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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pondrá en marcha el segundo Simulacro Nacional 2023, a realizarse el 19 de septiembre a las 11:00 horas del centro de México en el que se activarán las alertas sísmicas; llamó a la población a no alarmarse.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez, destacó que una de las metas es superar los 109 mil inmuebles registrados en el primer simulacro nacional, efectuado el 19 abril, en esa ocasión fue una hipótesis de magnitud 7.5 con epicentro en Puebla-Veracruz, 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca.

En conferencia de prensa, la titular de la CNPC dijo que para esta acción propondrán cuatro hipótesis por fenómenos perturbadores que impactarían en diferentes regiones del país.

Adán Salazar Zamorano, Don Adán, quien fue entregado a la Corte Federal de Distrito Oeste de Texas, tras haber sido extraditado por la Fiscalía General de la República de México, tuvo una trayectoria ligada a las operaciones del narcotráfico en los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, donde se le atribuye además a su clan familiar una participación en el asesinato o desaparición de periodistas y activistas, así como amenazas a funcionarios.

Uno de los casos más fuertes donde se involucra a “Los Salazar” es el del asesinato de Miroslava Breach, periodista de Norte de Ciudad Juárez y La Jornada, en el 2017, quien los había investigado de manera constante.

Difunden foto del presunto autor intelectual del homicidio de Miroslava Breach

Hay una orden de aprehensión en contra de Crispín Salazar Zamorano, hermano de Don Adán, al ser señalado como autor intelectual del asesinato de la periodista.

Miroslava no sería la única periodista asesinada por el clan

También se liga a Los Salazar a la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en el 2005.

Se trata de un reportero sonorense que cubría la nota roja en el periódico El Impacial, quien desapareció el 2 de abril de 2005, cuando investigaba el tráfico de drogas y crimen organizado en el estado de Sonora, especialmente los lazos con el poder que lo hacían posible.

Lo último que se supo del periodista fue que se reunió con dos funcionarios del entonces gobierno sonorense, entre ellos el subdirector del Sistema Estatal Penitenciario, Andrés Montoya García. Según el exfuncionario, esa noche se encontró con Jiménez Mota en un supermercado antes de que tuviera que partir a ver a otra fuente.

La última llamada en el celular del periodista fue de quién en aquél entonces fungía como subdelegado de la Procuraduría General de la República en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván, de quién no se ha publicado una declaración por las investigaciones derivadas.

Desde entonces se señala al grupo criminal “Los Salazar”, ligados al Cártel de Sinaloa, como los probables autores materiales del crimen, en contubernio con exfuncionarios de los tres niveles de gobierno, según investigaciones independientes realizadas por colegas de Alfredo.

Activista desaparecida

Al grupo de Los Salazar se le ligó también con la desaparición de Yesenia Guadalupe Durazo, una integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien fue vista por última vez el 21 de mayo de este 2023.

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Un grupo armado la habría privado de su libertad al salir de su vivienda.

Luego apareció sana y salva, pero previo mensaje que envió el colectivo a los líderes de las organizaciones criminales que operan en el estado con la finalidad de solicitarles que entregaran a su compañera con vida.

Se señaló concretamente a “Los Salazar” de estar detrás de la desaparición del esposo de Yesenia Guadalupe Durazo y que habría sido el motivo por el cual se convirtió en activista e integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Desplazamientos forzados

Por otra parte, las actividades delictivas de Adán Salazar Zamorano, “Don Adán” y su clan familiar, habrían ocasionado el desplazamiento forzado de mil 200 personas en el municipio de Sonoyta, Sonora y de unas 300 familias en Las Chinacas en Chínipas.

A la sombra de la narcopolítica

Amenazas a la gobernadora de Sonora

En agosto del 2019, los ciudadanos de Sonora se sorprendieron, al enterarse de una narcomanta firmada por Los Salazar, donde lanzaron una amenaza a la gobernadora Claudia Pavlovich y su familia.

La advertencia se hizo extensiva a las diversas corporaciones policiacas municipales de la entidad, así como para los efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Aludían a supuestos acuerdos incumplidos.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, otorgó una suspensión a Coahuila que detiene la distribución de libros de texto gratuitos del ciclo escolar 2023-2024.

El acuerdo de la Corte señala que se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo de Coahuila de Zaragoza, para los efectos precisados en este proveído, resalta que la medida de suspensión surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente

El gobierno de Coahuila reclama los actos de elaboración, edición, impresión y distribución de los libros debido a la incertidumbre que se ha generado en la opinión pública sobre el contenido de estos.

Se convierte, con Chihuahua, en el segundo estado en conseguir un recurso similar contra los libros de texto gratuitos.

La maestra Erika Rascón, integrante de la Red de Profesoras Universitarias, señaló que la Universidad Autónoma de Chihuahua puede ser punta de lanza para la creación de rutas, reglamentos y estrategias para garantizar la no repetición de casos de acoso y hostigamiento sexual en el alma mater.

“Es la primera recomendación que recibe la Universidad Autónoma de Chihuahua para la inmediata reparación del daño a las víctimas, sanción de las y los funcionarios responsables y las medidas de no revictimización de las estudiantes de la Facultad de Artes”, expresó a través de un escrito a Norte de Chihuahua, la docente de la unidad académica.

La también comisionada como enlace de género de la Facultad de Artes, dijo que acompañó en 2019 a varias estudiantes a presentar su queja ante la dirección y ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, además de brindar información sobre las instancias correspondientes para presentar denuncia y solicitar apoyo, ya que el acoso sexual y hostigamiento sexual son delitos.

Agregó que desde el 2020 que se fundó la Red de Profesoras Universitarias de Chihuahua, han brindado acompañamiento en este y otros casos.

Rascón destacó que las recomendaciones de la CEDH, a parte de la no repetición, llaman a la implementación de la perspectiva de género y de Derechos Humanos, así como la capacitación y actualización de personal y estudiantado sobre leyes, reglamentos y estatutos a los que toda institución educativa de nivel superior debe apegarse para seguir no solo un comportamiento ético sino uno que se apegue al ejercicio y respeto de los Derechos Humanos.

“Como coordinadora de la Red de Profesoras Universitarias de Chihuahua e integrante de la Red de Investigadoras en Derechos Humanos de México, espero que las instituciones y funcionariado correspondiente atiendan a nuestra convocatoria para realizar un esfuerzo interinstitucional para atender a dicha recomendación con un plan de acción integral con base a la Ley General de Víctimas, a la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las Mujeres (Cedaw), la Convención Belem do Pará y las aplicables, locales, nacionales e internacionales; de ser así se podrá sembrar un precedente para la prevención del acoso y hostigamiento en espacios educativos”, puntualizó.