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Juan Carlos Loera debe acudir a las sesiones de la Mesa de Seguridad por su propia iniciativa y no porque se lo pida el Congreso mediante exhorto, afirmó la presidenta del Poder Legislativo, Adriana Terrazas Porras.

Luego de que el delegado de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal se ausentara de la reciente sesión de la Mesa de Seguridad, la legisladora consideró que el Congreso no debe ser la instancia que lo llame a acudir a esas sesiones.

“Me imagino yo que el delegado Juan Carlos Loera ha de tener suficiente trabajo”, dijo.

La congresista, quien pertenece formalmente al partido Morena, igual que el delegado Loera, señaló que no ha tenido conversación con el delegado, ya que afirma es respetuosa del trabajo.

Mencionó que la diputada Georgina Zapata (PRI), es quien ha tenido contacto con el delegado de Bienestar, por ser ella la presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos.

Por otra parte, se le cuestionó respecto a las investigaciones con relación a la muerte de los migrantes y en particular, sobre el titular del Instituto Nacional de Migración, señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy puntual en decir que se castigará, que no habrá impunidad.

“En este caso creo que las investigaciones han estado derivando algunas detenciones. Yo confío en que no habrá impunidad”, dijo la representante del Congreso estatal.

Un joven que limpiaba su terreno para empezar a construir su vivienda se encontró con una hielera que contenía restos humanos.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este jueves 13 en el lote baldío ubicado entre las calles General Joaquín y avenida Venceremos, de la colonia Joaquín Terrazas de la Colonia granjas del Valle.

El trabajador abrió la hielera y encontró en su interior una mandíbula humana, por lo que a dar parte a las autoridades.

Efectivos de la Policía Municipal llegaron al lugar y al revisar la hielera encontraron una bolsa con restos humanos, por lo que procedieron a acordonar el área.

Agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recabaron la evidencia y se encargaron del levantamiento de los restos.

El frente PRIAN rechazó con 15 votos en contra y 10 a favor la petición de la bancada de Morena para que el Gobierno del Estado informe a detalle por qué se le pagan 27 millones 544 mil 860 pesos a Ernesto Cordero Arroyo por asesorías en relación a la reestructuración de la deuda estatal.

El diputado morenista David Oscar Castrejón Rivas dijo en la tribuna del Congreso que en tan solo 20 meses se ha erogado esta cantidad, acciones que violan lo establecido en el artículo 127 Constitucional.

Castrejón, quien preside la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, calificó de “ilógica” la contratación de los servicios del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Ernesto Cordero.

El pago a dichos servicios de asesoría incluye la contratación de nueva deuda pública estatal, refinanciamiento de créditos, instrumentos derivados y elaboración del paquete fiscal estatal, dijo el morenista.

Con ello, el asesor detenta el control de la toma de decisiones sobre el presupuesto y las finanzas de la administración estatal, afirmó el congresista, esto por encima del titular de dependencia, José de Jesús Granillo Vázquez.

Castrejón Rivas, dijo a conocer que se le otorgaron a Cordero Arroyo un total de siete contratos, el primero de ellos por un monto de un millón 200 mil pesos más el Impuesto al Valor Agregado, siendo un total de un millón 392 mil pesos.

El segundo contrato fue por un monto de tres millones 360 mil pesos más impuestos, con lo quedó la cifra de tres millones 897 mil 600 pesos por concepto de asesoría y acompañamiento en el proceso de elaboración del “Paquete Fiscal 2023”.

El tercer contrato fue de un millón 190 mil pesos más impuestos, lo que arroja una cifra de un millón 380 mil 400 pesos, por concepto de asesoría para para contratar el financiamiento de instrumentos derivados de dos créditos con los siguientes saldos:

• Banorte: $3,379’243,298.76 pesos

• Banco del Bajío: $493’711,743.11 pesos

Mientras que el cuarto contrato fue otorgado por una cifra de nueve millones 860 mil pesos, pagado en tres exhibiciones, con lo que se buscó contratar el refinanciamiento de cuatro créditos que suman un saldo insoluto de 3 mil 410 millones 437 mil 399 pesos:

• Banco del Bajío: $248’750,000.00

• Banco del Bajío: $493’711,743.11

• Banco del Bajío: $1,490’196,201.80

• Banco Multiva: $1,177’779,453.84

Así como el quinto contrato al cual se destinó una cifra de tras millones 600 mil pesos más el IVA, mientras que el sexto contrato erogó al exfuncionario federal una cifra de dos millones 250 mil pesos y el séptimo contrato de tres millones 696 mil pesos; en ambos casos es el monto sin IVA.

Tras una discusión, el pleno del Congreso, dominado por el PRI, PAN, MC y PT, votaron en contra de la propuesta de Morena.

Un juez federal giró orden de aprehensión contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, y el titular de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, ya que según la FGR tuvieron una vinculación directa en el incendio de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes muertos.

La Policía Federal Ministerial se encuentra ejecutando los mandamientos judiciales correspondientes, informó la Fiscalía General de la República.

El juez de Control, indicó una fuente de la FGR, valoró los argumentos del ministerio público federal y consideró que dichas personas tuvieron una vinculación directa con los hechos ocurridos el 27 de marzo.

“El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, concedió a la FGR su solicitud de citación, que contempla la Ley, para llevar a cabo las audiencias iniciales de formulación de imputación de Antonio “N” y Francisco Garduño, comisionados del INM, para el 20 y 21 de abril próximos, respectivamente”, agregó la FGR en un comunicado.

Hasta esa fecha se conocerá las imputaciones y los datos de prueba que ha obtenido la FGR.