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El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aclaró que el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional del partido para definir la Coordinación de Defensa de la Transformación no busca una precandidatura, sino que es un proceso de organización interna, por lo cual se encuentra “constitucional y legalmente blindado”.

Tras el registro de los seis aspirantes, el líder guinda aseguró que las medidas cautelares mandatadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) el viernes pasado ya estaban previstas en el acuerdo del Consejo Nacional aprobado el domingo 11 de junio.

“Se trata de un proceso de organización exclusivamente interna, no estamos haciendo ninguna convocatoria de precandidaturas o candidaturas, entonces ahí nosotros apelamos a la Constitución que establece los derechos de autoorganización y autodeterminación internos de los partidos políticos”, subrayó.

Destacó que los aspirantes contarán con un monto de 5 millones de pesos que será absolutamente comprobable y fiscalizable, es decir, “sólo se podrán destinar a viáticos, transporte, comida y hospedaje, y a la logística de eventos, que es lo que son sillas, carpas, audio, los backs, en fin, lo que se necesite para organizar un evento”.

Delgado Carrillo consideró que es un hecho histórico que los seis contendientes se hayan comprometido a cumplir y respetar los principios de la Cuarta Transformación, así como a llevar a cabo recorridos de trabajo austeros y privilegiar el contacto con la gente, al igual que sostener una contienda fraterna y sin denostar a ningún compañero o compañera aspirante.
El dirigente morenista salió al paso a las críticas de quienes aseguran que los recorridos y asambleas informativas que encabezarán los aspirantes presidenciales violan la ley electoral.

“Está claro el mandato del Consejo Nacional, que no se trata de promover personas y está prohibida la promoción personalizada. También hemos hecho explícito de que no hay ninguna competencia o proceso alguno por alguna precandidatura. Estamos en la organización de nuestro movimiento para informar sobre los avances de la transformación”, reiteró.

Mario Delgado descartó que desde el partido se impongan sanciones a las y los aspirantes que cometan alguna falta previa a la realización de la encuesta, la cual se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre, y cuyos resultados se darán a conocer el día 6 de ese mismo mes. No obstante, dijo, será el pueblo quien los juzgue y sancione.

“Desde el partido no los podemos sancionar porque no es un proceso jurídico sino un proceso interno de organización, si lo infringen será la gente la que evalúe si cumplen o no sus compromisos. Está a prueba su lealtad al movimiento y el respeto a su palabra empeñada. Todos se comprometieron a que primero el proyecto y luego la persona, entonces la sanción será por parte de la gente, no del partido”, señaló.

Por tanto, Mario Delgado llamó a llevar a cabo un proceso organizativo que deje huella hacia el futuro, “que sea fraterno, que sea respetuoso, que sea leal con el movimiento” y que deje un precedente de un comportamiento ético entre compañeros, pues “no podemos perder de vista que estamos luchando por que el ejemplo de uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, y su legado trasciendan a las siguientes generaciones”.

La Fiscalía General de la República (FGR), en su delegación de Tamaulipas, destruyó 14 vehículos con blindaje artesanal conocidos como autos monstruo, relacionados con 12 expedientes.

La dependencia, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), dio cumplimiento al Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, que establece la destrucción de objetos que son instrumentos de ilícitos.

El evento se realizó en las instalaciones de la FGR en Reynosa. Los vehículos fueron asegurados en diversos enfrentamientos en la entidad y eran presuntamente usados por grupos delictivos.

En el desarrollo de las diligencias se contó con la presencia del Ministerio Público de la Federación (MPF), quien coordinó el evento de identificación y realizó las diligencias, así como de autoridades pertenecientes a la Octava Zona Militar en el estado, peritos oficiales y personas del Órgano Interno de Control de la fiscalía.

La FGR resaltó la labor y coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, que aseguró y puso a disposición las unidades.

En abril de 2023, la dependencia destruyó nueve vehículos con blindaje artesanal, relacionados con ocho expedientes y asegurados en varios enfrentamientos.

El 24 de julio de 2022, la FGR dio a conocer la destrucción de 23 vehículos monstruo en Reynosa, relacionados con 13 expedientes elaborados en el periodo de marzo a junio de ese año. En las diligencias también se contó con la presencia del MPF.

En abril de este año, este diario informó que, del 1 de enero de 2014 al 9 de febrero de 2023, fueron asegurados a nivel nacional 156 vehículos monstruo, de acuerdo con cifras de la Sedena.

En este periodo, Tamaulipas ocupó el primer lugar donde los uniformados incautaron 103 unidades artesanales.

Los municipios de la entidad con el mayor número de aseguramiento fueron Reynosa, con 22; Miguel Alemán, con 20; Nuevo Laredo, con 14; Camargo, con 13; Mier, con 12; Matamoros, con 10; Gustavo Díaz Ordaz, con siete; Río Bravo, con tres; Méndez y Valle Hermoso, con uno. Mientras que, en otros estados, como en Michoacán, incautaron 19 y en Jalisco, 17, entre otros estados.

En esa ocasión, mecánicos y hojalateros en Tamaulipas, quienes omitieron dar su nombre, manifestaron que para blindar los autos artesanales se utilizan placas de acero de cinco milímetros.

