Abogados, legisladores, analistas, catedráticos y organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por la primera gran expropiación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Secretaría de Marina (Semar) expropió este viernes las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, propiedad de Grupo México Transportes.
El mismo día, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se ordenó la ocupación temporal e inmediata del tramo ferroviario por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa de participación estatal mayoritaria.
“La sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte de Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores”, dijo Grupo México Transportes en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.
Grupo México, encabezado por Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, informó que continuará brindando el servicio a sus usuarios sin ninguna afectación por el momento, sólo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas y se informará oportunamente sobre las acciones a seguir según sus obligaciones como empresa pública.
La medida se da en medio de las negociaciones que Larrea mantiene con Citigroup para adquirir Banamex, sin que de momento haya un anuncio oficial sobre el tema.
Esta semana el magnate acudió dos veces a Palacio Nacional y el mismo presidente López Obrador dio su visto bueno para que adquiera Banamex.
Blindaje de obras
En opinión del socio del despacho Trusan y Roma Abogados, y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rodolfo Martínez, la expropiación tiene relación directa con la decisión del gobierno de blindar sus obras prioritarias.
“Es algo que sale de la nada y tiene una relación directa con la resolución de la Suprema Corte de ayer [jueves]. Obviamente la empresa tiene los medios de control jurisdiccional para que se revise ante la justicia federal este tema y espero que lo haga porque me parece que este tema de ocupación temporal es sin duda completamente arbitrario, injustificable y viola el derecho a la propiedad que tiene o a la concesión, en su caso, que pueda tener Grupo México”, explicó.
“Desde un punto de vista jurídico, estamos hablando de una expropiación… Cuando estamos hablando que es de utilidad pública, como señala el decreto publicado en el DOF, estamos hablando de una expropiación de facto… Lo que ahora procede es el pago de una indemnización, pero Grupo México tiene derecho a que se revise este tema ante la justicia federal”, dijo.
Claudia Aguilar, especialista en derecho constitucional, y socia fundadora de Aguilar Barroso y Asociados, afirmó: “Sin duda es la primera ocasión en el sexenio donde nos topamos con una expropiación”.
El decreto que se publicó en el DOF cita la Ley de Expropiación, por lo que ante esta “ocupación temporal”, la legislación dice que “sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo”.
Al solicitarse el amparo se puede pedir se suspenda la medida contra Ferrosur; sin embargo, se ve “cuesta arriba, aunque es procedente con interpretación directa a la Constitución”, con el argumento de que no es proporcional la afectación a sus derechos.
Juan José Iturbe López, abogado constitucionalista, y fundador de Malpica, Iturbe, Buj y Paredes, dijo que de primera impresión el amparo debe impugnarse por dos temas: el acto de autoridad y la indemnización; sin embargo, consideró que no se podrá suspender la ocupación porque ya está hecha.
“Aunque es la primera expropiación como tal… hay otros actos de autoridad arbitrarios en este sexenio con rasgos de expropiación porque no están respetando la garantía de audiencia… primero toman la propiedad y luego te doy audiencia, en lugar de que te doy oportunidad de audiencia, te defiendes y luego tomo el bien”, dijo.
“Este amparo va a estar sumamente politizado, un amparo normal con recursos de revisión ante un tribunal colegiado tarda 16 meses (ocho meses en resolverse y ocho la revisión), que es lo que tarda en terminar este sexenio”, comentó.
Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, opinó: “Me parece increíble lo que está sucediendo; primero lo del decreto y ahora lo de los tramos de vías de Ferrosur. Generan miedo y ahuyentan las inversiones… Decretos y expropiación. Sin duda esta semana ha sido para México una de las peores, si no es que la peor, en decisiones de política económica”, dijo.
Rechazan acción
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que la toma de Ferrosur es una pésima señal para el mundo, un duro golpe a la certidumbre, contra la inversión y el crecimiento económico.
“Este gobierno está convirtiendo a los militares en los verdaderos operadores y beneficiarios de la voluntad y los caprichos del Presidente”, aseveró.
La analista Irene Levy consideró “tremendo” lo que pasa y resaltó que las Fuerzas Armadas tomaron las instalaciones sin avisar y se publicó el decreto de ocupación temporal, sin plazo. “¿Qué sigue?”, cuestionó.
Sociedad Civil México (SCM), organización que busca conformar una candidatura opositora de unidad para 2024, expresó su rechazo de lo que consideró acciones expropiatorias de activos y operaciones de Ferrosur.
En una carta a las dirigencias del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la organización señaló que dichas medidas anunciadas en el DOF tienen un impacto negativo en el clima de negocios en México, dañando la percepción de riesgo de los inversores privados.
Además, agregó, afecta la imagen del país como destino de inversión extranjera y menoscaba el Estado de derecho, así como la propiedad privada de empresas e individuos.
