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Amenazas contra las personas de la comunidad, familias en situación de precariedad y desplazamiento forzado, es lo que Centro de Derechos Humanos A.C, Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria (Coppsac),  Consultoría Técnica Comunitaria A.C., Parroquia de Baborigame u Servicios y Asesorías para la Paz, A.C. reportaron sobre la Jornada Civil por la Paz en el municipio de Guadalupe y Calvo. 

Durante dos días, llegaron a las diversas reuniones más de 250 personas, de éstas 70 eran niñas y niños.

En la jornada se documentó la situación de las familias recabando información sobre la atención recibida por las autoridades relacionada con ayuda humanitaria, con la presentación de denuncias y con los operativos de seguridad realizados por diferentes instancias.

Las asociaciones involucradas a través de comunicado de prensa, dijeron “constatar las graves violaciones a los derechos humanos que padece esta comunidad que tiene más de 40 años solicitando el reconocimiento legal de su territorio, el cual permanece detenido por la Secretaría de Desarrollo Agraria, Territorial y Urbano (Sedatu), aun cuando la comunidad ganó un amparo en contra de esta instancia”. 

Relataron que desde enero del presente año se ha hecho saber a las diversas autoridades la problemática de inseguridad y violencia de la zona, relacionada a la tala ilegal del bosque, personas armadas en los caminos y el desplazamiento forzado de familiares y jóvenes que se ven amenazados de ser reclutados de manera obligada por grupos de la delincuencia organizada. 

Informaron que en el mes de junio se dio el desplazamiento forzado de 58 personas de la comunidad de La Sierrita, que se encuentra a dos horas de Santa Tulita, hecho en el que personal de la Fiscalía General del Estado acudió a la comunidad e hicieron presencia por media hora. 

Activistas y acompañantes de la Jornada dijeron tener conocimiento de que un destacamento de militares estuvo durante 15 días del mes de julio en Santa Tulita, tiempo en el que las familias estuvieron tranquilas y en paz. También de que la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, llevó en julio despensas y semilla. 

No obstante, denunciaron que la brigada médica de la Secretaría de Salud dejó de ir por tres meses y que efectivamente días antes de la jornada estuvieron consultando solo 4 horas, por lo que muchas personas no alcanzaron a ser atendidas. 

A la Jornada Civil por la Paz acudieron una enfermera titulada Odami y una religiosa, por lo que se pudo dar atención médica a 83 personas, la mayoría de ellas menores de 5 años, identificando a algún grado de desnutrición, también personas con enfermedades crónicas descontroladas por la falta de medicamentos para su tratamiento. 

“Observamos que la lluvia llegó tarde, por lo que muchas familias no cosecharán maíz y frijol, y aunado a la situación de violencia hay un desabasto de alimentos, entre otras cosas por el cierre de las tiendas de abasto de alimentos”, cita el texto. 

Las asociaciones manifestaron su preocupación por la situación de vulnerabilidad que viven las familias, tanto en lo relacionado con la falta de seguridad, la falta de acceso al agua potable como en la falta de alimentos y la salud precaria de mujeres, hombres, personas jóvenes y niñez. 

E hicieron un llamado a las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal para que asegure a las familias vivir en paz y con tranquilidad, mediante la instalación de un resguardo permanente en la región que a la vez permita el cese de la tala ilegal. 

Brinde asistencia médica constante y de calidad, atendiendo de manera urgente la desnutrición de niñas, niños y mujeres principalmente. Ofrezca a las familias alimentos en tanto resuelven la emergencia alimentaria. 

Además de que instale un sistema de agua potable en Puerto de Ánimas y las localidades que lo requieran y ofrezcan a las familias financiamiento para proyectos productivos y otras alternativas de sostenibilidad, llamamos a las diferentes secretarías a atender la situación de las personas de dicha comunidad.