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El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una carta dirigida al abogado de Genaro García Luna en Estados Unidos César de Castro para informarle que ya no presentará una denuncia en su contra por difamarlo durante el juicio contra el exsecretario de seguridad del expresidente Felipe Calderón.

“No omito confesarle que tenía muchas ganas de denunciarlo. No sólo por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del Presidente de México”.

En la mañanera, el mandatario leyó la misiva:

“Como este asunto no sólo es de carácter jurídico sino político y fundamentalmente moral, decidí escribirle esta carta para exhortarlo a que nunca olvide que el fin no justifica los medios; que la mentira jamás podrá prevalecer por encima de la verdad y que lo más importante en la vida no es ni el poder ni el dinero, sino la honestidad”.

La carta tiene fecha del 27 de julio pasado. Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, dijo que la carta ya está en la embajada de México en Estados Unidos, que encabeza el embajador Esteban Moctezuma Barragán.

El presidente López Obrador afirmó que De Castro en sus señalamientos para defender García Luna buscó que Jesús “El Rey Zambada”, testigo del caso en Nueva York, señalara que había financiado su campaña, cuando se trata de algo que es falso.

Señaló que el propio Zambada rechazó tales señalamientos porque Zambada con más rectitud y ética que el propio abogado de García Luna.

Fue a partir de 1993 que el conteo de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, evidenció ante el mundo que la desaparición y muertes en la frontera no eran un hecho aislado, sino un patrón sistemático de violencia en su contra, por el simple hecho de ser mujeres.

Lo que se pensaba que era sólo un problema de la zona fronteriza, estalló en el 2000 en la capital del estado, lo que mostraba el alcance de la violencia de género y evidenciaba la impunidad que permitió la repetición de los asesinatos.

Para el 2003, Amnistía Internacional realizaba el primer recuento de la década de feminicidios en el que contabilizaba más de 370 mujeres asesinadas, de las cuales al menos 137 presentaban violencia sexual. También reportó alrededor de 70 jóvenes desaparecidas.

Ya pasaron 20 años del reporte “México, Muertes Intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”. Son treinta años desde los primeros registros, pero la violencia feminicida no cesa.

Entre 2015 y el 2022, el feminicidio se duplicó en todo el país. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de 415 presuntos delitos de feminicidio registrados en 2015, se pasó a 954 en 2022.

En lo que va del 2023, el acumulado nacional es de 426 delitos.

De enero a junio de este año, Ciudad Juárez ocupó el primer lugar del top 100 de los municipios, con 15 presuntos delitos de feminicidio, más del doble de los ocurridos en Tijuana (6) e Iztapalapa (6), ciudades con mayor población, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el ranking también aparece Chihuahua capital en la posición 10, con 4 delitos.

El SESNSP informó que la entidad ocupa el sexto lugar a nivel nacional por cada 100 mil mujeres, con 24 feminicidios registrados en el primer semestre del año.

En homicidios dolosos en contra de mujeres, Chihuahua registra 100 mujeres asesinadas y 53 víctimas en homicidio culposo, en los primeros seis meses del año.

Víctimas de violencia sexual y secuestro

Además, se reportaron 12 presuntas víctimas de secuestro, lo que coloca al estado en segundo lugar nacional, únicamente por debajo de la Ciudad de México. Chihuahua ocupa también el noveno lugar de mujeres víctimas de trata, en su mayoría menores de edad, con 14 casos.

Los casos de mujeres víctimas de violencia familiar, se incrementaron a nivel nacional 7.7 por ciento, en comparación al primer semestre del 2022. En este rubro, Chihuahua reportó 6 mil 933 víctimas.

En violencia sexual, el Secretariado reportó aumento en la incidencia del delito de violación de un 1.9 por ciento. El estado se colocó en el tercer lugar, con 748 víctimas. En total, en Chihuahua se generaron 27 mil 979 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer.

Movilización y posicionamiento

Para este martes 08 de agosto, Amnistía Internacional, con su representación en México, hará un posicionamiento en la Cruz de Clavos, a partir de las 12:00 horas en conjunto con activistas independientes e integrantes del Movimiento Estatal Feminista de Chihuahua.

En la ciudad de México, el 10 de agosto se abrirá un foro denominado “Muertes intolerables, a 30 años de los feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua”, con sede en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad México.

Edith Olivares, directora ejecutiva de AI México, Rupert Knox, investigador del Informe Muertes Intolerables, Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Ericka Guevara, directora de la Oficina Regional de las Américas, fungirán como panelistas.

Al momento suman 12 las participaciones agendadas, con temas como los retos de acceso a la justicia y la reparación integral del daño. Estarán activistas, defensoras de derechos humanos, directoras de Organizaciones de la Sociedad Civil y organismos internacionales, así como las madres de víctimas del feminicidio.

Arte y resistencia en la Cruz de Clavos

Bajo el lema “Ni una más”, el Grupo Feminista 8 de Marzo construyó, con el apoyo de extrabajadores de Aceros de Chihuahua, la primera Cruz de Clavos que se instaló en la Plaza Hidalgo en noviembre de 2001, justo frente a la entrada de Palacio de Gobierno.