El Juzgado Séptimo de Distrito en Morelos le concedió a un adulto declarado interdicto, la protección de la justicia federal para que se le respete su derecho de audiencia, en la que sea escuchado sobre quién desea que ejerza su tutoría y el lugar en dónde quiere vivir.

El juicio de amparo fue promovido por dos hijas y su padre, quienes reclamaron que, en un proceso emprendido por la cónyuge del quejoso con la finalidad de declararlo en estado de interdicción, se transgredió su garantía de audiencia pues se tomaron decisiones sin darle oportunidad de expresar su opinión.

En el juicio de origen, el juez familiar designó como tutora interina a la cónyuge del quejoso y requirió a las hijas que entregaran a su padre, pues debía residir en su domicilio conyugal; sin tomar en cuenta la petición de éste de querer vivir junto a su hija.

Para resolver el juicio de amparo indirecto 92/2023, el juez José Leovigildo Martínez efectuó una interpretación conforme a la Constitución y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, definen la figura del estado de interdicción desde el punto de vista del modelo social y del modelo de “asistencia en la toma de decisiones” contemplados en la citada Convención.

Luego de estudiar la entrevista y el único dictamen médico realizado al presunto interdicto, Martínez estimó que la autoridad responsable, a saber, el juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, debió tener en cuenta que si bien una persona con una diversidad funcional de tipo cognitivo generalmente presenta un lenguaje diferente que puede ser menos fluido, desordenado o interrumpido, ello no imposibilita que el quejoso pueda externar su voluntad.

De la entrevista y dictamen médico se desprende que el quejoso es abogado y que se dedicó a los bienes raíces, que es capaz de asearse y comer por sí mismo.

Los expertos lo percibieron cooperador, con atención, con lenguaje expresivo, aunque sin poder responder a interrogantes relacionadas con la fecha y lugar en que se encontraba.
La sentencia establece que, al negarle la garantía de audiencia al quejoso, se pueden configurar actos privativos sobre su persona y sus bienes, por eso se requiere su participación en el proceso judicial, pues de lo contrario se estaría en franca violación de todos sus derechos.

También se advirtió que no es aceptable que, con pretexto de su discapacidad, ni siquiera se contemple la posibilidad de ser escuchado, vulnerando su derecho de acceso a la justicia, y el principio de igualdad y no discriminación.

El juez Martínez señaló que el juzgador familiar debió dar intervención y escuchar al presunto incapaz, a través de un modelo idóneo de asistencia con el objeto de guiarlo y aconsejarlo en la toma de sus decisiones sin poner en riesgo su integridad física, emocional y social.

La sentencia estipula que el estado de interdicción no puede ser interpretado como una institución en la que el tutor sustituya la voluntad de la persona con discapacidad, sino que debe asistirla para que ésta tome sus propias decisiones, en aras de incentivar su autonomía.

En consecuencia, ordenó reponer el procedimiento del juicio de origen para el efecto de que el juez familiar, previo a pronunciarse respecto a la designación de tutor interino y lugar de residencia del directo quejoso, permita que éste exprese su voluntad, velando que tal decisión sea respetada y acatada sin que se ponga en riesgo.

Además, conminó a la autoridad responsable a realizar las subsecuentes actuaciones bajo los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto con la única limitante que los efectos que genere la voluntad del presunto interdicto serán proporcionales al grado de discapacidad que el juez familiar responsable, auxiliado de los peritos que estime convenientes, establezca.

Lo anterior, enfatizando que en caso de que el presunto interdicto no pueda externar su voluntad por ningún medio, el tutor podrá tomar las decisiones por él, pero tal escenario será excepcional y estará sujeto a un mayor escrutinio judicial.

Madres autónomas y sus hijas e hijos se reunieron este Día del Padre para exhibir a deudores de pensión alimenticia; los padres ausentes y deudores han sido denunciados y los procesos jurídicos corren su curso, aunque no han podido encontrar a los responsables.

Atendiendo una convocatoria nacional, hecha por las mujeres y colectivas promoventes de la Ley de deudores alimentarios a nivel nacional, madres de familia acudieron para exhibir a los padres de sus hijos e hijas que no cumplen con su obligación de pagar pensión alimenticia.

La manifestación pacífica se realizó en la Plaza del Ángel e invitaron a sumarse a la iniciativa a todas las mujeres y familias que sufran el abandono y la negligencia de padres morosos de pensión alimenticia.

“Los procesos jurídicos están en marcha, pero resulta que nunca los pueden encontrar para hacerlos responsables de sus obligaciones. En cambio, todas los vemos en fiestas, en Facebook donde presumen sus viajes y no es justo que sus hijos e hijas tengan que sufrir carencias y crisis emocionales por su abandono”, comentó una de las madres autónomas manifestantes.

Las madres en protesta, indicaron que la sociedad permite a los hombres, por ser hombres, desaparecer y no hacerse responsables de sus hijos, mientras que a las madres las culpabilizan por los errores de los padres. “Si la ley no los está encontrando y no los hace cumplir, entonces que los alcance la vergüenza”, dijeron las manifestantes.