadas con las competencias del Poder Legislativo, y con el objetivo de dar cauce institucional y orden al estudio de las deficiencias de nuestro orden jurídico que sean susceptibles de mejora.

Entre esas medidas legislativas podría haber iniciativas para reformar el marco jurídico de la ciudad, puntos de acuerdo para exhortar a diversas autoridades o citar a comparecer a funcionarios que cuenten con información valiosa sobre este asunto”, comentó.

La única legisladora panista que habló en contra de este punto de acuerdo fue Gabriela Salido, quien pidió a los militantes de Morena tener cuidado con estos actos de autoritarismo que ahora le pasa a los opositores, pero que en el futuro le pueden pasar a cualquiera.

“Lo más grave es que lo que ustedes ven ahorita le puede pasar a cualquiera, porque cuando cruzamos la línea llegamos a un gobierno autoritario en donde ya no importa si las voces que no me gustan están adentro o están afuera, serán medidos con la misma vara y ese es el riesgo de perder la institucionalidad”, comentó.

Tras esta intervención y un silencio abrumador de los demás panistas, este exhorto se avaló.

Más temprano, en conferencia de prensa, la vicecoordinadora de los panistas, Luisa Gutiérrez, comentó que Christian Von Roehrich es un “chivo expiatorio” y que todo esto se trata de un gran circo con “maromas y teatros” incluidos.

Durante décadas el municipio serrano de Temósachic fue un vergel que arraigaba a sus habitantes y sus grandes reservas de agua para el cultivo que daban prosperidad a sus habitantes.

Ahora sus extensas parcelas lucen abandonadas y sólo queda una población envejecida que sobrevive de las divisas enviadas desde el extranjero.

A menos de un metro de profundidad es posible hallar agua para el cultivo y sus tierras descansadas ofrecen una invaluable oportunidad para la producción agrícola.

Un grupo de empresarios han gestionado ante sus autoridades la llegada de inversiones japonesas para producir y exportar a la tierra del sol naciente.

Humberto Ramos Molina, exdiputado y activista en temas agrarios ve con buenos ojos que puedan establecerse inversiones niponas o de cualquier otra nación, siempre y cuando se establezcan reglas claras en torno a la explotación responsable de los recursos.

“Requerimos de la gestión de nuestras autoridades para contactar a inversores japoneses que garanticen la supervivencia de este municipio en el qué hay reservas suficientes de agua y buenas tierras para el cultivo”, detallan en sus peticiones los habitantes de este municipio situado a 2 mil 200 metros sobre el nivel medio del mar.

Temósachic es un pueblo pequeño de gente mayor y depende mucho del dinero que envían los paisanos, refieren algunos miembros de la comunidad.

Es muy poco el movimiento económico interno que se maneja en el municipio, por ello se requiere de la mística de trabajo y la ética de un país inversor como Japón.

Con dispensa de trámites, la bancada de Morena y sus aliados del PT y PVEM aprobaron como de “urgente resolución” la cuarta reforma en fast track de este martes.

Se trata de un proyecto que reduce el porcentaje máximo de descuento durante la venta de inmuebles propiedad de la Nación, y que se avaló por mayoría de 259 votos a favor por parte de la bancada guinda y aliados, así como 220 sufragios en contra del PRI, PAN, PRD y MC.

“Busca asegurar las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas que se celebran para la venta de inmuebles propiedad de la nación”, declaró la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, de Morena.

Explicó que la Ley General de Bienes Nacionales vigente, permite vender inmuebles federales cuando no son útiles para destinarlos al servicio público o cuando no son de uso común, venta que debe de realizarse por medio de licitación pública con el valor base que determine el avalúo correspondiente.

Señaló que el marco normativo vigente, establece que si el inmueble Federal no logra enajenarse en una primera licitación pública, se realiza una segunda en la que puede descontarse un 20% del valor base, y si no se adjudica en esa segunda licitación, se permite una tercera en la que se puede reducir el valor base en un 40%.

“Esta Norma permite una pérdida real y significativa en el valor de los inmuebles federales cuando no son enajenados en una primera licitación en detrimento del patrimonio de la nación”, insistió le legisladora Ayala Leyva.

En ese sentido la iniciativa propone elevar los porcentajes considerados para la venta de los inmuebles, dejando el 95% del valor en la segunda licitación y en la tercera el 90 por ciento, “garantizándole al estado mexicano un 30% más en las operaciones a desarrollar en una tercera licitación”.

Durante el debate, la oposición aseguró que el objetivo central del proyecto, es comenzar a vender los bienes de la nación de manera desmedida.

“El gobierno federal, a través de sus diputados, ha anunciado su intención de vender los bienes de la nación a precios de oportunidad, así como lo hizo con el avión presidencial”, acusó la diputada del PAN, Sonia Murillo Manríquez.