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En el puerto de Manzanillo, Colima, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Aduana, aseguraron aproximadamente ocho mil 640 kilogramos de metanfetamina, contenidos en botellas de tequila.

“El aseguramiento fue resultado de la inspección a un contenedor con 960 cajas, que en su interior contenían 11 mil 520 botellas de tequila, en presentación de 750 mililitros, y que a su vez contenían un peso aproximado de ocho mil 640 kilogramos de metanfetamina, que se pretendía exportar”, informó la Marina.

Derivado de lo anterior, fue examinada por un sistema de identificación química y un binomio canino entrenado para la localización de drogas.

Posteriormente, se procedió a tomar muestras que fueron remitidas al Laboratorio de Farmacología y Toxicología de la Semar para su análisis, confirmándola como positivo a metanfetamina.

La droga fue asegurada para ponerla a disposición ante las autoridades competentes e integración de la carpeta de investigación.

Durante este año, la dependencia ha asegurado y destruido aproximadamente 114.3 toneladas de metanfetamina.

La Semar resaltó que, en conjunto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, contribuye con estas acciones a debilitar la distribución de drogas de los grupos delictivos que operan en la región, afectando su estructura financiera y operativa.

Además, de coadyuvar con la seguridad interior del país, refrendando el compromiso que tiene con las familias de trabajar por su seguridad.

Un joven de 24 años falleció luego de ser atropellado durante la madrugada del domingo, sobre la avenida Independencia y Paseo Bolívar por un vehículo que se dio a la fuga luego del incidente.

La víctima fue identificada como Eduardo Balderrama, de 24 años, quien ejercía como reportero del periódico Heraldo de Chihuahua. 

Según los informes, al impactar al joven, el conductor se dio a la fuga, pero aparentemente trató de frenar aproximadamente 20 metros atrás, fallando en el intento de esquivar al reportero. 

Balderrama ingresó al periodismo en el año 2022 en el diario digital Tiempo en la Noticia y en fechas recientes se incorporó a El Heraldo de Chihuahua.

Durante su corta carrera se había enfocado a información de la fuente educativa y en el área policíaca.

Se espera la respuesta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que con ayuda de la Plataforma Escudo Chihuahua (Pecuu) se pueda tratar de ubicar al presunto responsable de este incidente.

Los informes que han compartido testigos coinciden en que, el conductor de una pick up de color blanca, de modelo Chevrolet sería el responsable de haber protagonizado el suceso.

Hasta el momento no se tienen más datos sobre el conductor. 

Que descanse en paz Eduardo Balderrama

Joven de 18 años es herido por agente de la policía municipal cuando trataban de detenerlo en un patrullaje de rutina en la colonia Vistas del Norte.

Los hechos se registraron cuando agentes municipales patrullaban por las calles Río Tormes y Río Tanega, de la colonia antes mencionada, y en el cruce le marcaron el alto al joven para una revisión, ya que se les hizo sospechoso. 

El lesionado se resistió y en el forcejeo accidentalmente se le disparó el arma al policía y lo hirió en la pierna derecha.

Agentes de la policía municipal solicitaron una ambulancia arribando paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron al joven en el lugar y lo trasladaron a un hospital.

Hasta el momento la autoridad no ha dado detalles de cómo ocurrieron los hechos que ya investiga personal de la Fiscalía General del Estado.

El caso del asesinato de Cruz Soto Caraveo, el activista proderechos de las personas desplazadas de la Sierra Tarahumara, ha causado la aprehensión de cinco personas y la sentencia por homicidio de tres de ellas.

Sin embargo, los tres sentenciados recibieron penalidades por debajo de los años de prisión que establece el Código Penal del Estado para el delito de homicidio.

El 17 de junio de 2021, un Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia de 12 años y 6 meses de prisión en contra de Samuel Alejandro B.G. y de Paulino M.R., dos de los involucrados en el secuestro y posterior homicidio de Soto Caraveo, perpetrado en octubre del 2019 en Témoris, municipio de Guazapares.

