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En los ámbitos federal y estatal, la población privada de la libertad/internada se conformó por 226 mil 116 personas en 2022, cifra 2.6% más de los 220 mil 419 reportados un año antes, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De este total, 207 mil 140 (91.6%) corresponden al ámbito estatal y 18 mil 976 (8.4%), al federal. Además, 94.4% correspondió a hombres y 5.6%, a mujeres, de acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal.

Según el estatus jurídico de las personas privadas de la libertad/internadas en los centros penitenciarios y centros especializados, 88 mil 172 se encontraban sin sentencia, 23 mil 653 con sentencia no definitiva y 111 mil 162 contaron con sentencia definitiva.

Esto implica que 39.0% de la población privada de la libertad/internada no contó con una sentencia: para las mujeres este porcentaje fue de 49.3% y para los hombres, de 38.4%. Comparado con 2021, la población privada de la libertad/ internada con sentencia aumentó 8.7 %, mientras que la población sin sentencia disminuyó 5.0%.

En 2022, del total de población privada de la libertad sin sentencia, 50.2% estaba en prisión preventiva oficiosa; 23.9%, en prisión preventiva justificada; 11.4%, en otro supuesto jurídico y, para 14.5%, no se identificó el tipo de estatus jurídico.

Por entidad federativa, Estado de México y Michoacán reportan que 100% de su población privada de la libertad sin sentencia se encontraba en prisión preventiva oficiosa.

Hasta más de un año, el tiempo de espera por una sentencia

Sobre el rango de tiempo en espera de sentencia para las personas privadas de la libertad, 26.7% de los hombres y 29.7% de las mujeres han esperado 24 meses o más por su sentencia.

En cuanto a la población privada de la libertad con sentencia, en los centros penitenciarios, 19.1% (24 mil 955) de los hombres y 16.8 % (mil 75) de las mujeres recibieron penas privativas de la libertad de 5 a menos de 10 años.

De la población en internamiento y semi internamiento en los centros especializados, 19.5% (175) de los hombres y 21.9% (14) de las mujeres recibieron una sanción de internamiento de 2 años 6 meses hasta menos de 3 años.

Al cierre del año pasado, 7 mil 506 (3.3%) personas privadas de la libertad/internadas pertenecían a algún pueblo indígena. Del total, se reportó que las personas originarias del pueblo náhuatl concentraron el 16.6%. En comparación con lo reportado en 2021, la cantidad de personas que pertenecían a algún pueblo indígena aumentó 6.4 % en 2022.