La pieza con 260 clavos representó un acto de resistencia a través del arte. En cada clavo se colocó el nombre de una víctima de feminicidio o los números de expedientes de mujeres que permanecieron sin identificación o en el anonimato.

La cruz fue quemada el 11 de marzo del 2002 y retirada en junio de ese año por el gobierno, entonces a cargo de Patricio Martínez. Colectivos como Mujeres de Negro apoyaron la reconstrucción y el memorial se sustituyó el 07 de agosto del 2002. En Ciudad Juárez existe una cruz semejante junto a las garitas del Puente Internacional Paso del Norte.

Actualmente, la Plaza Hidalgo de la ciudad de Chihuahua se ha vuelto centro de protesta. En el lugar se observan 7 cruces más con exigencias de justicia para personas desaparecidas y víctimas de homicidio doloso, en casos emblemáticos como las masacres de Creel y Cerocahui.

Las cruces fueron instaladas y promovidas por organizaciones civiles como Bowerasa A.C., Alianza Sierra Madre A.C., el Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua y colectivas feministas tales como Movimiento Malinche y Nortejiendo.

Además, sobre la calle Aldama, en la puerta principal de Palacio de Gobierno, se instaló una placa que recuerda el asesinato en ese mismo lugar, de la activista Marisela Escobedo, el 16 de diciembre del 2010.

Otra placa más, con el nombre de Miroslava Breach Velducea, periodista de Norte Digital y corresponsal de La Jornada asesinada el 23 de marzo del 2017, fue colocada en la entrada del mismo recinto, pero por la calle Libertad.

Alerta de violencia de género en el estado

Fue el 17 de agosto del 2021, que el entonces gobernador del Estado, Javier Corral Jurado aceptó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chihuahua (AVGM), para los municipios de Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc. Le costó al gobierno más de dos décadas reconocer oficialmente la existencia y la gravedad de este problema de violencia, incluso cuando Chihuahua fue de los primeros estados en tipificar delitos contra las mujeres y ser parteaguas a nivel internacional con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso conocido como “Campo Algodonero”.

Tras el hackeo que sufrió el sistema de Pensiones Civiles del Estado (PCE) el pasado 29 de junio, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya, indicó que toda la red de gobierno se encuentra protegida con antivirus y firewalls; sin embargo, los organismos descentralizados operan por su cuenta y ello los pone en mayor riesgo de un ataque.

Desde el 29 de julio, Pensiones Civiles del Estado (PCE) fue objeto de un ataque cibernético, por lo que tuvo que suspender todo servicio digital y atiende a los derechohabientes sin soporte de sistemas computacionales.

Loya informó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos se trabaja con el acompañamiento de empresas tecnológicas en coordinación con el equipo de Política Digital y la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, con quienes se realiza un proceso de análisis de los sistemas para encontrar una solución y lograr restablecerlos lo antes posible.

“Siempre hay riesgo de los virus que se transmiten por el ciberespacio, aquí lo importante es tener la capacidad para protegernos y por eso estamos trabajando en la prevención con antivirus y firewalls”, expresó el secretario.

“El problema estuvo en que PCE es un organismo descentralizado, la red de gobierno está protegida, el problema es con los organismos descentralizados”, agregó.

Fue el pasado 30 de julio cuando PCE dio a conocer del ataque que sus servidores sufrieron, por lo que se comenzó a trabajar de manera análoga para atender a las y los derechohabientes, ante la imposibilidad de ofrecer servicios digitales en servicio médico, administrativo y prestaciones económicas.

“Pensiones Civiles del Estado (PCE) informa a los derechohabientes que, el pasado sábado 29 de julio la institución fue objeto de un ataque cibernético en su infraestructura tecnológica estatal, por lo que, inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad informática dispuestos para este tipo de casos”, detalló mediante un comunicado el organismo descentralizado.

La SSPE indicó que se encuentra dispuesta a coadyuvar en caso de que sea necesario, tanto para atender las afectaciones, como para rastrear información de los atacantes por medio de la Policía Cibernética.

Fuentes internas de PCE aseguran que los datos de las y los derechohabientes no fueron sustraídos y que se conservan en los servidores del organismo descentralizado, mismo que atiende a más de 93 mil personas.

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), acreditaron ante un Juez de Control en el Distrito Judicial Morelos, la presunta responsabilidad de Ricardo C. I., en el feminicidio agravado de Leyvi Alondra L. R.

La imputación expuso suficientes datos de prueba que atribuyen que la noche del pasado 29 de julio, el hombre de 37 años, privó de la vida a la víctima de 23 años de edad cuando descendió del transporte público, en donde la esperó para consumar el ataque, a la altura de la Avenida de las Industrias en la ciudad de Chihuahua.

Durante la audiencia, se atestiguó que la víctima sufrió violencia familiar durante la relación sentimental que culminó con la violencia feminicida, elementos que fueron acreditados con informes policiales, entrevistas, dictámenes periciales, entre otras diligencias.

El órgano jurisdiccional resolvió iniciar un proceso penal al imputado, en el cual se mantendrá la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso 1, ubicado en Aquiles Serdán.