Un año y un mes después, el 19 julio de 2022, otro de los imputados, a quien la Fiscalía General del Estado identificó como Ismael Q.A. recibió sentencia 16 años y 8 meses por el delito de desaparición forzada cometida por particulares.

Ni con las medidas cautelares de la CIDH

Los actos que se les atribuyeron a los tres sentenciados tienen relación con la privación de la libertad y el posterior homicidio de Cruz Soto Caraveo, quien desde el 2014 denunció que había sido desplazado de sus tierras por un grupo del crimen organizado, el cual las convirtió en sembradíos de marihuana.

El activismo del denunciante continuó en los años posteriores, al igual que las presiones y las amenazas en su contra, según lo denunció públicamente el afectado.

En agosto del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado Mexicano dar medidas cautelares al activista, en vista de las amenazas que había recibido y a su condición de desplazado de su lugar de asentamiento por presiones del crimen organizado.

Sin embargo, al año siguiente de que se emitiera esa sentencia, el supuestamente protegido fue privado de su libertad por un grupo delictivo en el que participaba el director de Seguridad Pública Municipal de Guazapares, municipio donde ocurrieron todos los hechos que llevaron a la muerte al activista.

De acuerdo con la versión oficial difundida por el Gobierno del Estado, Cruz Soto Caraveo, fue privado de su libertad el 13 de octubre de 2019 cuando circulaba por una brecha que conduce de la localidad de Témoris a Los Llanos.

Su desaparición motivó una vasta movilización por tierra y aire para dar con el paradero de la víctima –según la versión oficial– pero fue hasta el 19 de octubre de 2019 cuando lo encontraron ya sin vida en un paraje del lugar conocido como la Lechuguilla, municipio de Guazapares.

Acribillan a balazos a activista desplazado

La Policía Municipal, involucrada

Fue hasta el 14 de marzo del 2020 cuando se logró la aprehensión de los primeros implicados en el caso: Samuel Alejandro B. G. y Paulino M.R., este último jefe de la Policía Municipal y, a su vez, partícipe en la operación que terminó con la muerte del activista y defensor de las personas desplazadas a causa de la violencia.

El reporte oficial dice que las investigaciones realizadas, señalan que Paulino M.R. se valió de su cargo como director de Seguridad Pública Municipal para ordenar a sus subordinados, la búsqueda del activista y entregarlo para su retención y muerte a otras personas, entre ellas Samuel Alejandro B.G.

La sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento, contempla una pena de 12 años 6 meses de prisión para cada uno de los involucrados.

El Municipio debe una disculpa, y 313 mil 500 pesos

Además, el crimen obliga a pagar una sanción económica por 627 mil 850 pesos, suma que debía ser cubierta a partes iguales por los imputados y por la Presidencia Municipal de Guazapares.

Esta última debía cubrir 313 mil 500 pesos y además emitir una disculpa pública por haber participado, a través de su director de Seguridad Pública, en la comisión de una serie de delitos que llevaron a la privación de la vida a uno de sus habitantes.

Un año después, el 19 de junio, Ismael Q.E., otro de los autores de ese crimen, recibió una sentencia de 16 años y 8 meses.

Según el artículo 123 del Código Penal del Estado, a quien prive de la vida a otra persona se le impondrá una sentencia de doce a veinticinco años de prisión.

Hay otros dos detenidos

El proceso no ha terminado, pues aún quedan dos imputados sin recibir sentencia. Se trata de Fernando F.C., detenido el 2 de noviembre en la comunidad de El Cuervo, en Témoris, y de Luis Enrique Medina García, alias La Chulina, aprehendido también en Témoris junto con otros cuatro presuntos miembros de una célula criminal.

Este último tenía orden de aprehensión cuando fue detenido en flagrancia en posesión de armas y drogas, pero aún no ha sido vinculado a proceso por los delitos relacionados con la desaparición y muerte de Soto Caraveo.

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